Luego de que la Legislatura derogara la semana pasada el artículo 31 de la ley 12.069 que regula la instalación de grandes superficies comerciales en toda la provincia, los dirigentes de las entidades mercantiles e industriales respiran más aliviados. Preocupados, habían puesto el grito en el cielo "por la agobiante situación" que provoca el arribo a distintas localidades de este tipo de emprendimientos basados en la "concentración del consumo". El artículo 31 permitía a los Municipios entregar habilitaciones de grandes superficies comerciales hasta un 25% de la totalidad del área comercial vigente en cada pueblo o ciudad. El reclamo fue efectuado por 18 federaciones y cámaras del sector que representan, a la vez, a más de 80 asociaciones defensoras de comerciantes de Santa Fe.

El 31 de mayo pasado, los referentes de la Asociación de Empresarios del Sur Santafesino (ADESSA) y la Federación de Centros Comerciales (FECECO) mantuvieron una reunión con todas sus entidades asociadas en el Centro Comercial de Santa Fe con el objetivo de "debatir y consensuar acciones diseccionadas a la preservación y fortalecimiento de los comercios minoristas de toda la provincia". Del cónclave se dirigieron directamente a la Casa de Gobierno para exponerle al gobernador Hermes Binner "la gran preocupación existente en el sector comercial".

En una nota dirigida al mandatario provincial expusieron su disconformidad con "fuertes capitales de inversión que facilitan su ingreso al mercado con agresivas campañas comerciales, incluidas en estos períodos de pérdidas o de ganancia neutra con el sólo fin de eliminar los competidores locales". Este tipo de emprendimientos comerciales cuentan con una "fragilidad normativa, institucional, política y económica en algunas localidades, permeabilizando las disposiciones con efímeros aportes económicos a administraciones municipales o comunales que interpretan equivocadamente este aporte como un recurso genuino y beneficioso". Además, ofrecen una "presentación de una imagen de "mesías de los precios", al ofrecer productos a bajos costos que la población acepta y adquiere en vías de aliviar temporalmente su economía doméstica sin avizorar el futuro que les espera".

El ingreso al mercado de grandes desarrollos comerciales provoca "consecuencias terminales" para las economías locales y regionales. Debilitamiento y cierre de los comercios locales de capitales criollos, rotura de la cadena de abastecimiento con productores, emprendedores e industriales locales y pérdida de puestos de trabajo tanto en el comercio como en el sector productor de bienes y servicios, son las secuelas que deben padecer los pequeños comerciantes.

Hay más. Porque también se les genera una disminución de la demanda a los emprendedores locales, una baja de los aportes y contribuciones al fisco municipal y provincial y desaparición de los "comercios tradicionales" que "conservan historias, costumbres y vivencias en cada lugar de nuestra provincia".