La Justicia Federal decidió la unificación de dos causas que investigan el terrorismo de estado en la región. El tribunal Oral Federal Nº 1 integrado por Otmar Paulucci, Beatriz Baravani y Carlos Leiva, decidió unificar las causas "Quinta de Funes" y "Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu", más conocidas por los nombres que encabeza estos expedientes: Pascual Guerrieri y Jordana Testoni, respectivamente. Ambas tienen los mismos cinco imputados: además de Guerrieri, Eduardo "Tucu" Constanzo, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Pagano. La fecha de inicio es el lunes 31 de agosto a las 10.

Para Gabriela Durruty, abogada patrocinante en ambas causas, la unificación "hace honor al principio de celeridad procesal, mas aún teniendo en cuenta que estos expedientes tienen 20 años de atraso".

La letrada explicó que "en la práctica la unificación implica hacer un solo juicio donde se juzguen los hechos ocurridos en dos centros clandestinos por los que están imputados las mismas personas. En ambos expedientes las dos elevaciones a juicio eran parciales porque en estos centros de detención actuaron más personas, pero en ambas confluían los mismos imputados".

En este sentido cabe recordar que el 23 de febrero, el juez Marcelo Bailaque había elevado a juicio oral la causa "Jordana Testoni sobre Privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos y homicidio", por los hechos ocurridos en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu y el centro clandestino que funcionó en el lugar.

Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Eduardo Rodolfo Constanzo y Walter Salvador Dionisio Pagano, ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, están imputados por los homicidios de Ariel Morandi y Susana Miranda y siete casos de privación ilegal de la libertad, amenazas y tormentos.

La investigación continúa en relación a los restantes imputados: Ariel Zenón Porra, alias Puma, Alberto Enrique Pelliza (señalado por Constanzo como partícipe en vuelos de la muerte), Marino Héctor González, Rodolfo Enrique Riegé, Eugenio Zacarías, Enrique Jordana Testoni y Jorge Walter Pérez Blanco, el ex agente de inteligencia indemnizado por la Universidad Nacional de Rosario.

En cuanto a la causa Guerrieri la agrupación Hijos representa a los querellantes Fernando Dussex, Eduardo Toniolli, Alicia Gutiérrez, Sebastián Alvarez y María Cecilia Nazábal, a través de los abogados Nadia Schujman, Ana Oberlin y Lucas Ciarnelo. También es querellante la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Los imputados en la causa Guerrieri son los mismos que los de la causa Jordana Testoni de la fábrica de armas Domingo Matheu, porque participó el mismo grupo operativo, por lo cual para los abogados de Hijos habían adelantado este criterio de unificación en el debate oral.

El centro clandestino de detención conocido como la Quinta de Funes tomó estado público con la publicación del libro Recuerdos de la Muerte, del periodista Miguel Bonasso, quien se basa en el testimonio brindado por Jaime Dri. El militante finalmente logró escurrirse de las manos de sus secuestradores y huyó a Paraguay y luego a Panamá, donde está radicado. En la Quinta de Funes estuvieron "chupadas" dieciséis personas, además de Dri, quienes fueron torturadas y posteriormente desaparecidas.

Otro que logró escapar de aquel lugar de cautiverio fue el militante montonero Tulio Valenzuela ﷓pareja de la también secuestrada Raquel Negro﷓, quien se fugó en el marco de un operativo elucubrado por el general Leopoldo Galtieri ﷓por entonces comandante del II Cuerpo del Ejército﷓ para asesinar a la cúpula de Montoneros, que se hallaba exiliada en México. Después, Valenzuela cayó en la llamada Contraofensiva que lanzó Montoneros durante la dictadura.

Con respecto al lugar donde se llevarán adelante las audiencias, Durruty, tal como lo había señalado Nadia Schujman, advirtió que "en principio para el tribunal sería la sede natural que es en Boulevard Oroño al 900, por lo que esperamos que se cambie este destino ya que esa sala y su capacidad con no más de 20 personas sentadas atenta contra la publicidad de los juicios orales. No se puede decir que es un juicio público con sólo 20 personas asistiendo al mismo".