Desde Santa Fe

La Asociación de Prensa de Santa Fe solicitará a la justicia federal la reapertura de la investigación de un crimen del terrorismo de estado impune desde hace 37 años: el asesinato de las abogadas y defensoras de presos políticos, Marta Zamaro y Nilsa Urquía, ejecutadas en noviembre de 1974, tras ser condenadas a muerte por un grupo de tareas de la Triple A: el Comando Anticomunista del Litoral (CAL). La decisión fue votada por unanimidad en una asamblea extraordinaria del gremio que resolvió promover la reapertura del expediente, pedir que el homicidio se declare delito de lesa humanidad y presentarse como querellante en el proceso, junto a familiares de las víctimas. "Mirar al pasado y a la propia historia se presenta como un enorme desafío para construir el presente y el futuro de la organización sindical", dijo el secretario general del sindicato, Pablo Jimenéz.

Zamaro tenía 29 años, era una activa militante sindical en "Nuevo Diario", un matutino que cerró con el golpe de 1976 y defensora de presos políticos con su colega Nilsa Urquía (32), con quien compartía el departamento. En la lista de condenados a muerte de la Triple A figuraban también otros tres trabajadores del diario que sobrevivieron en el exilio: María de los Angeles Pocha Pagano; la abogada Alcira Ríos y su esposo Luis Córdoba, quienes posiblemente serán citados a declarar en la causa. La doctora Ríos representó a las Abuelas de Plaza de Mayo en investigaciones judiciales por el robo y la apropiación de niños durante la dictadura.

La voluntad del gremio de prensa de presentarse como querellante en una causa del terrorismo de estado no tiene antecedentes en el país y se anunciará hoy, a las 10, junto a los organismos de derechos humanos. En el acto se rendirá un homenaje a las dos abogadas y a todos los desaparecidos durante la dictadura.

En la asamblea que tomó esa decisión participaron también ex compañeros de Zamaro en la redacción y en los talleres de Nuevo Diario, quienes aplaudieron este paso del gremio de prensa para que el crimen no quede impune, a pesar de que ya pasaron casi 37 años. Se trata de la reapertura de la primera causa que investigará un crimen impune de la Triple A y puede alumbrar uno de los períodos políticos más oscuros en Santa Fe, previo al golpe de 1976, cuando el poder militar comenzaba a superponerse al gobierno civil de Carlos Sylvestre Begnis.

Una compañera de militancia de Zamaro, Pocha Pagano, fue quien la llamó para que trabajara en Nuevo Diario, según recordó la periodista Cinthia Mignone. "Ambas militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Marta compartía su departamento con Nilsa Urquía, con quien actuaba en la defensa de presos políticos", agregó.

Un mes antes del crimen, en octubre de 1974, se recibió en Nuevo Diario una lista de condenados a muerte por el Comando Anticomunista del Litoral, la versión autóctona de la Triple A. En lista figuraban Alcira Ríos, su esposo Luis Córdoba, Marta Zamaro y Pocha Pagano, pero también Nilsa Urquía, que no integraba el equipo del matutino.

El 14 de noviembre de 1974, a la madrugada, Zamaro y Urquía fueron secuestradas por un grupo de tareas. Cuarenta y ocho horas después, el sábado 16 de noviembre, los cuerpos aparecieron en el arroyo Cululú, con el rostro cubierto con tela adhesiva y las manos atadas. En la zona se encontraron huellas de vehículos.

El 21 de noviembre, a las 2.15 de la madrugada, el edificio de Nuevo Diario fue atacado a balazos por cuatro personas que movilizaban en una camioneta Citroen. El sereno del diario dijo que unos minutos antes había recibido un llamado anónimo que le anunció el atentado y le puso la firma: el Comando Anticomunista del Litoral.

"Graciela Zamaro tenía 23 años cuando debió reconocer el cuerpo mutilado de su hermana mayor. Dice que su padre se tomaba la cabeza y repetía: 'Díganme dónde está que la voy a buscar'. El hombre murió un año después que su hija", relató Mignone.

La madre de Marta tiene hoy 94 años. "El miedo nunca cesó. Hay que escuchar a Graciela Zamaro hablar del paso gigante que significó contarle a doña Adelina que el nombre de Marta estaba en una calle de la ciudad. Hay que escuchar a Graciela diciendo que aceptar la reapertura de la causa se debe a que su madre ya no tiene amigas que le hablen de Marta", agregó Cintia.