Desde Santa Fe

La fiscal federal Nº 2, Cintia Gómez, pidió al juez federal Reinaldo Rodríguez la unificación de 22 causas abiertas al terrorismo de Estado en Santa Fe para evitar una "investigación parcializada y los juicios fragmentarios" y requirió la indagatoria de los mandos militares involucrados, entre ellos los ex jefes del Area 212, coroneles José María González y Juan Orlando Rolón y el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini. Los tres ya están procesados por delitos de lesa humanidad. La acumulación de los procesos a la represión ilegal era reclamada desde hace tiempo por querellantes y organismos de derechos humanos, por lo que la fiscal Gómez decidió avanzar en esa línea, en consonancia con directivas del procurador general de la Nación, Esteban Righi.

En otros tribunales del país, las causas se acumularon por centros clandestinos -como en el caso de la Escuela Mecánica de la Armada- o por circuitos represivos. Pero en Santa Fe, Gómez propuso unificar la investigación con otro criterio: el despliegue operacional del Ejército y las fuerzas de seguridad durante los años de la represión, esto es, la "órbita y jurisdicción" en que se produjeron los hechos: el Segundo Cuerpo de Ejército (que operaba en las provincias del Litoral, entre ellas Santa Fe), el Area 212 (que tenía jurisdicción en los seis departamentos del centro norte de la provincia: La Capital, Las Colonias, Castellanos, San Cristóbal, San Justo y Garay) y el Destacamento de Inteligencia 122 (con sede en la capital santafesina).

En los fundamentos del dictamen ﷓al que tuvo acceso Rosario/12-, Gómez citó una resolución de Righi que instruyó a los fiscales federales de todo el país a acelerar "las causas por violaciones a los derechos humanos" y "promover su elevación a juicio" con un objetivo: "evitar la investigación parcializada y los juicios fragmentarios".

Coincidió entonces que la investigación de "un universo considerable de hechos" y el análisis de la "responsabilidad penal de los acusados" en ese contexto, tiene "ventajas": "Permite la comprensión integral del fenómeno sometido a debate y examen de la prueba. Impide la revictimización de los testigos que deben prestar reiteradas declaraciones sobre los mismos acontecimientos. Evita la multiplicación de juicios que demandarían un tiempo tal que conduciría a su frustración. Favorece la recepción de las declaraciones indagatorias. Y evita el entorpecimiento del ejercicio de defensa que generan los fraccionamientos excesivos", explicó.

"Resulta de suma importancia para alcanzar este objetivo el conocimiento en conjunto de los hechos que tengan denominadores comunes, entendiendo por tales toda circunstancia relevante que califique y distinga a determinado grupo de sucesos. Es, entonces, en virtud de los denominadores comunes que detente determinado universo de hechos que deberá procederse a su acumulación".

En Santa Fe, -consideró la fiscal- "donde se investigan ejecuciones de víctimas que no fueron alojadas en lugares clandestinos (o que los mismos fueron removidos o no identificados en forma precisa), resulta pertinente resaltar otro criterio de conexidad de carácter objetivo o subjetivo". Por lo tanto, propuso que aquí las causas se acumulen según "la órbita y jurisdicción" en que se produjeron los hechos, esto es "el Segundo Cuerpo del Ejército, el Area de Defensa 212 y el Destacamento de Inteligencia 122".

La fiscal señaló incluso a los jefes que operaron esa maquinaria:

*Segundo Cuerpo de Ejército: generales Ramón Genaro Díaz Bessone (desde setiembre de 1975), el ya fallecido Leopoldo Fortunato Galtieri (octubre de 1976), Luciano Jáuregui (febrero de 1979) y Juan Carlos Trimarco (diciembre de 1980).

*Area 212: coroneles José María González (desde octubre de 1974), Juan Orlando Rolón (noviembre de 1976), Pedro Canevaro (enero de 1979) y Guillermo Daract (setiembre de 1980).

*Destacamento de Inteligencia 122: coroneles Domingo Manuel Marcellini (desde noviembre de 1975), Antonio Ricciardi (desde octubre de 1977, no está mencionado en el dictamen fiscal) y Carlos Alberto González (octubre de 1979).

Pero la investigación ﷓planteó la doctora Gómez﷓ no debe limitarse a los jefes militares, sino avanzar también sobre otros eslabones de la cadena represiva que operaba bajo el control operacional del Ejército. Y apuntó a "integrantes y responsables de las distintas cadenas de mandos nacionales, provinciales y partícipes civiles" y a las "pirámides de jerarquía y mandos que se reconstruye a partir de los legajos e informes incorporados en los expedientes en trámite y que incluye ﷓con distintos tipos y grados de responsabilidad y participación﷓ a los jefes de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, a los jefes de la delegación local de la Policía Federal, responsables de comisarías y policías involucrados, a personal civil de Inteligencia del Ejército (PCI) y demás partícipes civiles, según la fecha de actuación en los hechos ilícitos probados".

Por último, la fiscal solicitó la indagatoria de "los presuntos responsables por la comisión de todos los hechos (autores directos o mediatos) en los que se tenga el grado de sospecha legalmente requerido, de acuerdo con las pruebas existentes, conforme a la estructura del sistema represivo y resolver en un único auto de mérito la situación procesal de todos los indagados y respecto de la totalidad de los hechos imputados".