Desde Santa Fe

La situación de Luis María Vera Candioti se complicó esta semana con una fallo que lo convierte en el tercer juez de Santa Fe imputado por delitos de lesa humanidad. Los otros son Víctor Brusa, condenado a 21 años de cárcel por apremios ilegales en ocho casos y Víctor Montti, procesado por apremios ilegales en un caso y encubrimiento. Ahora, el juez federal Reinaldo Rodríguez rechazó el sobreseimiento del ex juez de Menores por "prescripción de la acción penal" en una causa que investiga "la supresión de identidad" de María Carolina Guallane, la joven que sobrevivió a la masacre de su familia biológica, el 11 de febrero de 1977, cuando apenas caminaba y recién recuperó sus raíces 20 años después, en 1998, con los análisis genéticos que le devolvieron el nombre: Paula Cortassa. "La supresión de identidad de los hijos de aquellos asesinados o desaparecidos políticos durante la dictadura constituyó una práctica extendida en todo el país", formó parte de "un plan sistemático de la represión" y por lo tanto se trata de "delitos de lesa humanidad" e imprescriptibles, dijo el juez Rodríguez. La defensa de Vera Candioti ya apeló el fallo ante la Cámara Federal de Rosario.

Vera Candioti está acusado por falsear el expediente judicial en el que se tramitó la entrega de Paula (que es Carolina) a un matrimonio de Venado Tuerto que la adoptó de buena fe, en abril de 1977. El trámite es increíble. Un grupo de tareas del Ejército atacó la casa donde vivían los Cortassa el 11 de febrero de 1977, pero según el documento la niña fue puesta a disposición del juez de Menores, el 4 de febrero, es decir siete días antes. Una prueba de la infamia. El padre biológico de Carolina, Enrique Cortassa fue secuestrado con vida y está desaparecido y la madre, Blanca Zapata, embarazada a término, recibió un disparo en la cabeza, pero agonizó dos semanas hasta el 24 de febrero en el hospital José María Cullen. Los libros de guardias de la sala Policial indican que el bebé habría nacido muerto.

La investigación de la masacre de la familia Cortassa y la supresión de identidad de Paula fue acumulada el año pasado en una megacausa que se instruye por medio centenar de crímenes de la dictadura, entre ellos el asesinato de Blanca Zapata y la desaparición de Enrique Cortassa.

La causa acumulada avanzó entre setiembre y octubre de 2009 cuando el juez Rodríguez indagó y procesó a dos jefes del Destacamento del Inteligencia Militar 122: los tenientes coroneles Roberto Diab y Domingo Morales y al comisario Juan Calixto Perizzotti por los homicidios de Zapata y Cortassa y la supresión de identidad de Paula, entre otros delitos. En realidad, Diab está imputado por 46 homicidios y Morales y Perizzotti por 16.

En esa línea, el doctor Rodríguez indagó también a otros dos imputados en el caso de Paula: el doctor Vera Candioti y el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, que en el momento de los hechos era teniente 1º y firmó el documento del Ejército que puso la niña a disposición del juez de Menores, el 4 de febrero de 1977, siete días antes que fueran secuestrados sus padres. La fecha está antedata: el mes y el año escritos a máquinas y el "4" agregado a mano. En la indagatoria, Pavón deslindó su responsabilidad y negó ser el autor de ese "4", por lo que ahora el juez Rodríguez espera el resultado de una pericia caligráfica y la declaración de otros testigos para resolver la situación procesal del militar.

Mientras tanto, Vera Candioti optó por otra estrategia defensiva: pidió su sobreseimiento por "prescripción de la acción penal", pero el juez Rodríguez rechazó el planteo y ratificó que "la supresión de identidad" de niños es un delito de lesa humanidad imprescriptible.

"Paula Cortassa y sus padres fueron víctimas de un ataque que formó parte" de un plan sistemático de represión, interpretó el magistrado. "En efecto, en el plan criminal de la dictadura también era una práctica sistemática la desaparición de los hijos de los supuestos subversivos, que en su mayoría eran hombres y mujeres de 20 a 30 años, en edad de procrear, circunstancia que por sí sola hacía presumir que los máximos responsables de las juntas (militares) desde el inicio habían previsto y regulado el destino que se le daría a aquellos niños que quedaban desamparados luego del secuestro de sus padres o nacían durante el cautiverio de sus madres", explicó.

"El plan criminal de la dictadura abarcó la desaparición de niños", dijo el juez. Y agregó: "Alarma, por ejemplo, la existencia de ordenes secretas antisubversivas dictadas por el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, general (Roberto) Viola, el 17 de diciembre de 1976 que contemplan la manera que debían actuar los encargados de las operaciones de seguridad respecto de la detención de "jefes, hombres, mujeres y niños" y que específicamente existiese un documento titulado "Instrucciones sobre el procedimiento a seguir con menores de edad hijos de dirigentes políticos o gremiales cuando sus padres se encuentren detenidos o desaparecidos", proveniente del Ministerio del Interior, de abril de 1977., documento que no fue ubicado y que se presume que fue destruido".

"Por lo tanto, como lo que se investiga acá es la supresión de la identidad de menores, hijos de aquellos asesinados o desaparecidos políticos durante la dictadura, lo cual constituyó una práctica extendida en todo el territorio nacional, existe en este caso razón para interpretar que con los elementos de criterios reunidos hasta el momento, la conducta asumida, debe ser calificada como delito de lesa humanidad" e "imprescriptible".