Desde el año 2000, unas 300 familias de pequeños productores fueron desalojadas de las zonas rurales de los departamentos 9 de Julio y Vera. Campesinos que trabajan la tierra como único método de subsistencia son expulsados con brutalidad ya sea por "sicarios" o fuerzas de seguridad. Lo denuncia una decena de organizaciones que se encuentran en "alerta y movilización" para impedir que se repitan situaciones de este tipo. Advierten en el Ejecutivo provincial la "falta de voluntad política en el urgente tratamiento legislativo" del proyecto de la diputada Susana García que apunta a frenar los desalojos por el términos de cinco años. Un "inescrupuloso" abogado radicado en ciudad de Santa Fe, llamado Juan Carlos Adrover, es sindicado como la persona que "se ha quedado con varios campos".

El jueves fue el último caso de desalojo violento en el norte de la provincia. La familia Barberis, que posee "un campito y vive de lo que produce, de sus animales", no logró impedir el "arrebato" en el tercer intento que sufre. A media mañana, un centenar de policías (unos 30 guardias rurales) se movilizaron "por orden del Ministerio de Seguridad" para concretar la "vergonzosa situación", como describió Cristian Acosta, integrante de la CTA y el Movimiento Evita de la localidad de Tostado. El desalojo tomó más gravedad por la aparición de unos "30 matones, sicarios, mercenarios a sueldo del abogado Adrover", que empezaron a arrear los animales de los campesinos con el objetivo de expulsarlos a la calle, lo que generó la sorpresa de los campesinos. "Tenemos pruebas", aseguró Acosta.

Las organizaciones defendieron el campo de la familia Barberis y lograron expulsar a los "sicarios", pero se mantienen organizadas para "seguir avanzando en la lucha más política", con el objetivo de "visibilizar las injusticias". Denuncian a Adrover, "una rapiña del norte", que actúa con soltura bajo la tutela de otros sectores. "Se encargó de poner plata para movilizar fuerzas de seguridad. Trajo al Juez de Paz (Fernando) Nicola, lo paso a buscar él. Toda esa convivencia de la justicia con los grupos económicos en nuestro norte es casi natural. Por eso nos estamos organizando, oponiendo resistencia. Y tenemos buenos resultados, porque los logramos correr a todos", señaló Acosta.

Se habla de miles y miles de hectáreas ganadas en la última década a base de desalojos violentos. "Las más grandes de nuestra provincia", afirmó Acosta. "Fines especulativos" nacionales y extranjeros tienen marcadas las tierras del norte santafesino. "Italianos, chinos, martilleros públicos, abogados, que se aprovechan de estas familias que no tienen oportunidad de saber leer y escribir, analfabetas en su mayoría", sostiene el integrante de la CTA y el Evita.

Este tipo de conflictos por la tenencia de tierras en la provincia "tiene que terminar", remarcan la Organización de Pequeños Productores de Gato Colorado, el Centro Juvenil El Fortín, filiales de Federación Agraria, Mujeres Federadas, AMSAFE, ATE y Norte Amplio por los Derechos Humanos. La ley de desalojos rurales, proyecto que impulsa García (CC ﷓ ARI), tiene media sanción de la Cámara de Diputados y espera ser tratada en el senado. "Esto es un escándalo que repudiamos enfáticamente y esperamos que el poder político responda ante tanta violación a los derechos humanos", señaló la legisladora tras el atropello que sufrió la familia Barberis. A todos los sectores los une un grito: "La tierra es de quien la trabaja".