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La justicia federal rosarina comenzó ayer un nuevo juicio por trata de personas: la causa comenzó en los primeros días de junio de 2010. La Policía Federal y la División contra la Trata de Personas por orden de la justicia federal de San Nicolás allanó una vivienda de Pergamino, ante la denuncia del gobierno local por el funcionamiento de un prostíbulo privado. En su interior fueron rescatadas dos menores de edad: una de origen paraguayo de 16 años y otra de 17 oriunda de San Nicolás que vivía en la propiedad junto a su hijo de dos años. Hay cuatro acusados por el delito de trata de personas por explotación sexual agravada porque ser menores.

"Lo importante es que se empieza a tener claro lo que es el ejercicio permitido de la prostitución cuando es libre, de aquel otro perfil en los que es una forma de esclavitud, donde las víctimas pierden su libertad, porque normalmente estas mujeres están en situación de vulnerabilidad, proviene de familias de bajos recursos, con muchas necesidades, donde la explotación hacen que dependan de quienes la tienen sometida, porque el dinero lo manejan los dueños del prostíbulo y les hacen descuento por todo: la habitación, los profilácticos, la comida y casi siempre terminan debiendo y siguen así sometidas porque deben plata", explicó la fiscal federal Mabel Colalongo.

A la joven guaraní la trajeron con engaños a los padres, que firmaron el consentimiento para que salga de su país, pero ni bien llego a Argentina, la llevaron a Pergamino, donde es explotada sexualmente.

Los movimientos de las jóvenes eran celosamente vigilados: cuando prestaban servicios sexuales fuera de la propiedad de calle Pinto, un joven las acompañaba, que era el hijo de la principal acusada de apellido Espíndola. Pero el gran cepo que tenían las jóvenes era las deudas económicas: los servicios se cobraban 200 pesos, la mitad era para la mujer que las explotaba que además les descontaba 20 pesos de comida, 50 pesos la habitación y 10 por el uso de preservativos. Y les retenían los DNI.

Cómo se descubre este lupanar: por una denuncia del intendente Héctor "Cachi" Gutiérrez, quien declaró ayer. Había sido denunciado en 2009 por la monja Martha Pelloni como "uno de los principales consumidores de menores paraguayas esclavizadas en un local de Pergamino con un nombre emblemático Spartacus".

Por eso gran parte del cuestionario de los jueces Laura Cosidoy, Ricardo Vázquez, y Otmar Paulucci -tanto a Gutiérrrez como a su secretario de Comercio e Industria- fue el motivo por el que denunciaron a este local que publicaba avisos en los diarios de la zona, y no a los restantes locales que tenían similar conducta. "Por las denuncias de vecinos" argumentaron. La denuncia de Pelloni no pudo ser probada en la justicia.