El lunes fue la última vez que el intendente Mario Barletta aseguró a los santafesinos -en público- que no estaba dispuesto a autorizar un nuevo aumento del boleto urbano, a pesar de la presión del lobby empresario. Y ayer estalló el conflicto. Santa Fe se quedó sin transporte público ante una huelga por tiempo indeterminado que declararon los choferes de UTA en protesta por haber cobrado sólo el 50 por ciento del sueldo de setiembre y sin los aumentos pendientes. El paro impactó sobre la vida cotidiana: muchas escuelas no dictaron clases ante la falta de alumnos y docentes y el ausentismo fue notorio entre los trabajadores del Estado.

El Ministerio de Trabajo de la provincia convocó a una negociación entre las partes, pero fracasó en el intento: los dueños de las empresas ofrecieron pagar la otra mitad de los salarios recién el viernes que viene. Hoy, a las 17, está prevista una nueva audiencia conciliadora, sin la perspectiva de una solución a la vista.

"Esto es otro abuso de los empresarios que no entienden qué es un servicio público", se quejó el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Jorge Henn, quien advirtió sobre la complejidad de la situación: las quince líneas del transporte prestan el servicio con licencias precarias

"Hay una falta de respeto absoluta de los empresarios a la vida cotidiana de los santafesinos", denunció Henn. "Querer trasladar cada inconveniente económico a la empresa significa desconocer el principio básico del transporte público, cuestiones relacionadas con el riesgo empresario, pero fundamentalmente con el poder de policía con el que debe actuar el municipio para garantizar un servicio público. Si uno se pone a pensar cuáles son las causas de esta precariedad del sistema de transporte urbano en Santa Fe hay muchas, pero una de ellas la debemos buscar en la ausencia de control del municipio", agregó.

Henn adelantó que los pliegos para convocar a una nueva licitación del transporte público llegarán al Concejo Municipal en "los próximos diez o quince días" y "la voluntad política" del bloque del Frente Progresista -que es mayoritario- es aprobar el proyecto antes de fin de año.

-¿Esta decisión de los empresarios de pagar a los trabajadores sólo la mitad del sueldo apunta a generar un conflicto en la ciudad? -le preguntó un colega del canal de cable C&D.

-Yo no lo podría aseverar en forma concluyente -contestó Henn.

"Pero a veces uno se pone a pensar que si durante un período algunos empresarios tenían ciertas certezas que hoy no tienen y si frente a un futuro proceso licitatorio donde habrá igualdad de oferentes, bueno, puede haber algún empresario nervioso. Entonces, cada uno debe cumplir su función y la función del gobierno de la ciudad es garantizar el servicio y si los empresarios no lo hacen aplicar las multas o incautar los colectivos, pero al pato no lo pueden pagar el vecino de la ciudad.

-¿La voluntad política del gobierno es normalizar el transporte público?

-La voluntad política de los concejales del Frente Progresista es tener un pliego aprobado antes de que termine el año. Yo no puedo hablar por los otros concejales, pero conozco la preocupación de todos ante la necesidad de contar con un estatuto jurídico serio y que no permita estos abusos cotidianos de empresarios que, evidentemente, no entienden el concepto de servicio público -concluyó Henn.