Todo el mundo tiene posibilidades de saber dónde se realizan abortos y si no se sabe del sitio con precisión se lo averigua en el momento en que se decide interrumpir un embarazo que no es deseado. Quienes usan de esta posibilidad son las mujeres que se lo practican y los hombres que les piden a ellas que no sigan adelante con la gestación. El boca a boca funciona con tanta eficacia como no se ve con otras temáticas sociales. ¿Por qué, entonces, el allanamiento a la peluquería de Empalme Graneros donde se practicaban abortos clandestinos? Si la respuesta es porque se cometía un delito suena poco creíble y discriminatoria, ya que no se valoraron las cuestiones relacionadas con la seguridad y además porque nunca se allanan los domicilios en que las prácticas se realizan por varios y varios miles de pesos. El operativo tuvo, como única víctima, a la mujer que allí estaba y que quedó además implicada en una causa penal. Interrogantes sobre la utilidad del procedimiento, la criminalización de clase y de género, la hipocresía social y las relaciones con el poder. Opiniones del ministro de Salud, Miguel Cappiello y de la abogada Analía Aucía, del Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

El ministro de Salud Miguel Cappiello respondió a la consulta de este diario acerca de si era de utilidad que, los recursos del Estado se gastaran en un procedimiento como el que se hizo en la peluquería de Provincias Unidas al 600, donde se practicaban abortos clandestinos y cuando existen numerosos consultorios o clínicas en Rosario donde se los realiza por todos los precios.

¿Dónde se realizan, a qué lugares se refiere?, porque es de buen ciudadano denunciar a quienes cometen un delito. No hablo de cargar todo el peso sobre las mujeres... fue la respuesta de Cappiello.

Pero estos lugares, como el allanado, existen porque hay mujeres, pobres que allí concurren. Quienes pueden pagar por seguridad tienen otras alternativas y abonan 4, 5 o 6 mil pesos. Es

entonces una cuestión de dinero, porque esas clínicas o consultorios nunca son blanco del procedimiento judicial o policial

Es que el concurrir a realizarse un aborto clandestino no es la solución, sino estar dentro de los programas de salud sexual y reproductiva que tenemos y que suministran los anticonceptivos para evitar llegar al embarazo.

Pero no todas las mujeres están en esos programas, y aún así hay una cantidad de circunstancias en que, ante un embarazo no deseado, se toma la decisión de abortar.

Hay que seguir trabajando para que todas las mujeres estén incluidas y se cuide su salud. La sociedad argentina todavía no decidió la legalización del aborto y cabe recordar que hay un proyecto de la diputada (mandato cumplido) Silvia Augsburguer para lograr la despenalización que todavía no se trató en el Congreso nacional.

¿Y usted está de acuerdo con ese proyecto?

Por supuesto.

Las relaciones

con el poder (subtítulo)

La abogada Analía Aucía, con una mirada amplia del problema, ubicó al tema del aborto como un "enclave" que moviliza importantes relaciones de poder "políticas y económicas". Ella señaló que en la provincia de Santa Fe se dieron pasos importantes sobre el tema de la interrupción de los embarazos no deseados y de los abortos no punibles contemplados en el Código Penal. Así fue que cobró relevancia la normativa que protege a las mujeres en situaciones posteriores al parto; también la guía que regula los abortos no punibles y se juzgó a los profesionales que se negaron a practicar el aborto terapéutico a la joven, Ana María Acevedo, quien padecía cáncer y a la vez estaba embarazada e internada en el Hospital Iturraspe de la capital provincial.

Sobre el procedimiento en Empalme Graneros en el que quedó implicada judicialmente una mujer de 40 años, Aucía sostuvo que quedó demostrado "que aún falta mucho por hacer en materia de salud sexual y reproductiva y que el aborto no es un tema que se circunscribe a la presencia o anuncio de políticas públicas en materia de salud reproductiva". La integrante de CLADEM formuló el interrogante acerca de por qué se realizó ahora el allanamiento cuando se conocía de la existencia de ese lugar y de la práctica de abortos desde tiempo atrás. ¿Qué ha pasado ahora y no antes?", dijo.

"La gente sabe adónde se realizan los abortos clandestinos, conoce la casa, el local, el consultorio, la clínica, el centro médico. Hay abortos clandestinos de todos los precios y de todas las condiciones: abortos sépticos y abortos seguros, para pobres y para quienes pueden pagar condiciones de asepsia. Sin embargo, los allanamientos, las persecuciones se realizan en los sectores más empobrecidos, desprotegidos" explicó y después sostuvo que la mujer de 40 años procesada engrosa las filas de las personas consideradas "delincuentes" cuando ella "es nada más que una víctima de un sistema insuficiente y discriminador a nivel de políticas de salud y de una sociedad hipócrita y que negocia con el cuerpo y la salud de las mujeres".

Sobre el aborto legal, seguro y gratuito, desde CLADEM dijo Aucía: "No es negocio para la corporación médica privada que cobra altos precios para realizar los abortos en 'condiciones seguras'. No es negocio tampoco para las economías delictivas que tienen sus circuitos de peajes forzados con las fuerzas policiales a la cabeza. Si ha habido un allanamiento ahora, es posible que algo en esa cadena de peajes haya entrado en cortocircuito. El aborto clandestino es un gran negocio, genera un circuito de dinero que no ingresa en ningún registro, no paga impuestos, genera sobresueldos o extras, pero mientras tanto las mujeres se mueren, tienen una vida no deseada, o tienen graves problemas de salud".

Tal vez la invocación de la advertencia que desde hace décadas formula la criminología crítica es un aporte más que formuló Aucía para mostrar la inequidad del sistema penal "que funciona fundamentalmente para los más débiles, en términos del poder social que ejercen. En algunos países, como los de nuestra región, esta característica clasista de la justicia penal suele ser más descarnada".

La situación para la víctima también tuvo la mirada de la abogada de CLADEM cuando dijo que "seguramente para ella, llevar adelante este embarazo forzado implique daños en su salud psíquica descontando los riesgos físicos posibles". De allí que opinó que la situación podría encajar dentro de los abortos no punibles del Código Penal, en el art. 86, inc. 1º cuando dice..."si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios".