El Ministro de Seguridad santafesino Alvaro Gaviola le informó a la Justicia Federal rosarina que iba a dejar de prestar la custodia domiciliaria a Eduardo "Tucu" Costanzo, sentenciado por crímenes de lesa humanidad. La medida se toma porque "afecta recursos logísticos en detrimento de la seguridad pública tales como especialistas en neutralización de explosivos y custodios del ámbito urbano, sometiendo a la Provincia al riesgo de quedar vinculada a posibles hechos disvaliosos que pudieran ocurrir: como por ejemplo la fuga de internos, atentados contra el mismo, denuncias por la inadecuada condición de detención, etc.".

El hecho de que Costanzo ya ha sido condenado por los delitos más graves, que prevé la legislación penal merece, sin duda, una custodia especial adecuada con elementos especializados y no continuando sujeto a una custodia ejecutada por personal policial no entrenado específicamente.

La custodia a Costanzo tiene especial interés de la Justicia Federal desde el 29 de agosto de 2009, cuatro días antes del inicio del juicio Guerrieri-Amelong. Ese día un ayudante de cuarta de apellido Funes del Servicio Penitenciario Federal solicitó se le informe el domicilio de Eduardo Costanzo "a los fines de efectivizar el traslado". Este hecho encendió la luz de alerta del tribunal, habida cuenta que el testimonio de Costanzo iba a inculpar a sus cuatro compañeros de banquillo: Guerrieri, Fariña, Amelong y Pagano. Los cuatro iban a ser trasladados en esa jornada por el mismo Servicio. El hecho fue interpretado como un acto intimidatorio.

El juez Otmar Paulucci dio la orden entonces de que "se extremen los recaudos de custodia del imputado para asegurar su integridad física, psíquica y su presencia en el debate". Sin embargo la seguridad sobre Costanzo no estuvo a la altura de lo esperado, ya que la propia familia del imputado denunció públicamente la falta de efectivos en la puerta del domicilio, y la repetición de episodios violentos e intimidatorios frente al mismo, por lo cual desde el 17 de febrero la custodia quedó a cargo de la policía provincial.

Por eso ahora Gaviola le envió una nota a Paulucci recordándole que

"este Ministerio de Seguridad oportunamente comunicó que sólo se podrá dar en forma temporaria cumplimiento a dicho requerimiento, en razón de que la Provincia no cuenta con medios materiales ni recursos humanos para custodiar o proteger, de manera continua y efectiva, a imputados de causas penales que refieren a delitos de lesa humanidad".

La nota prosigue señalando que "la Provincia de Santa Fe no cuenta con un Programa de Acompañamiento o Protección que incluya a quienes se encuentran involucrados en calidad de imputados o condenados por tales delitos, siendo que en el orden nacional sí existe tal previsión, habiéndose creado la Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación (ley Nac. 25.764 y Dec. Nac.1755/08), entre cuyas misiones y funciones se encuentra la de proveer protección adecuada a cada caso, contando ellos con los medios y recursos suficientes para garantizar la seguridad de las personas en riesgo".

"Así -continúa Gaviola- a fin de dar cumplimiento a la medida solicitada, mientras tramitó el proceso judicial, se dispuso en el ámbito de la Unidad Regional II un servicio policial tendiente a la custodia de la prisión domiciliaria impuesta a Costanzo. Este servicio se efectivizó y se mantiene hasta la fecha con afectación de personal policial de la Brigada de Neutralización de Explosivos y de la Brigada de Orden Urbano".

Gaviola continúa en el texto diciendo que "el apartado IV de la sentencia condenatoria en los autos registrados bajo el N 131/07 Y acumulado 42/09, naturalmente, trae aparejada una variación de la situación de Costanzo quien pasó de procesado a condenado, dado que ha recaído sentencia condenatoria de Prisión Perpetua e Inhabilitación absoluta y Perpetua por hechos calificados como Crímenes de Lesa Humanidad. Asimismo, en esta sentencia se dispone el cumplimiento de la pena en cárceles comunes para los condenados y respecto de Costanzo dispone que la prisión domiciliaria subsista hasta tanto el decisorio judicial adquiera firmeza y conforme la constatación del estado de salud del condenado".

"El hecho de que Costanzo ya ha sido condenado por los delitos más graves, que prevé la legislación penal merece, sin duda, una custodia especial adecuada con elementos especializados y no continuando sujeto a una custodia ejecutada por personal policial no entrenado específicamente. Además ello afecta recursos logísticos de la policía provincial en detrimento de la seguridad pública tales como especialistas en neutralización de explosivos y custodios del ámbito urbano, sometiendo a la Provincia al riesgo de quedar vinculada a posibles hechos disvaliosos que pudieran ocurrir: Como por ejemplo la fuga de] interno, atentados contra el mismo, denuncias por la inadecuada condición de detención, etc.)".