Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe que juzga a la patota del norte, el grupo de tareas que operó en la III Brigada Aérea de Reconquista, deberá resolver hoy un pedido de la defensa para suspender el juicio por la recusación de los tres jueces: José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Otmar Paulucci. El planteo ya es un clásico del abogado Gonzalo Miño -defensor de uno de los imputados, Carlos Nickisch-, que lo intentó en otros procesos: cuando defendió al ex jefe del II Cuerpo, general Ramón Jenaro Díaz Bessone, o cuando asistió al ex agente secreto del Ejército Juan José Luis Gil, condenado a cinco años de cárcel por amenazar y coaccionar -﷓precisamente﷓- a las víctimas de los represores de Reconquista, que hoy están en el banquillo y a los funcionarios judiciales que los investigaban.

El operativo para suspender el juicio viene desde fines de junio, cuando el otro abogado de Nickisch, Mauricio Bonchini, recusó a Escobar Cello, Vella y Paulucci. Bonchini también compartió la defensa de Gil con su colega Miño. Otra coincidencia.

El 5 de julio, el Tribunal rechazó la recusación por "improcedente". Y luego, un segundo Tribunal designado por la Cámara de Casación Penal, "al sólo efecto de resolver la recusación planteada" por Bonchini, resolvió en el mismo sentido: rechazó la recusación por "improcedente". Bonchini apeló entonces ante la Cámara de Casación Penal y el incidente quedó radicado ante la Sala II, que aún no decidió.

El lunes 19, antes de la primera audiencia, Bonchini volvió a pedir que se suspenda el juicio, con el argumento de que el rechazo de la recusación "no está firme". El Tribunal dictó la resolución 372/12 que desestimó la solicitud y la fundamentó en el artículo 62 del Código Procesal Penal de la Nación: "Si el juez fuere recusado y no admitiere la causal, siendo manifestamente los hechos que se alegan, continuará la investigación aún durante el trámite del incidente". Por lo tanto, interpretó el Tribunal, "no existen impedimentos procesales que justifiquen" suspender el juicio.

En la audiencia del martes, en las cuestiones preliminares, Miño planteó la "nulidad" de la resolución 372/12 porque no había sido notificada a las partes. "Un juicio apurado no puede violentar garantías constitucionales. Debe suspenderse el debate", dijo. Y agregó una dosis de sobreactuación: "No se trata de cuestiones dilatorias ni chicanas baratas, sino de un debido proceso y un tribunal imparcial".

"El juicio debe ser suspendido hasta tanto la Cámara de Casación Penal resuelva la recusación de los jueces Escobar Cello, Vella y Paulucci, porque de lo contrario es nulo. La arbitrariedad no debe disfrazarse de justicia", insistió Miño.

El planteo recibió la adhesión del defensor oficial Germán Artola, que patrocina al ex jefe del centro clandestino que operaba en la III Brigada Aérea, Danilo Sambuelli, y de su colega Luis Ferreyra Viramonte, que defiende al mayor Jorge Alberto Benítez, camarada de Sambuelli. "Entendemos que la resolución 372/12 es nula", dijo Artola.

El defensor de Sambuelli pidió también la "nulidad" de acusaciones que pesan contra su cliente: impugnó el testimonio de 18 de las 40 víctimas que lo denuncian, menos una: Griselda Pratto, quien tenía 16 años cuando fue secuestrada en febrero de 1977 y sometida a la esclavitud sexual durante un mes en la III Brigada Aérea de Reconquista. Pratto identificó a sus violadores: Sambuelli, Nickisch y el policía Arnaldo Neuman, otro de los imputados en el juicio.

Sambuelli era el jefe de Inteligencia de la Base Aérea y después del golpe del 24 de marzo de 1976, interventor de facto de la Municipalidad de Reconquista. Benítez, interventor de la Unidad Regional 9 de Policía. El comisario Nickisch jefe de Informaciones de la Policía santafesina (el tristemente célebre D-2). Neuman, Rubén Molina, Horacio Machuca y Eduardo Luque completaban el grupo de tareas. Todos están acusados por "privación ilegítima de la libertad" y "tormentos agravados" entre diez y cuarenta casos, pero cuatro de ellos (Sambuelli, Nickisch, Molina y Machuca) deberán responder también por el delito de violación a Griselda Pratto y a su hermana mayor, Luisa.

El juicio es el primero en la provincia y el segundo en el país que juzgará los abusos sexuales en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad y parte del plan sistemático del terrorismo de Estado. Pero también tiene otra característica: los defensores duplican en número a los acusadores. El Ministerio Público está representado por los fiscales Martín Suárez Faisal y Roberto Salum. La querella por la abogada Lucila Puyol y su colega Iván Bordón. Y los defensores son nueve: Artola y el defensor oficial Fernándo Sánchez (patrocinan a Sambuelli), la dupla Miño-Bonchini (a Nickisch), Andrés Ghío y Oscar Vázquez (a Neuman), Ghío y Ferreyra Viramonte (a Benítez), Ricardo Degoumois (a Molina y Machuca) y Claudio Torres del Sel (a Luque).