El Tribunal Oral que juzga por delitos de lesa humanidad a un ex espía de la dictadura, Horacio Américo Barcos, incorporó ayer por lectura 45 piezas documentales que acusan al imputado, al tiempo que resolvió ampliar el plazo de pruebas -hasta el jueves que viene para que el Estado Mayor del Ejército informe en qué fecha Barcos operaba como "jefe de grupo" al servicio del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Una de las pruebas que se incorporaron por lectura al juicio es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires que condenó a Barcos a cinco años de cárcel por "extorsión" a un empresario bonaerense de Tres Arroyos. Lo que significa que si ahora es declarado culpable por los delitos que lo acusan en Santa Fe -"privación ilegal de la libertad" y "tormentos" a los esposos José Alberto Tur y Amalia Ricotti, en mayo de 1978-, a la condena que pueda recibir se le debería sumar aquellos cinco años.

La audiencia de ayer fue más breve de lo previsto. Barcos finalizó la indagatoria que se había iniciado el lunes pasado, pero sin contestar más preguntas sobre su pasado como Personal Civil de Inteligencia (PCI). Una de las dudas que se había planteado en el debate es la fecha en que Barcos ascendió a "jefe de grupo" y tenía a su cargo "cuatro o cinco agentes" que también operaban como PCI. El ex espía dijo que eso ocurrió en los años 80, mucho después de la época que se ventila en el juicio. El Ejército ya aportó el legajo de Barcos en dos soportes: en papel y en microfilmes, pero justo en la foja donde consta ese dato es ilegible el año, aunque está firmada por dos oficiales del Destacamento de Inteligencia Militar: el capitán Sergio Rubén García y el capitán Alberto Armado Balmaceda.

El defensor de Barcos, Néstor Oroño pidió entonces que se oficie al Ejército para que informe en qué período prestaron servicio en Santa Fe los capitanes García y Balmaceda. El Ministerio Público y la querella se opusieron. "La prueba no resulta necesario porque no es un hecho controvertido", dijo el fiscal Martín Suárez Faisal. Y la abogada querellante, Zulema Rivera, coincidió con el criterio.

El Tribunal pasó a un cuarto intermedio para resolver el incidente y a la vuelta hizo lugar al requerimiento de la defensa. Y postergó 48 horas el período de pruebas, hasta el jueves que viene, a la espera de que el Ejército responda el informe que solicitó Oroño.

En consecuencia, el jueves se cerrará el período de pruebas y comenzarán los alegatos de los abogados querellantes, luego seguirán los fiscales y el viernes le tocará a la defensa. Es probable que el veredicto se conozca inmediatamente después, según dejó entrever el presidente del Tribunal Oral. "La idea es terminar el juicio en el curso de esta semana", dijo el doctor José María Escobar Cello.

Tras el incidente, el Tribunal incorporó por lectura 16 piezas documentales agregadas a la causa, 19 reservadas en secretaría y ocho que se ordenaron en el curso del debate. En total: 45 pruebas. Entre ellas una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires que dejó firme una condena a Barcos a cinco años de cárcel por "extorsión" a un empresario de Tres Arroyos. El hecho ocurrió en 1996. Y hasta ahora, Barcos sólo ha cumplido una mínima parte de la pena.

Al final de la audiencia, Rosario/12 pidió al abogado querellante, Horacio Coutaz una evaluación de la indagatoria de Barcos. "Nosotros creemos que mintió deliberadamente y eso va a ser parte de nuestro alegato, sobre todo la relación con (otro PCI que declaró como testigo en el juicio, César Luis) Frillocchi, el conocimiento que tenía de Amalia Ricotti y el tipo de actividad que desarrollaban los PCI. Algunas cosas que dijo son importantes, más que nada sobre quiénes fueron sus padrinos", para que ingresara al Destacamento de Inteligencia Militar.