Un grupo de veinte familias afincadas en los terrenos de Ituzaingó 60 bis se encadenaron ayer y quemaron gomas ante la delegación local de la Gobernación luego de una frustrada reunión con el gobernador Hermes Binner. En su lugar fueron recibidos por el ministro de Justicia Héctor Superti, quien les propuso la entrega de un terreno por parte de la provincia, lugar en el que la Municipalidad les construirá una vivienda en siete meses. Pero los vecinos -sobre quienes pesa una orden de desalojo judicial- rechazaron la oferta, y repitieron su reclamo de expropiación.

El reclamo contó con el apoyo del cura Salvador Yaco, quien resaltó que el reclamo de vivienda propia "es legítimo y constitucional", dijo. Las 20 familias afectadas ya habían llevado su reclamo con una carpa frente a la Municipalidad e insisten en una ayuda desde el Estado. "Es gente trabajadora, laburante, que tiene sus derechos", explicó el padre de Capitán Bermúdez, Salvador Yaco.

"El derecho a la vivienda digna no desaparece nunca, es legítimo y constitucional. Pedimos sí o sí la expropiación del lugar y los curas, los obispos, tenemos que estar con los pobres. Ese es el evangelio de Jesucristo", aseguró.

En medio de la protesta una delegación de tres vecinas con dos de sus abogados fueron recibidos por el ministro de Justicia quien se encontraba en el edificio. "Este tema se originó por un pedido de audiencia al gobernador, que se vio frustrado por causas ajenas a la voluntad del gobierno; se hicieron presentes distintas personas que invocaban ser parte de las familias localizadas en el inmueble de calle Ituzaingó 60 bis, el cual está en un proceso de desalojo judicial. El proceso es impulsado por el propietario del terreno, en contra de los ocupantes, que no son los propietarios del terreno y han edificado sus viviendas en ese lugar", explicó Superti.

El funcionario explicó que "concretamos una propuesta muy simple que consiste en darle a cada uno de ellos una vivienda, a través de un terreno que va a suministrar la provincia y una construcción que hará la Municipalidad en un plazo estimado de siete meses. Además se gestionará frente al propietario, en el juzgado, la suspensión del desalojo hasta que este plan se pueda llevar adelante".

Pero esta propuesta no fue aceptada por la delegación que se encontraba en la reunión, quienes tampoco accedieron a retirarse una vez finalizada la audiencia, en cuyo último tramo participaron también el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta; y el senador provincial Juan Carlos Zabalza.

En el marco del expediente que se tramita en los Tribunales provinciales, el próximo lunes la provincia hará una presentación pidiendo una audiencia para formular su planteo "que pensamos es superador de la situación que se está viviendo", consideró Superti.