El objetivo del peronismo es hacerle pagar el más alto costo político al gobierno por las marchas y contramarchas en torno a la Reforma Tributaria. El del Gobierno es que salga aprobada la herramienta que le permitirá mantener la solvencia económica aun en un período de franca retracción como el que se advierte. Para uno y otro objetivo hay operaciones en marcha, y los senadores del Partido Justicialista ya han salido a los medios a proclamar la necesidad de que "el Poder Ejecutivo retire el proyecto que no prosperó y envíe uno nuevo detallando que impuestos quiere aumentar", dijo a Rosario/12 el titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara alta, Alcides Calvo. Su colega Miguel Lifschitz, único Senador del Partido Socialista, ha trabajado con sus colegas radicales para evitarle ese costo a Antonio Bonfatti, y sobre el fin de semana se ha consensuado en la bancada del Frente Amplio Progesista un texto final -restan algunos retoques- que será ofrecido al Senado como "producto terminado".

Ciertamente se introdujeron modificaciones al texto original, lo cual satisface a los radicales, y en principio contaría con el apoyo necesario de la bancada peronista para su aprobación. Lo que resta saber es si al peronismo le interesa más que Bonfatti pague un costo más alto, o el clamor de sus intendentes que esperan la aprobación para acomodar sus finanzas. En definitiva, hay un nuevo proyecto, que lo presentará Lifschitz, Felipe Michlig u otro senador de la UCR. Lo que resta saber es si eso será suficiente para los legisladores opositores o si pretenden esmerilar al gobierno con cuestiones formales más propias de épocas de campañas electorales.

"El Poder Ejecutivo no tiene en mente mandar un nuevo proyecto", dijo a Rosario/12 un funcionario de primera línea del gobierno. "Además, no hubo un pedido formal, son especulaciones que lógicamente hacen los senadores del peronismo por algunas diferencias que ya se han superado dentro del bloque del FAP", sostuvo la fuente que adelantó que "el peronismo tiene buena predisposición y las correcciones que se van a realizar parecen ser suficientes".

Las "correcciones" tienen un par de aspectos fundamentales, que permitieron encolumnar al bloque oficialista después de algunos intentos fallidos.

El primer aspecto, y más importante, es morigerar el incremento del avalúo de tal modo que no impacte en el aporte de los contribuyentes sobre bienes personales y ganancias presuntas. Sobre todo en el inmobiliario urbano, aunque también en el rural. Una variante sería la implementación de valores "fictos" para esos tributos y la Ley de Sellos, pero no para otros, como por ejemplo los que recauda la Nación.

Otro punto relevante sería incorporar a las industrias cuya facturación anual supere los 50 millones de pesos con un tributo del 0,5 por ciento, que sería destinado a un Fondo de Obras Públicas.

También está previsto un incremento de medio punto (pasaría de 5,5 a 6 por ciento) el tributo que se cobra a entidades bancarias y financieras que no tengan sede central en la provincia.

Además, hay una serie de pequeños retoques tendientes a mantener los objetivos recaudatorios trazados en los orígenes de esta "mini-reforma", que lejos está de producir un cambio significativo en el régimen tributario, a todas luces inequitativo, que sobrevive en la provincia.

Los discursos de campaña -aun de los opositores- hicieron eje en cambiar el panorama y dotar a Santa Fe de un esquema más justo, sobre todo en esta zona de rentas extraordinarias a productores que han hecho del llanto su himno nacional. Pero se está dando un paso, aunque pequeño, en esa dirección. Habrá que ver ahora -y será a lo largo de la semana que comienza- cuáles son las prioridades de las diferentes bancadas y hasta dónde esta dispuesto a ceder el Poder Ejecutivo para que se apruebe una herramienta que le permitirá transitar el 2012 sin sobresaltos.