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La resolución del Tribunal Electoral que determinó los alcances de la veda sumó ayer críticas de distintos sectores. Por un lado, el cuerpo de Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) manifestó su "preocupación y disconformidad" y puso en dudas la constitucionalidad de la resolución. Por su parte, la lista del Frente Progresista que encabeza el secretario de Gobierno de la ciudad de Santa Fe, José Corral, presentará un pedido de aclaratoria al Tribunal Electoral, para que "se expida de manera clara y concreta acerca de algunas acciones propias de la campaña electoral que no pueden ser prohibidas".

En tanto, el Foro de la Comunicación Santafesino (Focos) repudió la decisión de prohibir la difusión de reportajes a los precandidatos que participan en las elecciones primarias del próximo 2 de agosto. "Según la autoridad electoral santafesina esta clásica modalidad del trabajo periodístico se encuentra incluida en las prohibiciones establecidas en la Ley 12.982 que postergó los comicios del pasado 5 de julio y suspendió la publicidad electoral y los avisos de gobierno", dice el comunicado del grupo de periodistas de la capital provincial. "Este grosero condicionamiento debe ser resistido por los trabajadores de la comunicación hasta tanto las autoridades provinciales rectifiquen su pretensión de limitar la libertad de expresión y el derecho a la información de los santafesinos", dijeron desde Focos.

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Leonardo Simoniello, se sumó a las críticas y dijo que se "cercena la comunicación entre los electores y quienes pretendan ser elegidos". Por su parte, la concejala -también radical- Adriana Molina opinó que "se limitan irrazonablemente derechos fundamentales". También la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y el Partido Comunista expresaron su rechazo a la resolución del Tribunal Electoral.

El que fue a la Justicia fue Corral, candidato del Frente Progresista en Santa Fe, quien afirmó que "debido a la complejidad de los procesos electorales, se entiende que hay diversas situaciones que requieren un nuevo pronunciamiento de este Tribunal, ya que la existencia de la norma promulgada recientemente puede afectar derechos fundamentales de los partícipes en el proceso electoral vigente". Asimismo, el funcionario santafesino expresó que "por un lado, los fines del proceso electoral y del mismo sistema democrático exigen que la interpretación que se otorgue a la normativa en análisis no perviertan la participación democrática, ya que el mismo sistema quiere y protege que el pueblo se exprese y participe. En materia electoral, lo que se pretende es que la expresión de la voluntad de los ciudadanos se haga en un contexto de información y reflexión".