Los Tribunales Federales de Rosario recibirán hoy el anhelo de justicia de 35 años de militantes de San Nicolás, que bregaron ﷓muchas veces en total soledad﷓ para que se juzgaran los delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad del norte bonaerense. Las cuestiones de la jurisdicción judicial hacen que sea Rosario la ciudad en la que se juzgue uno de los episodios más inenarrables del horror de la última dictadura militar: la masacre de la calle Juan B. Justo, ocurrida el 19 de noviembre de 1976 en San Nicolás. Allí, en la casa que tenía el número 676, entraron militares junto a policías federales y bonaerenses a los tiros. Adentro estaban Omar Amestoy y su esposa, María del Carmen Fettolini, con sus hijos Fernando, de 3 años y María Eugenia, de 5. También estaba Ana del Carmen Granada, que atinó a envolver en un colchón a su hijo Manuel de 5 meses, y esconderlo en un placard. Aquel bebé, Manuel Goncalves Granada, fue apropiado y entregado en adopción a otra familia, recuperó su identidad a los 19 años y hoy es querellante de esta causa que tenía fecha de comienzo el 29 de agosto del año pasado. La causa que se inicia hoy juzgará también la desaparición de María Regina Spotti, María Rosa Baronio, Eduardo Luis Reale, María Cristina Alvira y Rosa Raquel Alvira, Horacio Arístides Martínez y Carlos Fernando Alvira. También se juzgará la privación ilegal de la libertad de José Emilio Mastrobernardino, en abril de 1977.

"Juicio y castigo a genocidas, 7 kilómetros", dirá el cartel azul, símil a uno de tránsito, que se instalará hoy, a las 8.30, en Oroño al 6200, en la entrada de Rosario por la autopista a Buenos Aires. Desde allí, a esa hora, partirá una ruidosa y colorida caravana del espacio Juicio y Castigo, con personas llegadas desde San Nicolás, Paraná, Ramallo, Capital Federal y otros lugares del país para presenciar el inicio del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad de San Nicolás.

El proceso comenzará a las 9.30 en los Tribunales Federales de Oroño 940. Los imputados son el coronel Manuel Fernando Saint Amant, que fuera jefe del área militar 132 del Primer Cuerpo de Ejército, Antonio Federico Bossie, que era mayor de la misma área y Jorge Muñoz, que fue jefe de la delegación de la Policía Federal en San Nicolás.

El tribunal oral federal número 2, integrado por Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, será responsable del juicio, y la acusación pública estará a cargo de Adriana Saccone junto al fiscal de San Nicolás, Juan Murray. La querella la integran Ana Oberlin, Lucas Ciarnello y Alvaro Baella, abogados de la agrupación Hijos, en representación de Manuel Goncalves Granada y Alfredo Amestoy, como así también de Víctor Almada (esposo de Spotti), Fernando y Adriana Alvira y Beatriz Baronio, hermana de María Rosa. También la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación será querellante, representada por Carolina Ibañez.

La abogada Oberlin lamentó que sólo hayan llegado al banquillo de los acusados tres de los máximos responsables de la masacre, y únicamente Saint Amant por los otros hechos, ya que otros acusados fueron muriendo. "Hay una especie de impunidad biológica", dijo la profesional, quien recordó que Saint Amant, máximo responsable de la represión en San Nicolás recurrió al artilugio de declararse incapaz para enfrentar un juicio, con la anuencia del Cuerpo Médico Forense. Justamente, la querella pidió una nueva evaluación médica, a cargo de peritos imparciales, integrantes de asociaciones profesionales, y pudo establecerse que el acusado está en perfectas condiciones de afrontar el proceso.