La Justicia provincial se declaró incompetente frente al recurso de amparo presentado por la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (Fatac), que solicitaba suspender la fumigación de camiones con productos de alta toxicidad, como el fosfuro de aluminio. En diálogo con Rosario/12, el titular de la entidad, Vicente Bouvier, se mostró sorprendido por la decisión adoptada por la jueza Paula Sansó. "Si hubiéramos considerado que el tema era de competencia federal no perdíamos tiempo y directamente lo habríamos ingresado en el juzgado Federal", se quejó el dirigente. Para Bouvier, "además de la cuestión de la competencia, que es importante y trascendente, hay que sopesar la urgencia, ya que aún siendo incompetente se pueden dictar medidas precautorias". El transportista agregó: "Nos asiste la tranquilidad de conciencia que estamos haciendo esto para que no mueran más personas".

La declaración de incompetencia de la jueza Sansó no cayó bien en la entidad que nuclea a los transportistas de cargas. El titular de Fatac fue más allá al señalar que "evidentemente, alguien ha dejado de hacer lo que es su obligación como funcionario público. A mi entender, la responsabilidad es del gobierno provincial a través del ministerio de la Producción y todas sus direcciones".

Bouvier consideró que además de la cuestión de la competencia, que "es importante y trascendente, hay que sopesar la urgencia, ya que aún siendo incompetente se pueden dictar medidas precautorias; pero bueno, lo aceptaremos". En este marco, el dirigente adelantó que presentará el miércoles el mismo expediente en la justicia federal.

En sintonía con los dichos de Bouvier, la abogada de Fatac, Valeria Pardo, indicó a LT8: "Nosotros solicitamos una medida cautelar y lo primero que recibimos es la resolución donde la jueza se declara incompetente. Teníamos ansiedad para ver si encontrábamos una solución rápida a este problema, pero vamos a seguir adelante".

Según la letrada local, "concretamente cuando (la magistrada) fundamenta la resolución es porque, si bien nosotros lo que planteamos es la prohibición en la jurisdicción en la provincia de Santa Fe de este tipo de práctica en las fumigaciones, también pedimos que esa prohibición sea extensiva a entidades que tiene jurisdicción nacional, como lo son los puertos, algunos exportadores, las entidades del agro. Por eso ella considera que no está legitimada para actuar contra esas entidades, pero creo que está allanando el camino para llegar a la justicia federal inmediatamente".

Los decesos de dos camioneros como consecuencia de la fumigación de la carga de cereal sobre los camiones, una actividad prohibida en la provincia, generaron una luz de alerta en los transportistas. El primer caso ocurrió el 30 de abril pasado, cuando Iván Poedils, de 28 años, se descompuso en la playa San Miguel de Puerto General San Martín y falleció ocho horas después como consecuencia de la inhalación de los agrotóxicos. "El camionero murió intoxicado con pastillas de Potosin, que es sulfuro de aluminio", explicó a este diario Ovidio Rodríguez, titular de Transportadores Rurales Argentinos (Tra). Unos días más tarde, el 11 de mayo, Víctor Hugo Gaite, de 49 años, fue hallado sin vida en el interior de un camión, en el playa Nidera, ubicada en Neuquén y Venezuela de Puerto General San Martín.

El ministro de Trabajo, Carlos Rodríguez encabezó sendas reuniones con los actores involucrados para dotar de seguridad a la actividad.