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Docentes, gremios, instituciones intermedias, cooperadoras escolares y centros de jubilados participaron ayer en el Concejo Municipal de la audiencia pública convocada para debatir el proyecto que propone reinstaurar la jubilación a los maestros tras 25 años de presencia frente al grado. "La idea es lograr una mejora previsional para el docente y en la calidad educativa para los jóvenes", destacó el presidente del bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria, Luis Rubeo, impulsor de la iniciativa. El subsecretario de Seguridad Social de Santa Fe, Víctor Adamik coincidió en los fundamentos de la propuesta pero la consideró "inviable por el impacto fiscal para la Caja de Jubilaciones, cercano a los 75 millones de pesos" mensuales.

El Palacio Vasallo quedó chico ante la cantidad de interesados que concurrieron a debatir el proyecto de Rubeo. El legislador explicó que la iniciativa busca "permitir que aquellos docentes que estén 25 años en forma ininterrumpida frente al grado puedan jubilarse sin limitante de edad, y sino aquellos docentes que están llevando adelante la actividad durante 30 años también lo puedan hacer de la misma manera, independientemente si pertenecen a escuelas públicas o privadas".

Luego agregó que la propuesta "no sólo busca lograr una mejora para los docentes desde el punto de vista previsional, sino fundamentalmente también buscamos una mejora en la calidad educativa. Tenemos elementos técnicos que avalan a través de distintos estudios que se han venido realizando que la mayoría de los docentes, casi el 65 por ciento que se encuentra frente a un grado, llevando en forma ininterrumpida la educación durante 25 años, sufren problemas psíquicos o físicos, y esto termina deteriorando la calidad de la educación".

Respecto de la viabilidad financiera de la propuesta, el legislador refutó los argumentos que la consideran inviable desde una mirada exclusivamente fiscalista, apelando a un análisis integral de la situación laboral: "Lo que tenemos que analizar es cómo compatibilizamos todas las cifras, no solamente visto desde la Caja de Jubilaciones sino desde el Estado provincial que es uno solo", planteó.

Adamik salió al cruce de la propuesta por su costo fiscal, razón por la cual instó a buscarle alternativas de financiamiento "ya que supone un costo de 75 millones de pesos mensuales entre lo que se deja de percibir y las erogaciones que debe hacer la Caja ante nuevos pagos". Luego aclaró por LT8 que coincidía con los fundamentos "por conocer la problemática docente a quienes trato frecuentemente" en la Caja.