El oficialismo en la Cámara de Diputados provincial intentará esta semana avanzar en el tratamiento de los proyectos presentados para agilizar y transparentar los trámites de adopción en Santa Fe. La aspiración del socialismo es aprobar la regulación en el transcurso de los próximos 60 días, en respuesta al vacío legal existente que, en parte, permite la existencia de redes que trafican bebés, cuyo funcionamiento investiga por estas horas la Justicia rosarina. "Ya existe cierto consenso con los distintos bloques sobre la necesidad de sacar pronto esta ley después de escuchar a los distintos actores involucrados", dijo a Rosario/12 la diputada socialista Lucrecia Aranda quien comentó que la principal diferencia entre la inciativa presentada por el Frente Progresista y la del PJ radica en la dependencia que tendrá a su cargo el manejo del registro único que se propicia crear: mientras el PS propone que sea la subsecretaría de la Niñez, para darle cobertura no sólo a los recién nacidos, el justicialismo cree que debe estar bajo la órbita del Poder Judicial.

Las propuestas en cuestión están bajo análisis de la comisión de Promoción Comunitaria de la Cámara baja desde hace tres semanas. El último jueves se analizó la temática elípticamente por falta de tiempo, razón por la cual Aranda aspira a que sea tratada esta semana "y que podamos llevarla al recinto dentro de los próximos 30 a 60 días", confió la legisladora del PS.

Tanto el proyecto de Aranda como el de la justicialista Victoria Ramírez promueven la adhesión a la Ley nacional 25.854, que en 2005 dispuso la creación de una base de datos unificada para incluir a las personas con intenciones de adoptar. Si bien la norma ya fue reglamentada, el registro aún no se implementó en el país.

La principal diferencia entre las iniciativas, que se debatirá a partir de este jueves, radica en la dependencia provincial que tendrá a su cargo el manejo del registro. "Nosotros proponemos que esté bajo la órbita de la Subsecretaría de la Niñez para darle un tratamiento interdisciplinario y una cobertura a un universo de casos mucho más amplio, no sólo a los recién nacidos, sino también a decenas de chicos de baja edad que están en situación de vulnerabilidad y son pasibles de ser adoptados", explicó Aranda.

Como en el proyecto de Ramírez la regulación del registro queda en manos del Poder Judicial, el oficialismo intentará en las próximas semanas consensuar el dictamen final antes de llevarlo al recinto, a sabiendas que luego, en el Senado, el PJ tiene amplia mayoría.

"Más allá de las expectativas que se puedan crear en torno a estos proyectos, en particular después de los episodios conocidos la semana pasada en Rosario en torno a la presunta existencia de redes que trafican bebés, tenemos que ser claros, con estos intrumentos no vamos a solucionar el problema de fondo que sustenta el tráfico de recién nacidos que son las situaciones de exclusión y marginalidad de miles de mujeres en todo el país", aclaró Aranda.

"De todos modos -agregó- sancionar esta ley le va a permitir a la provincia tener una herramienta para agilizar y transparentar los trámites de adopción, poniendo en pie de igualdad a todos los potenciales padres adoptantes sin la necesidad de deambular de juzgado en juzgado, pagando sellados y tratando de conseguir contactos en los Tribunales para resultar beneficiados".

De acuerdo a estimaciones de los juzgados de Familia de Rosario, en la ciudad hay cerca de 1600 parejas anotadas para adoptar. Sin embargo, los niños otorgados en guarda son muy pocos.