"Las declaraciones de (Miguel Angel) Coradini son demagógicas e irresponsables, causan daño y promueven soluciones contrarias a la dignidad de las personas". Así, el subsecretario de Asuntos Penales, Juan Lewis salió al cruce de los dichos del presidente del Concejo de Arroyo Seco, quien durante una sesión del 4 de agosto pasado se refirió a los menores que delinquen y propuso "molerlos a palos". "Aquí y en el mundo se está trabajando en un sentido y vienen personas con mentalidad retrógrada a postular soluciones inviables, ilegales e inefectivas", agregó Lewis indignado. La dirección de justicia penal juvenil, acéfala tras la renuncia de Silvia Crescente, lleva adelante cuatro programas alternativos al encierro cuyos resultados "son muy positivos" según evaluó el funcionario. A su vez, confió a Rosario/12 que la población del Irar "creció un 60 por ciento en este último mes y el sistema puede colapsar". Ante voces que piden penas máximas, Lewis sostuvo que las respuestas represivas "han demostrado ser un fracaso". En la provincia hay 350 adolescentes de entre 16 y 18 años en conflicto con la ley penal.

Las declaraciones del concejal justicialista fueron repudiadas por legisladores, funcionarios provinciales y nacionales, organismos de derechos humanos y una parte de la sociedad que atinadamente rechazó estas postulaciones. Más allá del "exabrupto", detrás hay una ideología. "Las declaraciones de este tipo van a contramano de lo que se busca hacer en el mundo. Con estos dichos pretende generar un corriente de simpatía con las personas que sufrieron un delito pero es demagógico porque jamás se va a resolver de la manera que él propone. El trato diferenciado de los adultos para adolescentes que cometen un delito es parte de la Declaración de los Derechos del Niño, a los que Argentina adhiere. El joven debe ser un sujeto de derecho no un objeto de tutela y mucho menos de tortura", enfatizó Lewis.

Y añadió: "También es falso que actualmente se premie a estos adolescentes que delinquen. Se trata de elaborar respuestas inclusivas e integrales donde ellos se responsabilicen por los hechos cometidos".

Desde el ámbito penal, la subsecretaría ha proporcionado a los jueces un menú amplio de programas vinculados con la inclusión social. En total hay cinco programas vigentes: Alojamiento en régimen de encierro, Alojamiento en régimen abierto, Libertad Asistida, el Programa de Orientación, Formación y Cuidado, y de Servicios comunitarios. El 50 por ciento de los jóvenes en conflicto con la ley penal de la ciudad de Rosario está participando de los programas alternativos al encierro, que implican capacitación en oficios y en el caso de uno de ellos, la posibilidad concreta de tener una salida laboral, lo que equivale a desandar el camino del delito y comenzar a reinsertarse en la sociedad.

Aunque Lewis sostuvo que "es muy temprano" para hacer una evaluación de estos programas, ya que hace sólo seis meses que están en vigencia, afirmó que "es muy positivo lo que se ha logrado hasta ahora con la permanencia de los jóvenes en los mismos". En el caso del programa de Servicios a la Comunidad, un alto porcentaje de los jóvenes que pasaron por los talleres lograron volver a la escuela y encontrar un empleo. Y en el subprograma Oportunidades, hay unos 18 chicos que permanecen capacitándose en oficios con la expectativa de ingresar al mercado laboral.

"Son chicos con una gran conflictividad que provienen de familias desmembradas, sin la figura paterna, atravesados por la migración ya que muchos vienen del Chaco o Corrientes. Hay un mínimo porcentaje de delincuentes comunes, el resto son chicos con mucho miedo por estar en la calle, que ya no son contenidos por la familia o por la escuela y reaccionan con violencia", explicó Jorge Arias, director de la Casa del Adolescente desde hace 17 años y en contacto permanente con menores en conflicto con la ley penal. "Los talleres no son un premio, lo que se intenta es que joven se exprese a través de una vía que no sea la violencia. La represión no sirve de nada, no sólo éticamente. No sirve como método", concluyó Arias.

Por su parte, Lewis coincidió: "Las respuestas represivas han demostrado ser un fracaso como solución a la criminalidad adolescente, cualquier político serio lo sabe. No es viable desde el punto de vista jurídico y legal pero tampoco es efectivo". Las pruebas de la poca efectividad del encierro en el caso de los adolescentes es el alto porcentaje de reincidencia de los que estuvieron alojados en lugares como el Irar, que terminan siendo cárceles en donde la violencia y la exclusión se acrecientan, muy lejos de una reinserción social que pueda alejar a los menores del delito.

Al respecto Lewis reconoció que en el IRAR "la población ha crecido un 60 por ciento en el último mes y hay 45 jóvenes alojados" allí. Y detalló: "Desde junio de 2008 a junio de 2009 mantuvimos un promedio de 27 chicos, pero desde que comenzó la feria judicial el número fue aumentando constantemente. Hablé con algunos jueces porque la situación es preocupante y el sistema puede colapsar", confió el funcionario. El incremento no estaría signado por un aumento de los delitos cometidos por menores sino por la feria judicial, que implica una inercia en las decisiones.

Por su parte, la Coordinadora de trabajo Carcelario denunció que esta superpoblación genera más conflictos. "Hay sólo tres personas civiles trabajando en el turno tarde, que no dan abasto para sacar a todos los chicos al patio. Como consecuencia muchos permanecen encerrados todo el día sin ver la luz del sol. Los que tienen problemas de conducta están aislados permanentemente en celdas individuales de dos metros por dos, lo que les genera un mayor grado de violencia", contó Víctor Zapata, de la CTC.

Más allá de la polémica por el viejo instituto, cuyas reformas aún están pendientes, está claro que los planteos facilistas están alejados de la realidad. "Las declaraciones de Corradini promueven un giro a la derecha, una vuelta a las soluciones contrarias a la dignidad de las personas, a los derechos humanos, pero que además son inefectivas. Lamentablemente hay gente que adhiere a este tipo de manifestaciones. A esas personas hay que pedirles que le den al tema la profundidad que requiere", pidió Lewis desde su despacho.