La Cámara de Casación Penal suspendió ayer la ejecución de la sentencia que ordenaba dejar en libertad a seis represores santafesinos acusados por delitos de lesa humanidad para que esperen el juicio oral y público en su casa, entre ellos los únicos tres que están presos en una cárcel común: el ex juez federal Víctor Brusa, el ex agente de inteligencia de la Policía santafesina Eduardo Ramos y la ex carcelera de la Guardia de Infantería Reforzada, María Eva Aevi. Los otros tres: el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini y los ex comisarios Héctor Colombini y Mario Facino ya gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. El tribunal aceptó un pedido del fiscal Raúl Plee para que se suspenda el trámite de las excarcelaciones al anticipar que recurrirá el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fiscal tiene diez días hábiles para apelar, pero el 1º de enero comienza la feria judicial, así que el plazo se extenderá hasta febrero.

La Cámara de Casación Penal había ordenado liberar a seis imputados por crímenes de lesa humanidad en la causa Brusa ﷓como se identifica al expediente﷓ por que ya llevan más de tres años presos sin condena, pero el fiscal Plee se opuso y anunció que apelará la resolución. La medida alcanza a los imputados santafesinos, pero también a los represores de la Esma, Jorge "Tigre" Acosta y Alfredo Astiz, entre otros.

El fallo de la Sala II de Casación, integrada por Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci hizo lugar al pedido de libertad formulado por la defensa de los represores, cuando se cumplió el primer año de prórroga de la prisión preventiva; es decir, cuando los imputados ya llevaban tres años presos sin sentencia.

La resolución estuvo a punto de cumplirse. Los conjueces santafesinos Andrea Alberto de Creus, Carlos Renna y Martín Gutiérrez que integran el Tribunal Oral Federal que juzgará a Brusa y compañía habían resuelto "dar cumplimiento a lo ordenado" por la Cámara de Casación Penal y fijaron fianzas que oscilaban entre 100 mil y los 200 mil pesos cada uno de los acusados.

Sin embargo, el abogado querellante Horacio Coutaz aclaró que "mientras esté abierto el plazo para que el fiscal interponga el recurso correspondiente, la decisiones liberatorias adoptadas por la Cámara de Casación no pueden hacerse efectivas".

Incluso, Coutaz citó un comunicado de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado que explicó la situación procesal de los represores santafesinos:

* "La ley que regula los plazos de la prisión preventiva estipula que los recursos que se interpongan contra la resolución que acuerde la libertad del detenido tendrán efecto suspensivo". Esto implica que la libertad por el cese de la prisión preventiva no puede hacerse efectiva si el fiscal recurre la decisión que la otorga la libertad.

* "El plazo para recurrir las resoluciones de la Cámara Nacional de Casación Penal es de diez días a partir de la notificación al fiscal ante dicha Cámara. En consecuencia, mientras esté abierto el plazo para que el Ministerio Público Fiscal interponga el recurso correspondiente, las decisiones liberatorias adoptadas por la Cámara de Casación no pueden hacerse efectivas".

* "Independientemente de lo anterior, tampoco correspondería hacer efectivas las libertades cuando las personas beneficiadas por la decisión de la Cámara de Casación tuvieran dictadas otras prisiones preventivas distintas de las revisadas por el tribunal de casación", señaló el comunicado. Ese sería el caso de Facino que está imputado por homicidio en la causa que investiga la desaparición de la docente Alicia López en la comisaría 4ª de Santa Fe, en octubre de 1976.