La Asociación Civil Anticorrupción saludó una acordada de la Corte Suprema de la provincia que obliga a los jueces santafesinos a permanecer en su despacho de Tribunales "cinco horas diarias, como mínimo" durante el horario de atención al público, de 7 a 13 y les prohibió ejercer horas de cátedra en ese mismo lapso para que su actividad docente no interfiera con su tarea en la justicia. Pero adelantó que ahora "va por más" y solicitó al gobernador Hermes Binner que declare la "emergencia judicial" en Santa Fe, como ya lo hicieron sus colegas de Buenos Aires, Daniel Scioli y de Córdoba, Juan Schiaretti. "Esa será la única manera de mejorar drásticamente el sistema judicial de la provincia y que los santafesinos comiencen a recuperar la confianza en la justicia", sostuvo la entidad que preside el doctor Ricardo Monner Sans.

La Corte recordó a los jueces su obligación de atender cinco horas en su despacho entre las 7 y las 13 y no desempeñar la docencia en ese horario ante un pedido que hizo la propia Asociación Anticorrupción hace cuatro meses en un documento que tituló: "La justicia santafesina en estado de coma".

La presentación fue hecha el 14 de abril último ante el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, a quien solicitó que "hiciera cumplir la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus acordadas" e intimara "a todos los defensores, fiscales, jueces de primera o de segunda instancia, para que, en forma inmediata, restringieran los horarios de clases en los niveles educativos que fuere, a las horas máximas semanales permitidas, para que se dediquen a sus funciones específicas y asumieran íntegramente las responsabilidades inherentes a su cargo".

Falistocco abrió un expediente y convocó a una audiencia que se realizó el 3 de julio, a la que asistió uno de los miembros de la ONG, el abogado Mario Pilo, quien le entregó un memorando que advierte "serias irregularidades en el accionar de los fiscales, jueces y camaristas". Y sostiene que "el desprestigio del Poder Judicial "no es una creación de nuestra asociación: lo admitió expresamente el actual procurador general de la Corte (Agustín Bassó) en su entrevista con la Comisión de Acuerdos de la Legislatura (cuando se trató su pliego en la Asamblea Legislativa) y "reconoció que los jurys de enjuiciamiento "simplemente no se implementaban porque eran fatigosos".

En ese documento, la entidad criticó "el funcionamiento de la justicia santafesina, en especial a la inacción de la Corte Suprema, que no cumplió con sus obligaciones, lo que permitió la prescripción de todas las causas por corrupción y/o incumplimiento de los deberes del funcionario público, donde estaban implicados importantes personajes de la política provincial".