Desde Santa Fe

El gobernador Antonio Bonfatti vetará la ley que declaró a Santa Fe en emergencia en seguridad. "Si hay normas que invaden las competencias del Poder Ejecutivo no va a quedar otro camino que el veto", anunció el ministro de Gobierno, Rubén Galassi. Una de las cláusulas que más impactó en la Casa Gris es la que ordena remover de sus cargos "en forma inmediata" a los jefes policiales investigados en sede administrativa o judicial, lo que obligaría a Bonfatti a desplazar al jefe de Policía de la provincia, Cristian Sola y al subjefe, José Luis Romitti, a quienes la Dirección de Asuntos Internos les abrió un expediente para investigar su patrimonio por una denuncia anónima de supuesto enriquecimiento ilícito. Ambos fueron designados horas después de la renuncia de su antecesor, Hugo Tognoli, hoy preso en una causa por narcotráfico.

Galassi anticipó que el gobierno analizará "artículo por artículo" la ley sancionada el jueves por la Legislatura, con el voto del PJ y el Pro y el rechazo del socialismo y la UCR. "Si hay invasión de las atribuciones que son propias del Poder Ejecutivo vamos a vetar", afirmó el ministro. "Si hay normas que invaden las competencias del PE no va a quedar otro camino que el veto. De la misma manera que nosotros no resolvemos por decreto lo que debe resolverse por ley porque eso es facultad del Poder Legislativo, también hay facultades que son indelegables del Ejecutivo".

Dos cláusulas preocupan en la Casa Gris. Una es la que "ordena" apartar "en forma inmediata" a los jefes policiales investigados (artículo 2, inciso "v"), entre ellos Sola y Romiti. Y la otra, es la creación de una Comisión Bicameral de Seguridad Pública, integrada por las comisiones de Seguridad del Senado y la Cámara de Diputados, que tendrá el "control y supervisión" de la ley (artículo 12).

Ya en el debate del jueves, los diputados del Frente Progresista advirtieron que la norma que dispone la purga policial afecta garantías constitucionales. "Una denuncia anónima puede descabezar cualquier cúpula policial de un territorio. ¿Y quién mide si una denuncia es fundada o irresponsable? Porque ante el solo hecho de la sospecha, este artículo obliga al pase a retiro y a la disponibilidad. No es un tema menor", dijo el radical Santiago Mascheroni. Y su colega del socialismo, Inés Bertero, dijo que separar de sus cargos a jefes policiales bajo sospecha pero sin pruebas es "una pena anticipada que afecta el principio de inocencia".

Ayer, el ministro Galassi planteó lo mismo. "Quiero recordar que vivimos en un país que respeta los derechos y las garantías. No puede ser que por cualquier anónimo tengamos que correr funcionarios. En la medida que haya fundamentos, nosotros no necesitamos una ley para pasar a disponibilidad a policías. En lo que va de este año, hemos pasado a disponibilidad a 150 efectivos. No podemos guiarnos por denuncias anónimas", apuntó.

"Se confunde e insiste en la cuestión de que los jefes policiales deben ser separados de la fuerza. Creemos que esto deberß ser administrado en la medida en que estén las denuncias con algún grado de prueba. Porque transformar esto en una caza de brujas no corresponde y tampoco poner a todos los jefes policiales en situación de duda respecto a enriquecimiento ilícito y complicidades. Para eso está la justicia, creemos que la ley no puede avanzar en estas cuestiones de fondo", remarcó la diputada Bertero.