Desafío

La justicia avanza hacia la detención de los ex jerarcas del II Cuerpo de Ejército que condujeron el Terrorismo de Estado en Santa Fe. Estamos dando pasos firmes hacia la unificación de causas por conexidad objetiva, especialmente en el Area 212 y en el Destacamento de Inteligencia Militar 122, que constituyeron el vértice de la pirámide jerárquica de la represión ilegal de los años '70, considerando el comienzo del plan criminal con los decretos de aniquilamiento de octubre de 1975.

En su mensaje del 1º de mayo ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Hermes Binner afirmó que su Gobierno había tomado "la decisión política de colaborar en la realización de los juicios de lesa humanidad".

El mayor compromiso que se exige en esta delicada cuestión institucional de Argentina es con las causas que se tramitan en la Justicia federal. Todo lo otro es jarabe de pico y hasta se puede prestar para el chicaneo político.

Hay que ser muy cuidadosos en las expresiones públicas cuando se trata de la contención y apoyo a las víctimas de aquel tenebroso pasado. Para mayor seguridad resulta menester denunciar, procesar y detener a aquellos que hasta el día de hoy mantuvieron la impunidad o se reciclaron en democracia, mandar a todos los detenidos a cárceles comunes, evitar que entorpezcan la marcha de las causas (artículo 319 CPPN) y controlar que los detenidos en sus domicilios no deambulen por la vía pública. En síntesis, afianzar la Justicia.

Atento a las misteriosas muertes de represores detenidos y casos de suicidios, el Estado deberá velar a través del Ministerio de Defensa, la Justicia federal y la policía para que no se repitan estos casos.

En cuanto a la salud psíquica o física de los represores en prisión tendrán la que corresponda a cualquier detenido común bajo la órbita del Servicio Penitenciario Provincial, ni más ni menos.

Entonces, no se puede equiparar esta atención con el Programa de Protección de Testigos en causas de Terrorismo de Estado. Por la especificidad de la materia. Por los antecedentes del secuestro y desaparición de Jorge Julio López, las intimidaciones y amenazas a otros luchadores, como Juan Puthod. Y porque los testigos de cargo en estos juicios son las víctimas que han sufrido en carne propia los tormentos y largas cárceles, el secuestro y el asesinato de familiares. Por lo tanto, requieren que el programa se aplique de manera diferenciada y uniforme a lo largo y ancho del país.

Jorge Pedraza

Abogado querellante en causas por violaciones a los derechos humanos en Santa Fe.