El juez Jorge Patrizi (Instrucción 8º) concluyó ayer que la catástrofe del río Salado que dejó 23 muertos, más de 100.000 personas en el desamparo y un tercio de la ciudad de Santa Fe bajo agua, no fue sólo causada por la naturaleza, sino que hubo responsabilidades humanas. Y muy concretas. Procesó por el supuesto delito de "estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas" a tres altos funcionarios de Carlos Reutemann: el ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti y el ex intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez, pero eximió de culpa y cargo a Lole. "No se encontraron elementos para sospechar" del ex gobernador, dijo el magistrado, quien consideró que después de tres años de investigación aún "no existen elementos suficientes para llamar a indagatoria" a Reutemann, y por lo tanto, pedir su desafuero al Senado de la Nación (ver aparte). Berli, Fratti y Alvarez seguirán el proceso en libertad, pero ahora el fallo abre las puertas para una lluvia de demandas de indemnización que le pueden costar a la provincia cientos de millones de pesos.

Patrizi dictó también la falta de mérito a otros siete ex funcionarios imputados en la causa. Tres del gabinete de Reutemann: el ex secretario de Obras Públicas, Carlos Gómez Galissier; el ex administrador de Vialidad Provincial, José D'Ambrosio y el ex director de Defensa Civil, Carlos Filomena. Y cuatro ex secretarios de Alvarez en la Municipalidad de Santa Fe: Juan José Maspons (Servicios Públicos), Juan Carlos Cafaratti, Jorge Bounus (Obras Públicas) y Alejandro Alvarez Oporto (Hidráulica).

Patrizi dispuso la "libertad provisional bajo promesa jurada" Berli, Fratti y Alvarez pero ordenó un embargo sobre sus bienes de 50.000 pesos a cada uno.

En un fallo de 69 páginas, el juez Patrizi confirmó que Santa Fe tenía su propia espada de Damocles ante crecidas extraordinarias del río Salado. Una brecha abierta en la defensa del oeste por la que ingresó el torrente el 29 de abril de 2003. "El principal factor de riesgo era la falta de terminación de la defensa oeste", dice el fallo. Un peligro que ya era conocido desde la crecida de 1998, cuando se realizó un cierre provisorio. Y hasta advertido en agosto de 2001, por el ex secretario de Obras Públicas, Carlos Borra, en un informe a la Cámara de Diputados de la provincia. "Existía conciencia de que el río Salado es un riesgo. El ministro de Obras Públicas estaba en conocimiento; en ese momento si el gobernador (Reutemann) tuvo conocimiento o no, no lo puede precisar, estoy hablando al 23 de agosto de 2001", dijo Borra en su declaración testimonial ante el juez.

Patrizi deslindó entonces la responsabilidades de los tres procesados. Dedicó un capítulo a Berli y Fratti. "Ellos tuvieron la posibilidad de prever la inundación, aún sin contar con datos específicos que un sistema de alerta les habría brindado en papeles, porque (lo hubieran) suplido por el conocimiento de la situación y el panorama caótico" que se vivía en la provincia, afirmó el magistrado. "Ya el día 25 (de abril de 2003) se contaban con al menos cuarenta y ocho horas de margen para intentar ejercer una efectiva defensa en la zona de calle Gorostiaga y al menos minimizar el avance abrupto de las aguas que se produciría el 29 de abril", agregó. "No hay que olvidar que según Bacchiega, Bertoni y Maza (los autores de las pericias) hasta el día 27 no pueden registrar tareas de defensa en esa zona". Por lo tanto, "el tipo subjetivo (estrago culposo agravado) se encuentra completo" en los casos de Berli y Fratti, quienes "pudieron conocer la efectividad del riesgo a través de evaluaciones que estaban al alcance de ellos por haber participado en las tareas propias de su gestión, lo que les habría permitido prever soluciones con más tiempo de anticipación al ingreso del agua el día 27", fue la conclusión del juez.

Patrizi volvió a insistir sobre la supuesta responsabilidad de Berli y Fratti al exculpar a otros dependientes de Reutemann, como Gómez Galissier, D'Ambrosio y Filomena, los tres amigos de Lole. "Hemos dicho que sus conocimientos especiales en la materia, le permitían (a Berli y Fratti) hacer una evaluación más acertada y realizar las conductas debidas con determinado tiempo de antelación, para poder prevenir o al menos minimizar los resultados de la inundación", afirmó el juez al eximir a D'Ambrosio.

"Ante una crecida del río salado, Berli y Fratti tenían conocimiento de que la falta de construcción del Tramo III, dejaba una brecha que debía cerrarse en caso de inundación, sobre calle Gorostiaga", agregó al zafar a Filomena.

"Tanto Berli, como Fratti y Alvarez conocían la efectividad del riesgo, pero omitieron tomar las previsiones necesarias para cuanto menos minimizar el daño que ocasionara la inundación. Actuaron así en forma negligente puesto que no hicieron "algo" que la prudencia aconseja hacer. A cada uno le incumbía del deber de evitar el resultado" de la catástrofe. El gobierno de Reutemann reconoció en su momento 23 muertos, pero el juez restringió la lista a 18 víctimas directas del supuesto "estrago culposo agravado" que le atribuyó a los procesados. Los otros cinco muertos serían víctimas indirectas.

El juez dijo que el ex intendente Alvarez complicó su situación en una entrevista con la emisora LT10, el mismo amanecer del 29 de abril, cuando dijo que los vecinos del oeste se quedaran tranquilos porque no se iban a inundar. "Villa del Parque es salvable... Todo el barrio Centenario, la Villa del Centenario, barrio Chalet, San Lorenzo, El Arenal, todo esto no van a tener ningún tipo de inconveniente", dijo Alvarez.