La población de chicos que viven en instituciones dedicadas a la niñez en riesgo en la provincia se redujo dos tercios desde 2007. Hoy quedan 647 niños y adolescentes alojados en establecimientos nombrados habitualmente como orfanatos, y el propósito del Ministerio de Desarrollo Social es disminuir ese número a cero. En su lugar, el accionar del Estado apunta a restablecer el vínculo con la familia de origen; y si no, encontrarle una familia adoptiva al niño que, por maltratos, abuso sexual o abandono, tuvo que ser separado del hogar donde sus derechos eran vulnerados. La internación en un instituto ya no es la primera opción que solían echar mano los jueces de Menores. Ahora es la última. Para evitar ese destino, la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia logró armar una estructura de 90 familias solidarias que albergan de manera transitoria a niños, niñas y adolescentes en riesgo, hasta que los profesionales del área resuelven el mejor destino posible, según cada caso.

"El objetivo es desinstitucionalizar a estos chicos privados de cuidados parentales, que por diferentes motivos no pueden estar en su seno familiar, en su centro de vida", señaló Patricia Giuricich, secretaria de Desarrollo para la Ciudadanía.

Un informe de Unicef reportaba en 2007 que Santa Fe tenía más de 1.600 menores de 18 años internados en hogares. Era la segunda provincia, después de Buenos Aires, con mayor población infantil y adolescente institucionalizada. Hoy ese número bajó a 647 chicos internados. Si se tiene que, según el censo 2010, en la provincia hay 905.000 menores de edad, los chicos alojados en hospicios representan el 0,07 del total. Así, Santa Fe logró colocarse por debajo de la media nacional (1,1%): en Argentina hay 12.433.000 menores de 18, y 14.039 residen en una institución, según datos del Consejo Federal de la Niñez.

La realidad que hoy exhibe Santa Fe en materia de niñez en riesgo deriva del cambio de paradigma reflejado con la sanción de la ley nacional 26.061, hace seis años, que derogó la ley 10.903, que establecía el patronato de menores y ponía a los niños bajo la tutela de un juez penal. Desde entonces, cada provincia dictó su propio sistema. Aquí significó la ley provincial 12.967, de "promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes". Esta norma le quitó competencia a los juzgados de Menores (de índole penal) y habilitó a la Subsecretaría de la Niñez provincial como única autoridad que puede decidir sacar a un niño del ámbito familiar que lo agrede.

La titular de Desarrollo para la Ciudadanía enmarcó: "Hace seis años en Argentina hubo cambios importantes en la forma de ver la infancia desde la política pública. Bajo un nuevo marco legal el Estado tuvo que actuar a fin de que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades. Aquí se trata de niños privados del cuidado parental, que estén viviendo en instituciones o que la están pasando mal junto a sus familias biológicas. En cualquiera de los dos casos, el Estado interviene para asistir a ese niño y poder brindarle un lugar temporario antes de su adopción definitiva".

Dentro del nuevo paradigma que sustenta esta política, es de suponer que los 15 hogares de asilo que el Estado provincial posee --entre ellos, el polémico Hogar del Huérfano y otros cuatro en Rosario, y siete en Santa Fe-- tienen destino de transformación.

La pregunta cayó de madura: ¿El Hogar del Huérfano deberá cerrar?

-"Desde el comienzo de gestión trabajamos en la desinstitucionalización, buscando alternativas antes que internar chicos, en el Hogar del Huérfano y en todos. Dejamos de ingresarlos y de 150 pibes ahora hay apenas más de 40. Nuestro objetivo no es cerrarlo, pero si como consecuencia de la desinstitucionalización el establecimiento, que es una asociación civil, debe cerrar, eso será otra cosa. Nos ocupamos de garantizar los derechos de los chicos, no cerrar nada. No intervinimos el Hogar con la premeditación de cerrarlo. Si modifica sus prácticas, funcionará. Estas instituciones deben existir como centros de día, basta de alojamiento. Los niños pueden pasar el día en instituciones, incluidas escuelas y clubes, pero debe cenar y dormir en familia".

Familias solidarias

La gestión de Pablo Farías en la cartera de Desarrollo Social retomó el programa Familias Solidarias, que había creado la ex Secretaría de Promoción Comunitaria a cargo del actual diputado nacional obeidista Juan Carlos Forconi. "No se le había dado impulso como política de Estado y hoy es una herramienta valiosísima", ponderó Giuricich. Son personas, parejas o familias que se inscriben en el registro de la Subsecretaría de la Niñez para alojar y contener afectivamente, pero de manera temporaria, a los chicos que han sido separados de sus hogares. Una familia solidaria puede albergar a uno o más pibes, incluso hermanos. "La idea es que esta familia pueda contener al chico mientras nuestros equipos trabajan en definir si puede volver con sus padres, o con un tío o abuelo. La prioridad es que el niño esté con una familia", explicó. La meta no es quimérica: el 47 por ciento de los menores que egresan del sistema --ya sea salir del orfanato o dejar de convivir con una familia sustituta-- lo hacen porque se logró recomponer el vínculo con la familia de origen y entonces regresan en condiciones seguras.

El dispositivo trabaja para que el pibe no esté mucho más de seis meses con la familia solidaria, para evitar que se forme un lazo de cariño que al momento de la separación sume una situación traumática más para ambas partes.

Para formar parte del programa es necesario ser mayor de 25 años, tener más de dos años de residencia en Santa Fe y presentar DNI original, una fotocopia, y constancia de trabajo. Y, además, se requiere que no esté inscripta en el registro para adoptar (Ruaga). "Las situaciones son diferentes. Estos aspirantes no deben sentir necesidad de adoptar definitivamente a un niño. Deben asumir que lo alojarán, pero de manera temporal y en función del proceso que la Subsecretaría realiza en simultáneo sobre el caso", advirtió Giuricich.

El programa contempla, en caso de familias de escasos recursos, solventar los gastos que ocasione ese niño. En Rosario, se inscribe en Zeballos 1799, en la delegación de la Subsecretaría de la Niñez.

"Si no hay ninguna posibilidad de que el chico vuelva al seno familiar o con alguno de los suyos, trabajamos en función de que vaya al proceso de adopción. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de cumplir el derecho del niño a crecer con una familia, y a regularizar su situación jurídica", planteó la responsable del área. La diferencia con la vigencia del patronato es notoria. "Antes, --describió Giuricich-- el juez de Menores sacaba al chico de la casa y lo internaba en un hogar, pero nunca revisaba la medida ni controlaba la situación. Y el chico cumplía 18 años y todavía seguía internado y olvidado".

De cinco voluntarios que había el año pasado, hoy el registro cuenta 90 familias solidarias santafesinas: 44 en Rosario, 19 en Venado Tuerto, 11 en Rafaela, 10 en Santa Fe y 6 en Reconquista.

El ejemplo que alienta esperanzas en los equipos técnicos es lo sucedido en Villa Constitución, con el asilo Mi Casita. Un incendio devastó ese orfanato el 28 de marzo. Como consecuencia, murieron dos nenas de 6 y 10 años que estaban en un dormitorio, encerradas bajo llave. La tragedia precipitó el cierre definitivo del hogar. La comunidad respondió a la altura de las circunstancias y hoy los 19 sobrevivientes conviven con diferentes familias, en lugar de haber sido trasladados a otro establecimiento.

Plan B: Adopción

En busca de sacar a los pibes de los asilos, el gobierno procura que la adopción sea una solución menos burocrática de lo que lo ha sido históricamente. En la actualidad, sólo el 3 por ciento de los chicos internados está en proceso de adopción y las autoridades pretenden incrementar esa proporción.

La creación del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Ruaga) apuntó a simplificar las cosas. Hasta principios de año, quienes deseaban adoptar se enredaban en varias listas paralelas que llevaban distintos juzgados y áreas sociales del Estado. La ley 13.093, al crear el Ruaga, centralizó la inscripción bajo la órbita del Ministerio de Justicia y le quitó esa facultad a los jueces. Ese registro se actualizó entre junio y agosto, y se reabrió en setiembre.

"Ante la posibilidad de un niño en situación definitiva de adopción, quienes coordinan el Ruaga ya deben tener estudiada la situación y seleccionada la familia aspirante adecuada. Entonces presentamos ante el juez de Familia al niño o niña, y a la familia o pareja aspirante. El juez evalúa y procede al juicio de guarda pre adoptiva y, después, la adopción", completó Giuricich.