El juez Rubén Saurín (Instrucción 4ª) cerró la última causa que quedaba contra Carlos Reutemann en los Tribunales santafesinos por la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001, que le costó la vida a siete personas en Rosario. El expediente viajará ahora a su destino final: el archivo. Porque desde que se presentó la denuncia -hace más de año- hasta ahora, el gobierno de Hermes Binner no aportó ninguna prueba que involucre al ex gobernador y a su ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, en los crímenes de Diciembre Trágico. "De la documental remitida se carece en absoluto para determinar la participación de las autoridades políticas de entonces en las muertes producidas en la ciudad de Rosario", dice el dictamen del fiscal Norberto Nisnevich -al que tuvo acceso Rosario/12- que rechazó la denuncia y recomendó su archivo. Y el juez lo hizo.

La causa se inició el 24 de diciembre de 2007 después de una entrevista que Binner concedió en la Casa Gris a familiares de las víctimas y miembros de la Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos de diciembre de 2001. El ex concejal Mario Pilo se presentó ante el fiscal Nisnevich para que investigue a Reutemann y Alvarez por supuesto "homicidio culposo" e "incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos". Y citó un fallo de la Cámara Federal de Capital Federal que ordenaba investigar la supuesta responsabilidad del ex presidente Fernando de la Rúa por la represión en plaza de Mayo, en los días de furia. Pilo ya había presentado dos denuncias anteriores del mismo tenor, en noviembre de 2003 y en noviembre de 2007, que también fueron desestimada por la justicia. Y esta semana -causalidad o no-, el juez Claudio Bonadío dictó el sobreseimiento de De la Rúa.

Antes de dictaminar sobre la causa, el fiscal Nisnevich pidió al gobierno -en marzo de 2008- que aporte todas las pruebas que pudiera tener en su poder sobre la represión policial de Diciembre Trágico. Entre otras medidas, solicitó que se informe si existían "de carácter público o secreto, disposiciones circulares, instrucciones, ordenes, recomendaciones, sugerencias y/ o cualquier acto administrativo de idéntica característica relacionado con la actuación de las fuerzas policiales de la provincia sobre los eventos acontecidos en el mes de diciembre de 2001".

El gobierno dispuso que el secretario de Seguridad Pública, Carlos Iparraguirre, recorriera distintas dependencias policiales en busca de que lo que había pedido el fiscal Nisnevich y el 5 de agosto de 2008, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, envió al juez Saurín un par de cajas con lo que había logrado recolectar Iparraguirre. En el interín, el fiscal recibió también documentos de la Comisión Investigadora No Gubernamental. Y su dictamen, hasta citó el testimonio del ex delegado del Ministerio de Gobierno en Rosario, Osvaldo Turco, que declaró ante esa comisión. "Yo tenía orden del ministro (Lorenzo Dominguez) de parar la represión. Porque el ministro fue muy claro cuando dijo que reconocíamos la justicia del reclamo, la libertad de manifestar, pero también teníamos que preservar la propiedad privada y la vida humana. De eso se partía... Al otro día yo recibo órdenes del Ministerio de no salir más a la calle", recordó Turco. Y Nisnevich agregó: "A partir de esa aseveración, el discurso del (ex funcionario) se basa en suposiciones".

Sigue la cita de Turco: "Yo ahora creo entender algunas cosas, son suposiciones mías (...) el que mandaba naturalmente a la Policía era el subsecretario de Seguridad (Enrique Alvarez) con órdenes directas de Reutemann. ¿Por qué digo órdenes directas de Reutemann? Yo presumo que es así". Y aquí, el fiscal escribió otro agregado: "Ahora, íntimamente cuál era la comunicación que podía tener el ministro (Domínguez) con Alvarez no la conozco".

"Luego la comisión pregunta -cita Nisnevich-: '¿Los jefes de unidad recibían órdenes directas del subsecretario de Seguridad?'".

"Turco contesta: 'No, a través del subsecretario de Seguridad, sino que el subsecretario de Seguridad se la da al jefe de Policía y éste se lo dice a sus pares'". "Se advierte una redundancia y en cuanto al resto son inferencias de tipo subjetivos carentes de entidad", agregó Nisnecivh.

Lo curioso es que el fiscal no llamó a Turco a ratificar su testimonio o aclarar los supuestos puntos oscuros. Pero concluyó con un "colofón" (sic). "No tenemos archivos públicos o secretos ni disposiciones o instrucciones o cualquier documento vinculante entre los fallecimientos violentos ocurridos en Rosario y las autoridades políticas de entonces". "Con los elementos recolectados no existe dentro de ninguna de las categorías de participación, ni dolosa o culposa por omisión, el nexo causal para vincular al sujeto (supuestamente Reutemann) a los hechos ilícitos", apuntó el fiscal. "El sistema de seguridad provincial pone en cabeza de las autoridades policiales la forma, metodología y ejecución de las operaciones para prevenir y en su caso reprimir expresiones que pongan en riesgo bienes y vidas de las personas".

Pero, "de la documental remitida se carece en absoluto para determinar la participación de las autoridades políticas de entonces en las muertes producidas en Rosario y de los sumarios administrativos no cabe otra interpretación que la decisión de atribuirle responsabilidades al personal policial que cometió alguna anormalidad".

Nisnevich sostiene también que "no hubo un patrón uniforme en los hechos que provocaron las muertes durante aquellos eventos", y menciona -aunque sin nombre y apellido- la ejecución de Claudio "Pocho" Lepratti ("una reacción asbsolutamente desorbitada ante un insulto") y el asesinato de Walter Campos que recibió un tiro en la cabeza de un tirador de las TOE "lo que descarta la presencia de un plan preconcebido", concluyó el fiscal. Y pidió el rechazo de la denuncia y su pase al archivo.