El gobernador Jorge Obeid firmó ayer un mensaje que crea el Ente de Control de Servicios Públicos (Ecosep) que absorberá al Enress y controlará a la EPE. Pero también concede las garantías que el intendente de Rosario, Miguel Lifschitz, y sus colegas de la UCR le pidieron para sumarse al proceso de estatización de los servicios públicos, entre ellas dos que son claves: el 51 por ciento del paquete accionario de Aguas Santafesinas será intransferible al capital privado y la prestación del servicio eléctrico quedará en manos del Estado. El proyecto contiene además un marco regulatorio del sistema eléctrico provincial, organiza la Dirección Provincial de Energía Productiva y establece un mecanismo que es directa consecuencia de la crisis eléctrica: compensará a los usuarios que padecen apagones, como los que jaquearon a los rosarinos en enero y febrero: por cada hora de energía no suministrada se devolverán tres.

A mitad de semana Obeid ya había anticipado que la iniciativa responde en gran medida a los reclamos de Lifschitz y de los intendentes de Rufino, Firmat, Funes, Capitán Bermúdez y Esperanza para sumarse a Aguas Santafesinas. "Tengo la esperanza de que los quince municipios de la concesión (nueve gobernados por el PJ y seis con gobiernos opositores a la Casa Gris) formen parte de la nueva empresa y participen en su directorio", dijo el gobernador. Y explicó que "varias de las modificaciones" que planteó el intendente de Rosario "están este proyecto, que no sólo crea el Ente de Control de Servicios Públicos, sino que uno de sus artículos prohíbe la venta de las acciones 'clase A' de Aguas Santafesinas que representan el 51 % (del paquete accionario). Entonces, queda claro que esta empresa y también la EPE van a seguir perteneciendo al Estado provincial", aseguró.

El Ente de Control tendrá la misma naturaleza que su antecesor, el Enress: un organismo autárquico, pero en este caso para el control específico de los dos servicios públicos esenciales que presta la provincia: el eléctrico y el de aguas y cloacas. Por lo tanto, el Ente tendrá personería jurídica de derecho público, con capacidad para actuar pública y privadamente, con individualidad financiera y patrimonio propio. Estos son los puntos sustanciales del proyecto.

* Directorio. Estará integrado por seis miembros titulares. Tres serán nombrados por el Poder Ejecutivo, entre ellos el presidente y el vicepresidente que desempeñarán el cargo durante dos años con posibilidad de ser reelectos. Los otros representarán el arco opositor: uno a los partidos políticos con representación parlamentaria, otro a los municipios y el tercero a los usuarios que lo elegirán por voto popular en elecciones provinciales. Tendrán un mandato de cuatro años, podrán ser reelectos una sola vez y deberán cumplir con los mismos requisitos que la Constitución de Santa Fe exige a los diputados provinciales.

* Consejo Asesor. Asistirá al directorio y podrá proponer todas las iniciativas que considere oportunas y convenientes para mejorar la calidad de los servicios públicos y defender los derechos de los usuarios. Estará integrado por representantes de la Defensoría del Pueblo, las Universidades de Rosario y Santa Fe y las entidades de usuarios y consumidores.

* Competencia. Defenderá los intereses de los usuarios y de la provincia. Controlará el cumplimiento de los planes de expansión de los servicios y los de inversión, operación y mantenimiento a cargo de los prestadores. Establecerá las bases de cálculo de las tarifas.

Participará en las modificaciones, revisión y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios. Resolverá los reclamos de los usuarios por deficiencias en la prestación del servicio o fallas en la facturación.

* Sanciones. Podrá aplicar sanciones a los prestadores que no cumplan sus obligaciones y desarrollar todas las acciones necesarias para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios. Por lo tanto, actuará de oficio o por denuncias de usuarios, de los municipios o de los propios prestadores.

* Intervención. Tendrá la facultad de intervenir en forma cautelar, por tiempo limitado y con autorización del Poder Ejecutivo en la prestación de algún servicio cuando éste se vea afectado en forma grave o haya riesgos para la salud de la población o el medio ambiente, por causas imputable al prestador.

* Usuarios. Tendrán derecho a exigir ante el prestador estatal o cooperativo la prestación del servicio conforme a los criterios establecidos en la ley, normas complementarias y resoluciones del Ente de Control de Servicios Públicos y recurrir a éste ante el incumplimiento de las obligaciones del prestador estatal o cooperativo que los afecte o cuando el prestador, no hubiera atendido el reclamo.

* Personal.Absorberá la plantilla de empleados del Ente Regulador del Servicio Sanitario (Enress) y sumará a agentes de la EPE.

* Vigencia. El PE deberá reglamentar la ley que crea el Ente de Control de Servicios Públicos en un plazo no mayor a 120 días. El Enress cesará en sus deberes, funciones y atribuciones a partir de la vigencia de la ley.