Desde Santa Fe

El gobierno de Hermes Binner empezó a saldar las cuentas con los jueces amparistas por juicios perdidos en tiempos de Carlos Reutemann y Jorge Obeid. A mediados de mayo, la vicegobernadora Griselda Tessio firmó el decreto 1246 que facultaba al fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, a conciliar ocho pleitos que le costarán a las arcas públicas alrededor de 8 millones 500 mil pesos, según estimaciones de la Casa Gris. Pero ahora, Binner ya comenzó a liquidar esas deudas: firmó el decreto 1682 que dispone el pago de 2 millones 600 mil pesos a 95 jueces y fiscales que se rebelaron contra los "descuentos solidarios" que había dispuesto la ley 11.696 de emergencia previsional, en setiembre de 1999 (cuando gobernaba Obeid, pero con letra y música de Lole), porque -decían- afectaba la "garantía de intangibilidad" de su salario. Los descuentos fueron soportados durante años por miles de docentes y trabajadores públicos de la provincia, pero los magistrados resultaron ser la excepción porque ya se sabe que ellos ni siquiera pagan impuestos.

Binner firmó el decreto 1682 el 7 de julio último y al igual que su antecesor: el 1246, tampoco fue publicado en el Boletín Oficial. Una ironía a la transparencia de los actos de gobierno que se proclama desde el tinglado del poder.

El decreto 1682 aprueba "un acuerdo conciliatorio" en la causa "Rosso, Juan Rodolfo y otros contra la provincia de Santa Fe s/recurso de amparo" (expediente 65/00) que se tramitó en el Juzgado Laboral de la 1ª nominación de Santa Fe.

La transacción fue suscripta por Barraguirre, en representación de la provincia, y el letrado patrocinante de los jueces: el ex fiscal de Estado de la dictadura militar, Jorge de Iriondo. Y dispone el pago de 2.602.847 pesos en dos cuotas: la primera, se abonó el 8 de julio, al día siguiente de la firma del decreto, por 1.821.992 pesos y el saldo de 780.854 pesos se abonará a los 30 días, el 8 de agosto próximo. En concepto de honorarios y aportes profesionales, la provincia se comprometió a pagarle a Iriondo y socios, 236.367 pesos, también en dos cuotas y en las mismas fechas.

Barraguirre desistió del recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, mientras que los jueces amparistas renunciaron a cobrar los intereses devengados desde la liquidación aprobada en la causa (el 8 de noviembre de 2007) y la fecha del acuerdo.

"Ya hay un juicio menos", comentó una fuente de la Casa Gris, lo que significa que el fiscal de Estado seguirá ahora con la transacción de los otros amparos. El decreto 1246 autorizaba a Barraguirre a conciliar ocho pleitos con los jueces para preservar "los principios de la sana administración y la paz social" (sic), según los argumentos oficiales.

Sin embargo, el fiscal de Estado pretende seguir el litigio en uno de ellos: la causa "Suárez, Eloy Emiliano y otros c/provincia de Santa Fe' que se inició en 2006 y volverá a poner en foco a uno de los amparistas del colectivo: el procurador de la Corte Suprema, Agustín Bassó. El reclamo en este caso rondaría un 1.400.000 pesos.

Según Barraguirre, "la posición de la provincia" (en la mayoría de) estos amparos se encuentra debilitada". Pero advirtió sobre una excepción: la causa Suárez, en la que litiga el procurador Bassó. "En este caso, la provincia adujo la prescripción de la acción y en particular la inadmisibilidad del amparo" por que los amparistas consintieron durante más de doce años una supuesta deuda por diferencias salariales de siete meses, entre el 1º de octubre de 1993 y el 1º de junio de 1994. "Trece años después, la cuestión dejó de ser política para transformarse en un simple reclamo económico", disparó el fiscal.

Por lo tanto, recomendó seguir litigando contra Bassó y compañía "pues están en tensión el principio de igualdad -base sobre la causal los demandantes postulan su derecho- con el de justicia -los reclamos y derechos se pierden con el paso del tiempo-, debiendo la provincia favorecer que, en el juicio de balance que deban hacer los Tribunales, termine imponiéndose el segundo sobre el primero. Ello, aún a riesgo de generar mayores costos por tener que soportar los gastos causídicos", concluyó Barraguirre.