Desde Santa Fe

El gobierno de Antonio Bonfatti logró desactivar ayer un conflicto por la paralización de una de sus obras emblemáticas en la ciudad de Santa Fe y dejar sin efecto el despido de los 150 obreros que trabajan en el obrador, con la promesa de que esta semana saldará parte de la deuda que tiene con la empresa contratista Dycasa SA, que ronda los 6 millones y medio de pesos, aunque fuentes gremiales aseguran que es el doble. "La gente no quedará en la calle", ratificó el ministro de Obras Públicas, Julio Schneider tras recibir en su despacho a dirigentes de la Uocra, que encabezaron una marcha hasta la Casa Gris en repudio a los despidos. La protesta convocó a más 2.000 personas. "Espero que la promesa se cumpla", dijo después el líder del gremio, Emanuel Araya, al hablar ante los trabajadores reunidos en la plaza de Mayo. "Lo más importante es que 150 compañeros y sus familias recuperaron su trabajo y la dignidad", planteó el sindicalista.

El conflicto entre el gobierno y la Cámara Argentina de la Construcción por el atraso en el pago de obras públicas viene de antes. Pero se agudizó el lunes a la mañana, cuando la empresa Dycasa paralizó la construcción del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemafé), frente al puerto de Santa Fe y a dos cuadras del microcentro, y echó a los 150 trabajadores del obrador. Inmediatamente, los obreros cortaron las dos manos de la avenida 27 de Febrero y anunciaron una marcha a la Casa de Gobierno, que se concretó ayer.

La decisión de Dycasa sorprendió al gobierno, tanto que el lunes a la tarde, cuando los obreros echados aún estaban en el piquete, el propio ministro Schneider aseguró que la empresa había aceptado un cronograma de pagos para saldar parte de la deuda y dejaba sin efecto los despidos. "Entiendo que el conflicto está en vías de solucionarse", abundó el funcionario.

Sin embargo, ayer a la mañana, y a pesar del anuncio oficial, los trabajadores de la Uocra se movilizaron hasta la plaza de Mayo en repudio a los despidos. Y nuevamente, Schneider volvió a poner la cara, les abrió las puertas de su despacho a los dirigentes que encabezaron la protesta -﷓entre ellos Araya-﷓ y ratificó lo que había dicho el día anterior: la obra no se paralizará y no habrá despidos. "El Cemafe es una obra emblemática, prioritaria para el gobierno, y nos interesa terminar esta primera etapa de la estructura de hormigón. Seguramente, vamos a llegar a un acuerdo con la empresa para continuarla a un ritmo que la provincia pueda cancelar los certificados", sostuvo el ministro.

La marcha de la Uocra fue masiva. Convocó a más de 2.000 personas, aunque la Policía estimó que eran más de 800. Si esto fuera así, los organizadores habrían llevado una bomba de estruendo por cada manifestante. Quizás no explotaron todas, pero sí las suficientes para meter ruido en la Casa Gris, sobre todo en los corredores, donde los estallidos ensordecían. Afuera, quedó la batería de morteros y un camión cargado con neumáticos viejos y listos para quemar, aunque --finalmente﷓- no ardieron. Durante toda la protesta, la Casa de Gobierno fue protegida por un operativo de seguridad que desplegó patrulleros, policías a caballo, un pelotón de perros y una autobomba.

Tras la reunión con el ministro de Obras Públicas, Araya salió con la promesa de que Dycasa había dejado sin efecto las 150 cesantías. Aunque advirtió que si el gobierno no regulariza los pagos de las obras públicas "la situación se puede complicar y mucho, porque habrá más despidos. Si esto sigue así, creo que las empresas van a empezar a echar gente", afirmó.

Según Araya, "la deuda del gobierno con Dycasa se remonta al año pasado" y la estimó en 13 millones de pesos. Más tarde el ministro de Obras Públicas lo negó. "No es así", planteó Schneider. "Nos queda algún saldo de noviembre de 2011, pero esta semana lo vamos a cancelar junto con los meses de diciembre y enero. Esto será un primer tramo. A partir de ahí y hasta octubre de este año (se abonarán) los certificados de febrero y marzo", explicó.