En su primera alusión directa y puntual sobre el panorama impositivo de la provincia, el gobernador Antonio Bonfatti tocó la cuerda que afina más cerca del tono que sostiene la oposición, concretamente el Frente para la Victoria. Guardó el concepto de reforma tributaria y sólo fue explícito en su propósito de aumentar el impuesto inmobiliario rural, tributo sobre el que todos coinciden que está atrasadísimo. Enfrente, el presidente de Diputados, Luis Rubeo, aguarda que el oficialismo lo llame para empezar a discutirlo pero desde luego que es un tema que el kirchnerismo acepta conversar porque -recuerdan- apunta al gravamen que ellos sí querían actualizar antes que Ingresos Brutos, cuando la gestión anterior del Frente Progresista intentó y fracasó en la Legislatura en dos ocasiones.

El promedio de los avalúos fiscales de inmuebles rurales en Santa Fe le asigna un valor de entre 113 y 160 pesos por hectárea. En el mejor de los casos, en zonas donde la tierra es más rica, esa cotización fiscal de la cual se construye la base imponible asciende tan sólo a un valor de 600 dólares por hectárea. En la vida real, el precio de la tierra empieza a partir de los 12.000 dólares, al menos desde el centro de la Bota hacia el sur.

En esas condiciones, de los 7.238 millones de pesos que el fisco recaudó el año pasado por impuestos, 567 millones (7,83%) correspondieron al Inmobiliario, rural y urbano. Muy poco para un tributo que permite la progresividad y que no impacta sobre el consumo, coinciden oficialistas y opositores. Además, la mitad de esa torta se coparticipa a municipios y comunas, lo que representa otra virtud de su naturaleza. Como referencia, basta señalar que sólo la renovación de la red eléctrica en el centro rosarino insumiría más de 360 millones de pesos.

De lo recaudado en 2011, el 71 por ciento lo aportó Ingresos Brutos ($5.133 millones), en Sellos se colectó el 12 por ciento ($873,5 millones), y Patente explicó el 8,9% del total ($644 millones). El 90% de este último impuesto se coparticipa entre ciudades y pueblos.

Entonces Bonfatti blanqueó que sus economistas estudian aumentar los impuestos, pero hizo foco puntual en el que atañe a las propiedades agrícolo ganaderas. "La provincia necesita mayores ingresos, y nunca los incrementos salariales están incluidos en el presupuesto", explicó. El año pasado, el aumento de sueldos a la administración pública significó una erogación extra de $3.426 millones.

"El Inmobiliario está sumamente atrasado, representa el 7 por ciento de los ingresos de la provincia, lo cual es irrisorio en contraste con el valor de la hectárea. Si lo comparamos con otra época, creemos que es uno de los impuestos que hay que modificar", señaló el mandatario ayer por LT8. Bonfatti aclaró que "por ahora no estamos hablando de reforma tributaria, sólo de un incremento de impuestos". Y dijo que no está decidido todavía si el retoque alcanzará también al inmobiliario urbano.

El vicegobernador Jorge Henn había adelantado un puente la semana pasada para "instalar la reforma tributaria en la agenda de los partidos políticos". Pero el jefe de los diputados socialistas, Raúl Lamberto, tomó distancia y en declaraciones a Rosario/12 en su edición de ayer aclaró que "no hay una mesa de diálogo con la oposición sobre ese tema". Y expuso que sin el acuerdo del PJ, intentar la reforma otra vez sería "un salto al vacío". En cambio, sí valoró la posibilidad de "actualizar impuestos que están muy atrasados, como el Inmobiliario Rural". Por el impacto que esa recaudación tiene sobre municipios y comunas, Lamberto entrevió que esa alternativa es más factible. Ayer Bonfatti pareció transitar en el mismo sentido.

Consultado por este diario, Luis Rubeo dijo: "Nadie del oficialismo me vino a hablar" para discutir impuestos. "Nuestra posición histórica es que el que más tiene más tiene que pagar, pero no sólo sobre la industria, sino sobre toda la base imponible. En 2008 y 2009 veníamos de una crisis mundial y no podíamos permitir cargar a la industria, porque iba a repercutir en el empleo. Con el Inmobiliario Rural es otra cosa, debería actualizarse, pero es necesario debatir. Hay que garantizar recursos para la Provincia, pero también para municipios y comunas", dijo el legislador kirchnerista y dejó su teléfono abierto, a la espera de la propuesta que hasta ahora se declama a través de la prensa.

El diputado obeidista Mario Lacava planteó que antes de debatir la iniciativa oficial, quiere saber "qué pasó con lo que se recaudó y qué va a pasar con lo que se recaudará, porque el presupuesto es de 34 mil millones de pesos, se ha fijado un gasto extremadamente alto y debemos ser responsables". Igual coincidió en que el gravamen rural está atrasado, pero distinguió que "la alícuota se ha modificado, en cambio lo que no se aumentó ha sido la valuación fiscal y eso sí está desactualizado".

Sobre este punto reparó el kirchnerista rafaelino Ricardo Peirone, ex titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados. "Las alícuotas son correctas, tienen sentido progresivo, pero lo que hay que trabajar es el avalúo fiscal. Hace poco el gobierno aumentó 20% la alícuota de Ingresos Brutos para grandes contribuyentes, pero eso es seguir gravando el consumo porque impacta en los precios. El Inmobiliario no se traslada a los precios, por eso es viable y necesario actualizarlo, máxime en esta coyuntura en la que hoy a los productores les está yendo mejor y no pierden plata", dijo el ex diputado. Y esta vez compartió con el oficialismo que "sigue habiendo desigualdades como en el caso de las grandes aceiteras que no pagan ni un peso de Ingresos Brutos y el almacén de la esquina sí".

Desde Unión PRO Federal, el diputado provincial Federico Angelini también se allanó a la idea de "estudiar una reforma tributaria", pero -como el justicialista Lacava- pidió "que el Gobierno muestre los números reales". El legislador reprochó que "el Presupuesto 2011 preveía superávit y terminó arrojando un déficit de 1.500 millones, hay deudas con municipios y comunas, con contratistas, con proveedores, y muchas obras públicas están paradas por demoras en los pagos. Además, como no sucedía desde hacía décadas, se retrasó por segundo mes consecutivo el pago de haberes a empleados, jubilados y pensionados".

Angelini se manifestó de acuerdo con "nivelar asimetrías", pero en contra de "aumentar los impuestos sólo para tapar los baches de una mala administración", cargó.