Desde Santa Fe

El gobierno retiró ayer los pliegos de dos ex funcionarios de Hermes Binner que pretendían pasar a la justicia, los abogados Eduardo Fajardo (como fiscal regional de Venado Tuerto) y Mariano Mascioli (defensor regional de Venado Tuerto), ante la certeza de que ambos serían rechazados por la Asamblea Legislativa prevista para hoy, a las 15. El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Jorge Henn, solicitó el retiro de los pliegos a las 11 de la mañana, siete horas antes de la entrevista que Fajardo y Mascioli tenían con la comisión de Acuerdos, a las 18, que quedó sin efecto. Los legisladores de la comisión ya estaban anoticiados de que la Casa Gris desistiría de ambas designaciones porque se los dijo el ministro de Justicia, Juan Lewis, el martes a la tarde, cuando les pidió una reunión urgente -que se realizó en el Senado﷓ y les anunció que retiraría las dos propuestas.

Fajardo fue director provincial de Capacitación Penitenciaria del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Binner. Lo designó el ex ministro Daniel Cuenca y siguió con el sucesor, Alvaro Gaviola. Mientras que Mariano Mascioli es abogado del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sobrino político del ex ministro Héctor Superti.

El pedido de Lewis de una reunión urgente tomó por sorpresa al presidente de la comisión, senador Ricardo Kaufmann, que no tuvo otra que convocar a sus pares por un SMS. "Señores legisladores. Por disposición del presidente, citamos a una reunión solicitada por el ministro de Justicia, el martes 15, a las 18, en la Presidencia del Senado. Saludos", se podía leer en el mensaje de texto. La reunión se extendió casi una hora y cuando Lewis confirmó que los pliegos de Fajardo y Mascioli serían rechazados por la mayoría justicialista, anunció que el Poder Ejecutivo solicitaría su retiro, como ocurrió ayer a la mañana. El mensaje 4016 que desiste de las designaciones está firmado por Henn y el ministro de Gobierno, Rubén Galassi.

El presidente de la comisión de Acuerdos y varios legisladores del PJ recibieron a Lewis con las observaciones al pliego de Fajardo sobre la mesa. Un dossier de 50 páginas que el fiscal de Cámaras de Venado Tuerto, Fernando Palmolelli, presentó en la mesa de entradas del Senado. Uno de los escritos impugna el nombramiento de Fajardo como fiscal regional de Venado Tuerto y otro denuncia las "irregularidades" que se cometieron en el concurso que ganó el postulante, a las que Palmolelli consideró de "gravedad institucional", dice el documento al que tuvo acceso Rosario/12. El concurso se realizó en setiembre último y el tribunal fue presidido por el director provincial de Anticorrupción y Transparencia del Estado, Paulo Friguglietti e integrado por el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, entre otros.

El fiscal Palmolelli advirtió que Fajardo "no cumple con los requisitos constitucionales y legales" para acceder al cargo propuesto. El artículo 17 de la ley 13.013 dispone que "los fiscales regionales deberán reunir las mismas condiciones que para ser fiscal general" y el artículo 14 que "el fiscal general deberá reunir las condiciones previstas en la Constitución para ser fiscal de Estado". Y "para ser fiscal de Estado se debe reunir las condiciones requeridas para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia: poseer título de abogado y tener por lo menos 30 años de edad, diez de ejercicio de la profesión de abogado o de la magistratura y dos años de residencia inmediata en la provincia". "Fajardo, con el mayor de los respetos, es un mero empleado judicial que nunca ejerció la profesión de abogado y nunca estuvo inscripto en la matrícula de un colegio profesional ni mucho menos ejerció la magistratura, tal cual estipula el artículo 85 de la Constitución Provincial, por lo que la propuesta es inviable desde el punto de vista constitucional para que la Asamblea Legislativa aprueba su pliego".

Palmolelli recordó que el Código Penal (artículo 253) castiga "al funcionario que propusiere o nombrare en un cargo público" a una persona que no cumpla los "requisitos legales" y a quien aceptara el cargo.

El impugnante ofreció pruebas de lo que consideró un concurso amañado. "La inflación de los antecedentes del doctor Fajardo es manifiesta y ostensible y también resulta extremadamente grosera. Esto podría llamarse desviación de poder, un caso de ilegitimidad por quebrantamiento del fin a que debe responder un acto público, porque no ha sido el interés general el que se ha privilegiado sino el interés individual del doctor Fajardo o si se quiere de un grupo que conforma un Club de Amigos Universitarios. Basta remitirnos al legajo del doctor Fajardo para comprobar lo dicho", agregó Palmolelli.