Por decisión del ministerio de Seguridad, el jefe de la Unidad Regional IX de la policía provincial, Daniel Wilhjem, pasó a disponibilidad a cuatro efectivos policiales de la comisaría de Florencia, tras la denuncia por torturas presentada por los jóvenes Roberto Valenzuela, Lucio Prieto y Martín Gómez, de entre 18 y 20 años, a quienes a mediados de mayo les hicieron reconocer la autoría de delitos a través de apremios con picana eléctrica, golpes y submarino seco. La semana pasada, la dirección de Asuntos Internos de la policía elevó su informe sobre lo ocurrido, lo que precipitó las decisiones políticas. "El miércoles presentamos esa investigación al juez de instrucción de Reconquista, Virgilio Palud, pero al margen de la investigación judicial, que deberá definir las responsabilidades penales, nosotros evaluamos que existen responsabilidades administrativas autónomas, de inmediata resolución", indicó Matías Drivet, Secretario de Control de Seguridad del Ministerio.

En su oportunidad, la denuncia de los tres jóvenes fue acompañada por el defensor general Gabriel Ganón y el diputado provincial Eduardo Toniolli, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías. Para Ganón, se trató de un hecho de "extrema gravedad institucional". El ministerio de Seguridad definió la semana pasada pasar a disponibilidad a Pablo Fantín, así como al comisario de Florencia y a otros dos efectivos, cuyos nombres no hizo públicos. "Hay desprolijidades evidentes, además de contar con cinco relatos coincidentes. Si el juez llama o no a indagatoria a los efectivos, es un resorte que excede a la autoridad administrativa. Mientras tanto, estamos dando una clara señal de que no existe ninguna connivencia del poder político y además, queremos impedir cualquier obstáculo a la investigación judicial en marcha", apuntó Drivet.

La decisión del ministerio de Seguridad de pasar a disponibilidad se debió al informe de Asuntos Internos, y por una cuestión de formalidad, fue el jefe de la Unidad Regional 9 el encargado de tomar la medida. La jefatura de policía provincial debe confirmarla, mientras continúan las investigaciones tanto administrativa como judicial en marcha.

A partir de esta medida, los cuatro efectivos fueron despojados de su chapa y del arma reglamentaria, y tienen derecho a mantener hasta el 70 por ciento de su salario mientras se terminen las investigaciones.

Justamente, la actuación de Palud es un punto conflictivo, ya que los jóvenes fueron procesados por los delitos que habían "confesado" producto de los apremios ilegales, y con marcas evidentes de torturas, sin que el magistrado diera intervención a la defensora oficial. En su momento, Palud hizo caso omiso a las denuncias de los tres detenidos sobre las torturas que habían sufrido.