A fin de año vence el contrato de vinculación entre Aguas Santafesinas Sociedad Anónima y el Estado provincial. Distintas organizaciones no gubernamentales, la misma Assa y representantes del gobierno de Hermes Binner ya están trabajando en la elaboración del nuevo marco legal para la prestación del servicio bajo la figura de una Sociedad del Estado. Al mismo tiempo se está confeccionando el futuro esquema regulatorio que contendrá importantes novedades. "La idea es incorporar la imposibilidad de cortar el agua a los clientes residenciales (aunque adeuden facturas), segmentación tarifaria de acuerdo al poder adquisitivo del usuario y mecanismos resarcitorios efectivos ante fallas del sistema", adelantó a Rosario/12 Alberto Muñoz, integrante de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua y futuro integrante del Ente Regulador, a propuesta del Ejecutivo santafesino. Muñoz fue más allá al señalar que la intención de las ONG es "implementar un novedoso criterio al momento de evaluar el servicio que invierta la carga de la prueba, es decir que el usuario siempre tenga la razón hasta que la prestataria demuestre lo contrario". Esto podría regir, por caso, para denuncias por baja presión, deficiente calidad del producto, demoras en la reposición del suministro e incluso tipo de atención administrativa.

La semana pasada alrededor de 250 mil usuarios de Rosario y Villa Gobernador Gálvez padecieron en algunos casos la faltante de agua y en muchos otros baja presión. En realidad el desperfecto se generó a raíz de la rotura de un enorme caño maestro, en el principal acueducto de la ciudad, situación que fue calificada por la propia empresa como "inédita" y de difícil repetición. De todos modos los escenarios conflictivos nunca están exentos en una empresa prestataria de servicios sanitarios, como Assa.

En ese marco, el gobierno de Hermes Binner se ha reunido en varias oportunidades con representantes de distintas organizaciones no gubernamentales para analizar el escenario ante la inminente culminación del vínculo contractual entre la provincia y Aguas Santafesinas. El convenio se firmó cuando el entonces gobernador Jorge Obeid rescindió el contrato con el grupo Suez (Aguas Provinciales) y diseñó un marco legal para vincular a una sociedad anónima con mayoría estatal y al propio Estado.

La idea que más fuerza ha ganado entre los distintos actores apunta a crear una Sociedad del Estado, como la que se generó en Rosario para el transporte urbano (Semtur) y otros servicios públicos. "Estamos ante una gran oportunidad, de acordar entre los distintos partidos políticos de Santa Fe el esquema para la prestación de un servicio indispensable como el agua de cara a los próximos años dentro de una política de Estado, más allá de las eventuales diferencias que puedan surgir", reflexionó Muñoz, cuyo pliego para ocupar una de las vacantes producidas en el Enress será próximamente enviado a la Legislatura.

Muñoz comentó a este diario que una de las novedades que se pretende incluir en el nuevo esquema es "contemplar al agua como un derecho humano y al mismo tiempo no permitir la interrupción del servicio a clientes residenciales aunque tengan facturas impagas". Al respecto el dirigente del SI (ex ARI) aclaró que "actualmente Assa, como en toda etapa cuando el servicio lo brinda el Estado no corta el suministro del agua potable como efectivamente lo hacía la concesionaria" del grupo francés Suez.

Otro concepto que se buscará incorporar es la segmentación tarifaria. "Es inconcebible que el único parámetro sea la cantidad de metros cuadrados de la vivienda, porque no puede pagar lo mismo quien vive en un Fonavi y el que lo hace en barrio Martin", argumentó Muñoz quien dijo ver con buenos ojos aplicar un esquema similar al de la TGI en Rosario donde el municipio dividió a la ciudad en cinco radios, de acuerdo el poder adquisitivo.

También se intentará avanzar en la implementación de mecanismos resarcitorios efectivos. "Actualmente existen situaciones en las cuales se habilitan indemnizaciones o descuentos en la tarifa a abonar, la idea es explicitarlo claramente, que se conozca y se aplique", señaló para después agregar: "La idea macro es invertir la carga de la prueba, que el cliente siempre tenga razón hasta que la empresa demuestre lo contrario".