Desde Santa Fe

El juicio a los seis presos por delitos de lesa humanidad seguirá hoy con una etapa clave: la apertura de pruebas que incluye la declaración de más de cien testigos y el reconocimiento de seis centros clandestinos de detención, entre ellos, uno en las afueras de Santo Tomé, al que los sobrevivientes de la dictadura llamaban "La Casita", y otro, en San José del Rincón, al que los represores que operaban en la zona denominaron "Los Borgia". La quinta audiencia comenzará a las 8.30 con el testimonio del abogado querellante Jorge Pedraza y, a las 16, lo seguirán el ex diputado justicialista, Orlando Barquín y el ex militante del gremio UPCN, Francisco Klarick. El 6 de octubre le tocará a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Dorotier de Cobacho, oriunda de Laguna Paiva, quien el 24 de marzo de 1976 fue secuestrada y estuvo detenida desaparecida en lugares que aún no pudo identificar, en Santa Fe y en Santo Tomé.

El Tribunal Oral Federal escuchará a los testigos hasta el 30 de noviembre los días asignados a las audiencias: lunes, martes y miércoles por medio. En ese lapso, tiene previsto seis inspecciones a centros de torturas y detención: el 7 de octubre en la comisaría 1ª (25 de Mayo y Primera Junta), el 20 de octubre en comisaría 4ª (bulevar Zavalla y Tucumán), el 27 de octubre, a las 8.30, en "La Casita" (ubicada en la ruta nacional 19, en el kilómetro 2, antes del cruce de la autopista Santa Fe Rosario) y a las 16, en la Guardia de Infantería Reforzada (Nicasio Oroño 793, barrio Centenario); el 18 de noviembre, a las 9, en la casa de "Los Borgia" (en calle del Sol s/n, a 200 metros de la ruta provincial 1, villa California, en las cercanías de San José del Rincón) y el 23 de noviembre, a las 16, en otra quinta sobre la ruta 19 que fue localizada en octubre de 1998 por una investigación periodística del colega José Luis Pagés ("La casita del horror estaría en Santo Tome").

Las inspecciones del Tribunal serán una recorrida por el circuito represivo de Santa Fe que el fiscal Eduardo Grioglio reconstruyó en el requerimiento de elevación a juicio de la causa. "Los centros clandestinos de detención, conocidos también como campos de concentración, pozos, chupaderos, constituyeron una pieza fundamental dentro de la política represiva llevada adelante por la dictadura militar y el mecanismo de desaparición sistemática de personas", dice la acusación.

El fiscal citó también el testimonio ante la Conadep de un secuestrado en el campo de concentración de La Perla, en Córdoba, a quien después trasladaron a Santa Fe y pasó por tres centros clandestinos que podía localizar: uno, en Santo Tomé; otro, en San José del Rincón y un tercero, en Coronda, donde habría terminado como casero, a principios de 1977. Grioglio señaló que dos fueron localizados: "La Casita" de Santo Tomé, y una quinta cercanías de Rincón, a la que los represores llamaban la casa de "Los Borgia", según los esposos Daniel García y Alba Sánchez, que estuvieron secuestrados en esa vivienda.

"En dichas casas, el testigo presenció la existencia, llegada y partida de numerosos detenidos ilegales, como era habitual, encapuchados y amarrados, muchos de los cuales vio torturar y a algunos de ellos morir durante las torturas que eran aplicadas por efectivos del Destacamento de Inteligencia Militar 122. El jefe del Destacamento era el coronel Domingo Manuel Marcellini, apartado del juicio por razones de salud, que "visitaba periódicamente las casas".

Según el relato, "una característica de la zona de Santa Fe era que Inteligencia se quejaba que los verdes (los militares) no querían asumir sus operaciones, por lo cual debían alquilar casas de fin de semana que no ofrecían la seguridad y el aislamiento necesario, de lo cual se ocupaba el sargento retirado Nicola y los detenidos debían ser tratados rápidamente, muchos eran legalizados por derecha, internados en hospitales o encarcelados, en otros casos. Pero muchos también morían en la tortura que no se prolongaba como en La Perla por falta de capacidad en la casa operativa. En todos los casos no pasaban más de una semana en esas casas, sobre todo porque no tenían (víveres) para los presos. Entonces, los remitían a lugares de detención y si los necesitaban volvían a pedirlos", concluyó el fiscal.