Un proyecto de ley destinado a colegiar el trabajo de los periodistas-trabajadores de la comunicación fue presentado poco tiempo atrás en la provincia de Entre Ríos por el senador José Luis Panozzo (PJ-Departamento Federación). El texto, que ubica al Colegio de Profesionales de ese territorio como el órgano de contralor del ejercicio profesional de los comunicadores sociales; desconoce que este ejercicio se realiza a partir del trabajo con la información, un derecho humano y un bien social consagrado así en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, y que por la misma se señala que toda persona puede recoger y difundir información. Panozzo recibió fuertes críticas por parte de organizaciones y agrupaciones entrerrianas, de la Asociación de Prensa de Santa Fe y del Sindicato de Prensa Rosario, estos últimos nucleados en la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom) y finalmente decidió archivar el proyecto.

La iniciativa de Panozzo no es la única que en el país apareció en esa dirección: todo lo contrario, de manera cíclica hay quienes disparan ideas que desconocen los derechos del informador y del informado como lo señala la Convención incorporada al texto constitucional en 1994. En la provincia de Santa Fe hubo un intento parecido de la entonces diputada provincial María Herminia Grande (PJ) que también fue bajado.

El proyecto del senador Panozzo, que según dijo a Rosario/12 está en la Comisión de Legislación General para ser remitido a archivo, surgió como una iniciativa destinada a "servir a los profesionales de la comunicación y a jerarquizar su trabajo" y se formuló en acuerdo, justamente, con la Asociación de Profesionales Universitarios de la Comunicación de Entre Ríos. De inmediato obtuvo las críticas y la fundamentada disconformidad del gremio de prensa entrerriano y de la Unión de Trabajadores de la Comunicación de Entre Ríos (UTCER), enrolada en la CTA, cuyos integrantes recordaron que una década atrás una iniciativa similar "fue descartada de plano debido a su carácter inconstitucional".

Panozzo presentó el proyecto con un total desconocimiento por el Pacto de San José de Costa Rica que con rango constitucional plantea en su artículo 13º que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección...". También ignoró el valor de derecho humano que corresponde a la información, expresamente planteado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y la existencia de la ley Nº 12.908﷓Estatuto del Periodista Profesional que define quiénes son periodistas en la Argentina y los convenios colectivos para los trabajadores del sector. Como si nada de esto existiera, su texto reconoce como profesionales de la comunicación a aquéllos que tengan título habilitante y que además se matriculen, al modo en que sucede con las profesiones liberales.

En territorio santafesino

La Asociación de Prensa de Santa Fe y el Sindicato de Prensa Rosario plantearon también su alarma desde el área de libertad de expresión que gestionan de manera conjunta, ya que de haber prosperado la iniciativa de profundo contenido elitista -sólo los egresados de carreras de comunicación o periodismo podrían trabajar en los medios de comunicación-, quedaría señalado quiénes pueden y quiénes no, hacer uso de la libertad de expresión y de su correlato, el derecho a la información de toda la sociedad.

Desde la APSF, Pablo Bosch, integrante de la comisión directiva del sindicato planteó que: "Nos preocupa mucho que en distintas provincias sigan apareciendo proyectos como el de Panozzo, que con la excusa pueril de mejorar la calidad de la comunicación, terminan cercenando el derecho a la expresión de toda la comunidad. En este punto tenemos que ser claros, si se aplican las normas establecidas en el proyecto de colegiación de comunicadores sociales del senador entrerriano, el acceso a los medios será un privilegio exclusivo de una élite periodística avalada por el Estado, y no un derecho de todas las personas como lo establece la Constitución y los pactos internacionales de derechos humanos".

En Rosario, el secretario general del gremio, Edgardo Carmona, reflexionó en cuanto a la legislación que avanzó en consagrar la pluralidad informativa y la posibilidad de que se escuchen voces múltiples, como lo contempla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que incluye la reserva del 33 por ciento del espacio radioeléctrico para ser destinado a organizaciones sin fines de lucro. "Por un lado se avanza en la concepción de la comunicación popular, pero por el otro hay quienes quieren encorsetar el manejo de la información y que quede en manos de pocas personas. Los egresados de las distintas carreras deben entender que el bien con el que trabajan, la información, corresponde a todas las personas. También que no es por la vía de la colegiación ni de los tribunales punitivos como se llegará al periodismo que verdaderamente necesita la sociedad ni a que los egresados de las carreras tengan más trabajo, ya que las empresas de la comunicación, que toman a su personal en relación de dependencia, no aceptarían que un colegio les diga a quienes deben emplear". Luego Carmona hizo un llamado a las organizaciones que tienen una visión "sesgada" del ejercicio profesional al señalar que "es el tiempo de fortalecimiento de las organizaciones sindicales para que ellas contengan todas las inquietudes y problemáticas que surgen a partir del proceso comunicativo".

Por su parte la abogada Florencia Sanjulián, asesora del SPR y de su Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional recordó el contenido de la Opinión Consultiva Nº 5 de la Corte Interamericana de Derecho Humanos. Allí la Corte analiza que la libertad de expresión "tiene una doble dimensión: individual y social...En tanto se viole el derecho de un individuo a expresarse, se estará violando el derecho de todos a enterarse, a 'recibir' informaciones o ideas...Ambas dimensiones se deben garantizar de manera simultánea". Sanjulián expresó que como todos los derechos consagrados en la Convención, la libertad de pensamiento, expresión e información admiten restricciones "que para ser legítimas deben respetar ciertos y determinados requisitos los que también son fijados por la norma". Las restricciones a las que se refirió son las que contempla el artículo 13º, inciso 2, del PSJCR que prohíbe la censura previa y el establecimiento de responsabilidades legales fijadas previamente por ley, para ser aplicadas una vez emitido el pensamiento.