Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una ley que crea 610 cargos para el Ministerio Público Fiscal, el Servicio Oficial de la Defensa y los tribunales penales que demandará el juicio oral y público, a partir de 2012. "Después de mucho dialogar se ha llegado a un consenso importante", festejó el jefe del bloque oficial, Raúl Lamberto. "Acá no hay ganadores ni perdedores", proclamó su colega del PJ, Mario Lacava. Una gentileza política. Porque si alguien salió airoso del cruce parlamentario fue el arco opositor que impuso dos condiciones: ajustar el número de cargos ﷓de 820 a 610﷓ a la realidad económica de la provincia que acumuló un rojo de 1.000 millones de pesos en el primer semestre y garantizar que todos formarán parte del Poder Judicial. Lacava aprovechó entonces para pasarle la factura política a Superti. "Es totalmente injusto y de mala fe haber dicho que acá había palos en la rueda o supuestas resistencias al cambio. Los hechos lo desmienten", se cobró el legislador.

La Cámara cumplió ayer la tregua política que el oficialismo y el PJ acordaron la semana pasada para destrabar el conflicto por los cargos judiciales. "Después de mucho dialogar se ha llegado a un consenso importante", dijo Lamberto. Y explicó por qué su bancada aceptó las dos condiciones que planteó el justicialismo: "El mensaje original pedía 820 cargos, que se han reducido a 610. En esto, hemos querido consensuar con la oposición. Nos parece una reducción en el marco de los nuevos tribunales penales, pensando que muchos de los cargos de la estructura actual (del juicio escrito) pueden pasar en el futuro a la nueva estructura (del juicio oral y público)". "Todos estos funcionarios pertenecerán a la planta del Poder Judicial", dijo Lamberto y aclaró que tanto el Ministerio Público como el Servicio de la Defensa gozan de "autonomía funcional y autarquía financiera".

Lacava le devolvió la gentileza política. "Acá no hay ganadores ni perdedores", dijo. "Y si en este debate, alguien ganó es el control de los actos del Poder Ejecutivo con responsabilidad, fundamento y valentía, que es la función de la Legislatura", agregó.

Pero así como hubo un intercambio de flores con Lamberto, Lacava aprovechó para pasarle todas las facturas a Superti. Primero, porque el ministro deslizó que el debate por los cargos frenaba el arranque de la reforma judicial. "No es cierto". El juicio oral y público será postergado hasta 2012 por otras razones, entre ellas "los problemas de gestión y presupuestarios", le contestó. Después, porque acusó a los legisladores del PJ de "poner palos en la rueda". Y por último, por haber pedido 820 cargos sin tener en cuenta el déficit fiscal de la provincia.

En realidad, Lacava retrucó las acusaciones de Superti sin nombrarlo. "Es totalmente injusto y de mala fe lo que dijo algún funcionario sobre supuestos palos en la rueda del justicialismo para frenar la reforma judicial. Los hechos lo desmienten. Y a los hechos y a la memoria me remito", respondió. "El nuevo Código Procesal Penal fue sancionado durante el gobierno de Jorge Obeid y las leyes complementarias para aplicarlo (entre ellas, la creación del Ministerio Público y el Servicio Oficial de la Defensa) tuvieron la permanente y leal colaboración del bloque justicialista. Esto está registrado en los diarios de sesiones y en la prensa. De tal manera que no se puede, y ojala que nunca más ocurra en el futuro, agitar fantasmas sobre palos en la rueda o supuestas resistencias al cambio, cuando fuimos, desde el justicialismo, los que propiciamos este cambio".

Ahora, el proyecto pasará al Senado, donde ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, explicó a la vicegobernadora Griselda Tessio y los senadores su punto de vista sobre la reforma.

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