Con el objetivo de poner en regla la "grave desactualización" de los valores fiscales de los inmuebles rurales, el gobierno provincial aplicará a partir del 1º septiembre una actualización de la base imponible del impuesto de sellados en las operaciones inmobiliarias que se realicen entre partes. Se pretende equiparar la valuación fiscal de los campos con el valor que tienen hoy en el mercado. "Se ejercerá una fuerte presencia fiscal para transparentar el origen y destino de fondos invertidos", indicó a Rosario/12 el subadministrador Provincial del Servicio de Catastro e Información Territorial, Horacio Palavecino. Actualmente, un campo de 49 hectáreas ubicado en Chabás, corazón agrícola de la provincia, tiene un valor fiscal de 97 mil pesos cuando en el mercado se adquiere a 2,4 millones de pesos. La última actualización del tributo se efectuó en el año 1996. "Se está pagando el mil por ciento menos", aseguró el funcionario. Santa Fe cuenta con 250 mil inmuebles rurales.

El gobierno provincial recibe 300 millones de pesos al año en concepto del impuesto de sellos. Con la medida que instrumentará, incrementará su recaudación de ese tributo en particular un 20 por ciento. Esa es la proyección que realiza Palavecino. Tras los intentos truncos de aplicar una reforma tributaria en la Legislatura, desde el área de Catastro trazaron una herramienta de fiscalización de escrituras públicas a fin de "transparentar" el mercado inmobiliario rural en Santa Fe y su impacto fiscal. Aplicar un aumento en el impuesto inmobiliario no era la mejor decisión en términos políticos y menos en un año electoral, por esa razón, desde el área que depende del Ministerio de Economía se pensó otra alternativa que acreciente los ingresos de la provincia.

El 98,5 por ciento (12.825.943 hectáreas) del suelo santafesino está compuesto por zonas rurales. Dentro de esta porción, se ubica también a las islas, que estimativamente abarcan 4 millones de hectáreas. Cabe aclarar que "muchos" de estos espacios son cursos de agua, lo que disminuye la existencia concreta de campos. Sin embargo, son datos valiosos para afirmar que el territorio de Santa Fe es preponderantemente rural y la agropecuaria es la principal actividad productiva.

El valor fiscal que actualmente se encuentra desactualizado es la base imponible del inmobiliario y es el mínimo permitido para el cálculo del impuesto a los sellos. La falta de revisiones en los valores del tributo "ha desvirtuado estos impuestos, tanto que resulta muy dificultoso por parte del gobierno realizar un cambio significativo atento al gran impacto que esto ocasionaría", explicó Palavecino. Por ese motivo, se creó el Observatorio de Valores de Inmuebles Rurales (OVIR), el ámbito adecuado para obtener valores de inmuebles actualizados más cercanos a los de mercado, en forma simultánea al del valor fiscal.

A la vez, se creó una plataforma virtual "para que los escribanos tributen online el impuesto de sellos cada vez que hay que hacer una escritura". Esa parte del complejo y moderno sistema de actualización ya fue implementada y, a pedido del Colegio de Escribanos, se encuentra vigente hasta el 1º septiembre, fecha en la que la readecuación se instrumentará en forma definitiva y obligatoria.

Al efectuar el trámite, los escribanos, o los mismos propietarios del inmueble rural, pueden solicitar el Valor Inmobiliario de Referencia (VIR), la expresión que contiene todas las características del inmueble, tanto los elementos que forman parte de su estructura y forma arquitectónica, como así también, la superficie del terreno, el entorno en el que se instala, el acceso o distancia a centros urbanos o de comercialización "y todos aquellos factores que lo distinguen, componiendo su valor único de mercado en un rango de tiempo definido", describió el funcionario provincial.

Al aplicarle la fórmula polinómica del VIR, Catastro obtendrá "cuánto valdría ese inmueble", con un valor actualizado a diciembre de 2010. Asimismo, se les pedirá a los escribanos que informen la existencia de construcciones considerables. Ocurre que la provincia no cuenta con ese dato. En el caso de que esa información no se reciba, se constatará a través de la toma de una imagen satelital.

"El escribano sólo tiene la obligación de informar", pero esta medida "prende semáforos en los propietarios, que ingresan la escritura pero no el valor del inmueble", consideró Palavecino. En el caso de incurrir en prácticas evasivas, quienes compren y vendan inmuebles rurales serán "objeto de investigación" de la Administración Provincial de Impuestos (API).

Para "amortiguar el impacto", API tomará como valor el 70 por ciento del VIR. "No se puede multiplicar de un día para otro, porque se generan mecanismos de evasión", argumentó Palavecino, aunque adelantó que "en el futuro" el cobro del tributo "va a tender" al valor total.

Al admitir que es una medida "política", Palavecino reconoció que "tocar la valuación fiscal no es una medida graciosa". Concedió que ha generado "bastante rechazo", aunque "no por el lado de los escribanos".

En el norte de la provincia, donde tienen su fuerte muchas actividades agropecuarias de pequeña escala (arroz, azúcar, cítricos), "figuran escrituras a valores irrisorios, al doble del avalúo fiscal. Si voy con 97 mil pesos no compro ni una hectárea en los bajos submeridionales", manifestó el funcionario.