La familia de Silvia Suppo, acompañada de amigos y organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, marchó ayer por las calles de Rafaela exigiendo justicia y el esclarecimiento del crimen. Exigieron una "investigación profunda y seria, que hasta el momento le juez federal Reynaldo Rodríguez no ha concretado. Con solo mirar el expediente cualquiera se da cuenta" se quejó ayer Andrés Destefani, hijo de Silvia. Es que hace sólo unos días se conoció que el magistrado federal había decretado un falta de mérito para dos sospechados por un testigo de identidad reservada que ligaba el crimen con condenados por delitos de terrorismo de estado. La marcha también cuestionó las salidas transitorias de tres represores santafesinos, a los que acusó Suppo. "Es de mucha perversidad dejar libres a Brusa, Aebi y Ramos, ya que algún sobreviviente puede encontrarlos por la calle", agregó el hijo de la víctima.

"Seguimos sosteniendo que lo que tiene que existir es una investigación a la altura de las circunstancias que hasta el momento no se ha dado" dijo ayer Andrés. "Cuestionamos la decisión del juez Rodríguez porque creemos que con una diligencia bastante superficial se ha dedicado a establecer la situación procesal de estos dos implicados por el testigo encubierto más que a determinar quien cometió el asesinato de mi madre, material e intelectual", afirmó.

De igual manera, el hijo de Suppo afirmó que "no nos sorprende esta resolución porque la falta de mérito ya la había dictado el juez de instrucción provincial Alejandro Mognaschi, por lo que se había llegado a la Corte Suprema de la Nación, que le ordenó al juez Rodríguez que abriera una investigación profunda para esclarecer el hecho. Sin embargo, esta investigación no existió nunca, con solo mirar el expediente uno puede darse cuenta que esta investigación seria nunca existió".

Como ejemplo, Destefani apuntó que "los dos lavacoches dijeron que tomaron un remís para dejar el comercio de mi madre, y nunca pudieron encontrarlo a pesar de que en Rafaela hay solo cinco remiserías. El joven también recordó que "Cóceres y Sosa (los dos supuestos autores) se autoinculparon, mientras las pruebas recogidas hacen insustentable la hipótesis de robo seguida de muerte. Esto no tiene correlato con la reconstrucción del hecho: los cuchillos con los que dijeron que le dieron nueve puñaladas a mi madre no tiene sangre ni sus huellas digitales. Tampoco encontraron una huella de ellos en el local, ni siquiera una de mi madre, de igual modo no hubo un solo testigo que los viera entrar o salir a los supuestos homicidas. Es más, hay gente que estuvo en el lugar a esa hora y nunca fue citada a declarar. Todo esto hace que no nos cierre la hipótesis del robo".

La familia de Suppo exigió entonces "pruebas contundentes y concretas que hoy no tenemos". De igual modo, Andrés remarcó que "seguir sosteniendo que fue un robo seguido de muerte tiene implicancias políticas, --por la calidad de testigo que exhibía su madre-- por lo cual la justicia tiene que ser rigurosa, queremos una investigación profunda, queremos que accedan a investigar con grupo técnico científico de Buenos Aires".

En este mismo sentido se expresó ayer el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, que repudió la decisión del juez paranaense Roberto López Arango y los conjueces santafesinos, Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus de otorgar a partir del 29 de diciembre pasado el beneficio de salidas transitorias quincenales al ex juez federal Víctor Brusa, al ex policía Eduardo Curro Ramos y a la ex guardiacárcel María Eva Aebi, condenados a entre 19 y 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

"Todo esto reafirma lo que venimos sosteniendo desde un inicio: Silvia Suppo fue asesinada por razones políticas y sus asesinos viven impunes gracias a la connivencia de policías, jueces y civiles. Confirma que las estructuras represivas aun no fueron desmanteladas", dijeron desde el espacio.