Desde Santa Fe

Veinte años de búsqueda le llevó a María Carolina Guallane saber que su verdadero nombre era Paula Cortassa, que sobrevivió a la masacre de su familia biológica durante la dictadura, el 11 de febrero de 1977, que su padre Enrique Cortassa fue secuestrado y desaparecido y su madre, Blanca Zapata, embarazada a término, murió dos semanas después de agonizar con un balazo en la cabeza en un hospital Cullen, donde perdió a su segundo hijo. Y treinta cuatro años tuvo que esperar para que comience a hacerse justicia. El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó al ex juez de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti, por la "supresión de identidad" de Paula y lo acusó de haber cortado sus raíces cuando apenas tenía dieciocho meses para "ocultar la detención" de su padre, evitar que sus abuelos puedan "reclaman la tenencia" de la pequeña o "encubrir" la responsabilidad del Ejército "en el cautiverio" y "la apropiación" de la niña. "La verdad sale a la luz con peso propio y la mentira cae como un efecto dominó", dijo ayer Paula -que como se sabe sigue usando el nombre de María Carolina- al enterarse del procesamiento de Vera Candioti y de otro militar imputado en el caso, el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, quien puso la niña a disposición del juez de Menores con una nota falsa porque tiene fecha de 4 de febrero de 1977, siete días antes del secuestro de los Cortassa.

Vera Candioti es el primer juez del país procesado por la alteración del estado civil de la hija de desaparecidos. Ya en marzo del año pasado habían rechazado su pedido de prescripción de la causa. "La supresión de identidad de los hijos de aquellos asesinados o desaparecidos políticos durante la dictadura constituyó una práctica extendida en todo el país", formó parte de "un plan sistemático de la represión" y por lo tanto se trata de "delitos de lesa humanidad" e imprescriptibles, le contestó el juez Rodríguez. Y ahora, lo procesó por el caso, aunque le concedió la posibilidad de esperar el juicio oral en libertad por un delito que prevé penas de uno a cuatro años de prisión.

La masacre ocurrió el 11 de febrero de 1977, en la casa de calle Castelli 4531, donde vivían los esposos Cortassa con su hija Paula y otra militante política Cristina Ruiz de Ziccardi, con sus dos hijos de dos y cinco años. Los únicos sobrevivientes fueron los chicos, pero dos semanas después del operativo los hermanitos Ziccardi quedaron en manos de sus abuelos. Mientras que la niña padeció el desgarro de su familia biológica hasta que Vera Candioti la entregó en guarda al matrimonio Guallane, de Venado Tuerto que la adoptó de buena fe, en abril de 1977. El juez Rodríguez logró probar en la causa que "el Ejército conocía el origen" de la niña y que su permanencia "fuera de los lugares y las instituciones encargadas de su custodia, con un destino informal e incierto" (entre el 11 de febrero y el 13 de abril de 1977) tuvo por objeto ocultar su verdadera identidad. Una situación que se extendió hasta el año 1998", cuando Paula supo cuál era su verdadero nombre y comenzó a reconstruir su historia.

Vera Candioti dijo en la indagatoria que él recién "tuvo conocimiento de la situación de la menor cuando firma el primer decreto, el 6 de abril de 1977", es decir dos meses después del operativo militar. Pero el juez Rodríguez lo desmintió porque junto con Paula también estaban a disposición de Vera Candioti los hermanitos Ziccardi y éstos fueron restituidos a sus abuelos, el 24 de febrero de 1977. Y entre esa fecha y el 6 de abril, que es la que invoca Vera Candioti, no se adoptó ninguna medida para "el resguardo de Paula Cortassa o determinar la existencia de familiares". Y esta situación "hace evidente la intención de fraguar lo acontecido, lo que evitó que la menor sea reclamada legítimamente por su familia", dice el procesamiento.

El juez Rodríguez dijo en su resolución a la que tuvo acceso Rosario/ 12 que Vera Candioti ocultó "deliberadamente" que Paula Cortassa era sobreviviente del "procedimiento de calle Castelli". Y ensayó cuatro hipótesis para explicar por qué el ex juez de Menores hizo lo que hizo:

* a) "Para ocultar la detención de Enrique Cortasa.

* b) "Para vitar que sus familiares reclamen legítimamente la tenencia de la menor.

* c) "Para ocultar las responsabilidades del Juzgado en relación a la custodia y supervisión del estado sicofísico de la nena

* d) "O para encubrir el cautiverio de la niña en el Ejército".

Y abonó las últimas dos hipótesis (la actuación del Juzgado y el encubrimiento al Ejército) con más datos. "Es conocido que las actividades de los distintos organismos encargados de la custodia y los menores era documentada, ya sea por la Casa Cuna, por la Dirección de Minoridad y Familia del Ministerio de Salud o por los centros de asistencia sanitaria donde eran atendidos. Sin embargo, no se pudo constatar la existencia de estas actuaciones con relación a los menores involucrados" en la causa.

"Cualquiera fueran los motivos que impulsaron a Vera Candioti a actuar de la forma en que se le reprocha, éste conocía que se hallaba ante una situación totalmente irregular y era su obligación como funcionario subsanar las mismas, premisa que de la que se alejó a favor de sostener en el tiempo la ilegalidad del proceso de guarda sin levantar sospechas. Este conocimiento constituye el dolo específico requerido en la comisión de cualquiera de los ilícitos penados en el sistema penal argentino", agregó Rodríguez.

Por lo tanto, el juez Rodríguez consideró probado que el objetivo de la maniobra "era ocultar la verdadera identidad" de la nena. Y que Vera Candioti con "su accionar impidió a la Paula Cortassa conocer su verdadera identidad y a sus familiares el destino de ésta, durante casi 20 años, imposibilitándolos de velar por su persona, mantener y forjar los vínculos afectivos que los unía", concluyó.