Desde Santa Fe

El robo de los mellizos de Raquel Negro, desaparecida en la quinta de Funes, está más cerca del juicio oral y público. Los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti presentaron al juez federal de Paraná, Gustavo Zonis, el requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga el nacimiento de los dos niños -una nena y un varón en el hospital Militar de Paraná, que operaba como maternidad clandestina del Segundo Cuerpo de Ejército. La niña es Sabrina Gullino, que recuperó su nombre en diciembre de 2008, pero aún se desconoce qué sucedió con su hermano. "Hay otra causa que investiga el paradero del niño que está avanzando", dijo una fuente judicial consultada por Rosario/12. Por la supresión de identidad de los hijos de Raquel y su pareja, Tulio Valenzuela, están imputados cuatro de los condenados a perpetua por los desaparecidos en el centro clandestino de Funes: Pascual Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Pagano, más otro oficial del Destacamento de Inteligencia 121, Marino Héctor González y un médico de Paraná: Juan Antonio Zaccaría.

Los fiscales ya probaron que el Hospital Militar de Paraná funcionó como maternidad clandestina durante la dictadura. Allí nacieron los hijos mellizos de Raquel Negro, entre febrero y marzo de 1978. "Las pruebas son sustanciosas", dijo comentó la fuente. "Hay testimoniales, documentales y periciales, entre ellas la declaración de Eduardo Constanzo, quien sindica a Guerrieri, Fariña y Pagano como los ideólogos del plan para el robo de los bebés de Raquel Negro y menciona que Pagano y Amelong llevaron hasta el Hogar del huérfano de Rosario una beba que posteriormente se pudo determinar su identidad y es hoy Sabrina Gullino",

"Lo importante es que hay declaraciones de tres enfermeras del Hospital Militar de Paraná que relatan cómo sucedió este parto clandestino y cómo Raquel Negro estaba privada de su libertad, que tenía un guardia permanente y que las ventanas de la habitación estaban tapadas para que no la vieran. También mencionan la intervención de Zacarías en los hechos y la orden que dio este médico para en las planillas del hospital los niños se inscribieran como NN".

"Otro testimonio importante es el de una enfermera del Instituto de Pediatría de Paraná, donde llevaron a los niños después de su nacimiento en el Hospital Militar y da cuenta de esa circunstancia. Los bebés fueron dados de alta el 27 de marzo de 1978 y anotados como 'López, Soledad' y 'López, NN', lo cual constituye una irregularidad", agregó la fuente. "Todas las pruebas de cargo son bastantes sustanciosas", concluyó.

Guerrieri, Fariña, Pagano, Amelong, González y Zacarías están imputados como autores mediatos, según la teoría del delito de Claus Roxin, quien sostiene que en los aparatos organizados de poder el responsable sería no sólo ejecutor directo sino también el denominado hombre de atrás.

El robo de bebés no fue un hecho aislado, sino que formó parte del plan sistemático de la represión ilegal. Para el Ministerio Público Fiscal, no se trató de un simple parto clandestino, sino de un plan diseñado de antemano que se ejecutó en todo el país y que en este caso incluyó el operativo de traslado de una persona que se encontraba secuestrada en un centro clandestino de detención de Rosario, su alojamiento en un sector aislado del Hospital Militar de Paraná, el alumbramiento y el posterior robo de los recién nacidos.

Si Sabrina recuperó su identidad, ¿qué pasó con su hermano? -preguntó Rosario/12.

Está probado que nacieron los dos bebés. Uno es Sabrina Gullino. Y con respecto al otro chiquito, el juez Zonis hizo lugar a que se forme una causa por separado para investigar su paradero, que es lo que se está haciendo ahora -contestó la fuente.

Ahora comenzará un período de nuevos pasos procesales en los que el juez debe correr vista a las defensas. La presentación de los fiscales Silva y Candioti concluye entonces una de las instancias necesarias para que la causa vaya a juicio oral después de cinco años de investigación. Los otros querellantes, Sabrina Gullino y su hermano mayor Sebastián Alvarez, la agrupación Hijos de Paraná, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Abuelas de Plaza de Mayo ya habían formulado el requerimientos de elevación a juicio.