La Cámara de Senadores tiene en sus manos un cambio en la ley de Fitosanitarios, con media sanción en Diputados, que pondría una distancia 500 metros entre las fumigaciones con glifosato y las viviendas urbanas. Allí se centra por estos días el lobby sojero encarnado por la Sociedad Rural de Rosario, uno de cuyos dirigentes Patricio Lamas se quejó porque el proyecto "deja sin protección al sector (agropecuario)" y pidió que en el Senado "las decisiones se tomen en base a estudios científicos porque la ciencia no estuvo presente en Diputados". Si bien aún no hay una postura única esta semana el senador Ricardo Spinozzi prefirió poner el énfasis en el cumplimiento de la actual norma, más que en los cambios.

¿Usted tiene posición tomada? preguntó este diario a Spinozzi.

Nos estamos formando opinión, ya que por ejemplo en las reuniones están apareciendo algunos aspectos: Tenemos una ley pero esa ley no se cumple o mejor dicho no todos cumplen con la ley. Los controles no son rigurosos, o bien las sanciones no son lo suficientemente duras para cambiar las prácticas.

¿Sólo el control es el problema?

Vemos también que gran parte de la discusión tiene que ver con la capacitación que pueden tener los aplicadores, aquellos que en una máquina o volando un avión tienen la responsabilidad de tener sus equipos bien controlados, inspeccionados con los mecanismos de seguridad y finalmente hacer su trabajo en las condiciones apropiadas. Esta sensación la tuve en todas las reuniones. Y es que no existen garantías de que todos los que aplican estén capacitados, de que todos los equipos estén inspeccionados y de que todas las recetas que se necesitan estén bien expedidas. Por eso digo primero hacer cumplir la ley y luego ir analizando las modificaciones que en muchos casos son necesarias para mejorar y darle tranquilidad a la gente, teniendo en cuenta que las prioridades están claras, es una ley que intenta proteger la salud, el medio ambiente y la producción, siempre en ese orden.

¿En base a qué puntos va a definir su voto?.

Los informes son importantes porque cuando se hagan efectivas las restricciones, deben tener un fuerte fundamento científico, porque sino el estado provincial puede pagar las consecuencias. Todo debe hacerse sobre bases científicas serias.

Este fin de semana un experto terció en la discusión. Se trata del ingeniero forestal Claudio Lowy, Master en desarrollo humano sostenible. "Las declaraciones del directivo de la Sociedad Rural de Rosario, muestran nuevamente que productores de la agricultura transgénica pretenden privilegiar sus beneficios privados obtenidos con la aplicación de agroquímicos, aún a costa de la protección de la salud de la población afectada", disparó Lowy consultrado por Rosario/12.

Es que el 1º de julio de 2010 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para modificar la ley provincial de fitosanitarios Nº 11.273. En ella autoriza la aplicación de productos clase IV (que clasifica la menor toxicidad) a partir de los 200 metros desde las plantas urbanas en forma terrestre, y de 1.000 metros en forma aérea. Sin embargo, prohíbe la aplicación del glifosato y sus formulados, también clasificados como clase IV, a menos de 500 mts vía terrestre y a menos de 1.000 por vía aérea de las plantas urbanas.

El lobby de Lamas se nutrió de duras críticas al planeo del tema en los medios: "Hay mucha mentira o desinformación, muchos informes sin fundamentos y sobre todo hay mucha precisión de los que dicen llamarse ecologistas, porque yo productor también soy ecologista. Esto no es ecologistas contra sojeros, yo como productor, como creador de alimento, soy la persona más ecologista que hay sobre la tierra".

Y después el dirigene ruralista abundó :"No puede ser que un grupo de diputados de la provincia decida que un determinado producto no es de una banda porque a esa condición la determinan organizaciones mundiales como la FAO o la Organización Mundial de la Salud .

Los dichos fueron refutados por Lowy: "Lamas reconoce que está ejerciendo presión sobre los senadores para que aprueben una ley que proteja sus intereses privados a pesar del perjuicio a la salud de la población".

Según Lowy cuando la SRR sostiene que el proyecto deja sin protección al sector agropecuario, "lo que está diciendo es que no la van a dejar producir con la máxima rentabilidad en el menor plazo, sin importar los daños que produzca a terceros. En realidad, los dueños de los campos que se dedican a la producción transgénica podrían producir muchas otras cosas, que tengan que ver con la alimentación de la población, con la soberanía alimentaria, con la articulación productiva con el sistema social que los rodea, en vez de producir forraje para exportar. Y les podría ir muy bien, como ocurre con establecimientos productivos agroecológicos".

Pero hay más de Lowy. Según el experto, las declaraciones de Lamas respecto de que no puede ser que un grupo de diputados de la provincia decida que un determinado producto no es de una banda porque a esa condición la determinan organizaciones mundiales como la FAO o la Organización Mundial de la Salud; "es el cuestionamiento de una potestad constitucional y legal de uno de los poderes del Estado provincial, con la intención de proteger un beneficio privado ilegítimo, ya que produce daños a la salud de la población afectada. El Artículo 121 de la Constitución Nacional dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación".