Desde Santa Fe

La decisión de Hermes Binner de privatizar por segunda vez la autopista Santa Fe Rosario con una ley que se sancionó hace 16 años durante el primer turno de Carlos Reutemann; profundizó las diferencias con el arco opositor. La Cámara de Diputados y el Senado le pidieron esta semana que remita todos los antecedentes que avalan la licitación que se abrirá el 18 de agosto, ante la sospecha de que carece de sustento legal. El gobierno de Binner esgrime la ley 11.157 que autorizó al Poder Ejecutivo a concesionar la autopista -a título oneroso mediante cobro de peaje- y aprobó su adjudicación a la empresa Aufe SA, en julio de 1994, pero -según los legisladores del PJ esa ley caducó cuando finalizó el contrato con la concesionaria. "El gobernador tendría que haber enviado un mensaje a la Legislatura y sancionarse una nueva ley para concesionar la autopista", dijo el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Luis Rubeo, quien advirtió también que la apertura de ofertas prevista para el 18 de agosto "está viciada de nulidad".

El entredicho por la autopista ya había comenzado con la adjudicación directa a una sociedad anónima (ver aparte). Pero ahora las dudas de los legisladores del PJ se acentuaron con el intento de Binner de privatizar por segunda vez el corredor con la misma ley de Reutemann, de los '90. "¿Hay alguna norma legal para licitar la autopista?", le preguntó Rosario/12 a Rubeo.

Creemos que no -contestó el legislador. "Por eso, le pedimos al gobierno que nos envíe todos los antecedentes que se tuvieron en cuenta para llamar a licitación. Ellos argumentan sobre la ley 11.157 con la que se concesionó la autopista en el año 1994. Pero cuando se terminó la concesión de la empresa Aufe, también caducó esa ley. Entonces, no se puede argumentar sobre esa ley para hacer un nuevo llamado a licitación. El Poder Ejecutivo tendría que haber mandado un mensaje a la Legislatura y sancionarse una nueva ley para concesionar la autopista".

¿Ese proceso puede quedar nulo?

Está viciado absolutamente de nulidad. Por eso queremos que nos manden las actuaciones, para demostrar esta interpretación que nosotros damos. Y ver cuál es el respaldo jurídico que tiene el Poder Ejecutivo para licitar la autopista. Yo insisto con lo que le dije al ministro (Antonio) Ciancio, que ese respaldo jurídico no existe.

Rubeo recordó también lo que ocurrió con la adjudicación directa de la autopista "primero, se dijo que había un dictamen de la Fiscalía de Estado, y luego, que era de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Aguas. Yo quiero saber qué abogado pone la firma en un dictamen que respalde este tipo de cosas. No soy abogado, pero sí me hecho asesorar por especialistas en el tema que dicen que esto es como lo planteamos nosotros. O sea, que es un proceso viciado de nulidad".

El Senado también aprobó un proyecto que advierte sobre la nulidad del proceso. Si esto llega a pasar, ¿tendrá un costo importante para el Estado?

Si esto llega a pasar, lo primero que tiene que suceder es que el gobernador Binner le tiene que pedir la renuncia a su ministro Ciancio. Porque lo llevó a un procedimiento erróneo que pone en duda la transparencia de las acciones que se llevaron adelante. Porque si la oposición lo manifiesta, lo dicen los diputados y los senadores y si esto se certifica que es así, no se puede aducir que hubo un error. Aquí hubo una mala intención de querer hacer esto para dar una adjudicación directa a determinadas empresas y luego llamar a una licitación amañada que parte de una base legal que no es cierta.