Desde Santa Fe

"El juicio fue ejemplar". Los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti ponderaron el debate público que concluyó con el primer juez federal de la Argentina condenado por crímenes de lesa humanidad. Víctor Brusa resultó culpable de ocho casos de apremios ilegales y sentenciado a 21 años de cárcel, mientras que cinco ex policías que compartieron el banquillo deberán purgar condenas por secuestros y torturas de 23 a 19 años de prisión: Héctor Colombini y Eduardo Ramos (23 años), Juan Calixto Perizzotti (22), Mario Facino (20) y la ex carcelera María Eva Aebi (19). Todos cumplieron distintos roles en el circuito de la dictadura en Santa Fe, pero en el marco de "un plan sistemático de represión y exterminio", señaló el veredicto. "Brusa actuaba como delegado del juez en los centros clandestinos de detención", acotó el fiscal.

El juicio a Brusa y compañía se extendió tres meses, declararon cien testigos y se inspeccionaron centros clandestinos emblemáticos como la comisaría 4ª (que estuvo a cargo de Facino hasta fines de 1976) y la Guardia de Infantería Reforzada (donde operaban Perizzotti y Aebi).

"Estamos muy conformes con el veredicto", expresó Suárez Faisal. "El trámite fue correcto y la organización del juicio muy buena y eficaz. Y lo más importante: se respetaron todas las garantías constitucionales y el debido proceso, tanto a los imputados como a las víctimas. Incluso, el tribunal (integrado por el juez Roberto López Arango y los conjueces Andrea Creus y Carlos Renna) admitió pruebas aún fuera de la etapa oportuna para garantizar a ultranza y al máximo, el derecho de los acusados a presentar todos los elementos que consideraban necesarios para fundar sus defensas".

"Ha sido un juicio ejemplar que respetó todos los derechos y garantías de las partes y al que se arribó a una sentencia condenatoria que fue compatible con los pedidos que había hecho el Ministerio Público y las querellas", agregó Suárez Faisal.

Los fiscales acusaron por 56 hechos. El tribunal consideró probados 54, sólo desestimó dos imputaciones por fallas procesales. Y condenó por esos 54 hechos, con el mismo molde que había planteado el Ministerio Público.

"Nosotros estudiamos la situación de cada imputado, valoramos las penas que correspondían por los hechos que se le atribuyeron y formulamos el petitorio", dijo Suárez Faisal. En su alegato, el fiscal pidió penas de 25 a 23 años de prisión y en el veredicto, el tribunal mantuvo la misma graduación, pero la redujo de 23 a 19 años. "Los jueces adoptaron el mismo molde, la misma referencia que tuvimos nosotros para pedir las penas", explicó.

Esta es la primera condena a un ex juez federal. ¿Qué se siente?

Nosotros consideramos que no sólo hubo un daño a las víctimas, sino también a la justicia desde el punto de vista institucional. El Poder Judicial tenía que ser el órgano del Estado encargado de garantizar el debido proceso y el derecho de las personas, aún en la dictadura. Pero eso no ocurrió. A partir de la intervención de Brusa, esa función se desdibujó totalmente y lo más grave es que las personas que él apremió ya eran víctimas de una privación ilegal de la libertad y tenían signos evidentes de torturas, entonces no pudieron ser revisadas por una autoridad judicial como sí ocurrió en otros casos. Brusa actuaba como delegado del juez en los centros clandestinos de detención "dijo Suárez Faisal.

Eso concuerda con un documento de la Side que se ventiló en el juicio y define a Brusa como "amigo y colaborador del Ejército".

Es un documento que se encontró en el Archivo Ideológico. Lo firma un funcionario de la Side, (ya fallecido, el teniente coronel), Rondello Barbaresi. Y dice que Brusa había "colaborado estrechamente en la llamada lucha contra la subversión" y que era "amigo y colaborador del Ejército". No sabemos por qué se redactó ese documento, pero suponemos que ya en 1981 fue propuesto por alguna autoridad militar como posible juez federal de Santa Fe, según surge de una anotación manuscrita que hay en el mismo informe de inteligencia. Pero Brusa no llegó al cargo por oposición del ministro de Justicia de esa época (Alberto Rodríguez Varela) "respondió Suárez Faisal.

¿La condena desploma la teoría de los perejiles?

La teoría de los perejiles, como la llama usted, no puede ser admitida de ninguna manera. Porque en todos los casos se trataba de funcionarios que tenían a su cargo dependencias muy significativas como instrumentos de persecución durante la dictadura militar. Facino fue el jefe de la comisaría 4ª, que era la puerta de entrada del circuito represivo de Santa Fe y Perizzotti era jefe (de la Oficina Coordinación del Area 212) en la Guardia de Infantería Reforzada. En este juicio estuvieron los dos responsables de la peor época de estos dos centros clandestinos y de la represión en Santa Fe. Y también dos integrantes de los grupos de tareas como Colombini y Ramos que tuvieron mucha participación en diversos de casos de privación ilegítima de la libertad.

Pero hubo un desguace del juicio. No llegó ningún militar. La asociación ilícita fue desglosada en otro expediente. Y hasta se desmembró el caso del secuestro y desaparición de Alicia López en el que Facino está imputado por homicidio. ¿Por qué?

El trámite de este tipo de causas es engorroso y dificultoso. Hay muchos imputados, muchas víctimas y muchos hechos. Distintas posibilidades de acción y mucha dificultad en la recopilación de la prueba. Esto hace que el trámite de estos expedientes sea sumamente complejo y difícil. Y muchas veces se llega a juicio con la cantidad de hechos que se puede y no con todos los que se hubiera podido llegar si la investigación hubiera sido más cercana en el tiempo. De todas maneras, desde la Procuración General de la Nación se hace un trabajo muy importante respecto de la recopilación de datos y el seguimiento y coordinación de las causas. Eso ha dado muy buenos resultados, al punto que se acumularon varias causas en la que se investigan 46 muertes producidas durante la dictadura. Es una investigación que está avanzando a buen ritmo.

En el alegato, usted pidió que se inicien más investigaciones.

Es una cuestión que deberá evaluar el fiscal de primera instancia, escuchar las declaraciones y decidir si se iniciarán investigaciones a personas que pueden estar involucradas en hechos ilícitos. Nosotros, como representantes del Ministerio Público tenemos la obligación de promover las investigaciones de todos los hechos que conocemos por nuestra tarea- concluyó Suárez Faisal.