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Martes, 18 de diciembre de 2012

SANTA FE › EXPROPIACIóN DE NARANPOL

Fábrica recuperada

Desde Santa Fe

El gobernador Antonio Bonfatti promulgó ayer la expropiación de la empresa que dejó en la calle a más de 250 trabajadores en la provincia ﷓y unos 400 en el país﷓, en junio de 2011, y adjudicó el "uso temporal y a título oneroso" de todos sus bienes a una cooperativa de trabajo, integrada por unos 100 obreros que resistieron el desgranamiento de sus compañeros y aguantaron una lucha un año y medio para salvar la fuente de trabajo. "Estuvimos un año y medio tirados en la calle, en situación de abandono total, sin cobrar un peso", recordó uno de los delegados gremiales y líder de la recuperación, Cristian Farieri. Ahora, con la ley en la mano, el juez que dictó la quiebra, Eduardo Sodero (Civil y Comercial 10ª, el 26 de octubre último, podrá entregar la planta a sus nuevos dueños, para que éstos reactiven la producción de jugos y aguas gaseosas.

La caída de Naranpol es una "crónica de la degradación productiva", se dijo en el debate parlamentario de la expropiación. La empresa llegó a emplear a 500 personas y fue la tercera en su tipo en la Argentina. Su dueño era el empresario Carlos Galán, ex presidente de la Unión Industrial de Santa Fe y compañero de fórmula del Rafael Bielsa, en las elecciones de 2007, que falleció en 2010. Sus hijos, cerraron la fábrica en junio del año pasado, después de más de 40 audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo de la provincia, una seguidilla huelgas y medidas de fuerza, la rebaja de los salarios a un tercio de lo que cobraban los trabajadores y un año sin pagar sueldos. Los obreros respondieron con lucha.

Tras el cierre, los trabajadores organizaron la cooperativa y pidieron la quiebra de la empresa. El trámite fue lento, al punto que en setiembre, uno de los obreros se encadenó frente a Tribunales y luego se subió a una de las torres del puente Colgante, donde amenazó con tirarse a la laguna Setúbal. Su familia, logró disuadirlo. Finalmente, el juez Sodero decretó la quiebra el 26 de octubre.

La decisión judicial aceleró la expropiación, al amparo de la ley de quiebras y la posibilidad de salvar la fuente de trabajo como una fábrica recuperada. El proyecto ya había sido presentado en junio por el diputado justicialista Avelino Lago. La Cámara de Diputados lo aprobó el 8 de noviembre, por 36 votos a favor y 7 en contra. El Senado le dio sanción definitiva el 28 de noviembre, en la penúltima sesión del período ordinario.

Ayer, Bonfatti promulgó la ley, así que ahora sólo falta su publicación en el Boletín Oficial para el juez Sodero la pueda aplicar. Comenzará entonces otra etapa: reabrir la fábrica y ponerla a producir. "La cooperativa está integrada por casi 100 trabajadores. Esperamos que aquellos compañeros que se fueron de Santa Fe en busca de otros horizontes, puedan volver y se integren a la cooperativa", dijo Farieri. "Los que pensaban distinto y creían que los empresarios iban a volver, también tiene un lugar en la cooperativa. Nosotros somos amplios y los estamos esperando", agregó.

Uno de los problemas a sortear es la constitución del capital de trabajo para reactivar la producción. "El Ministerio de Trabajo de la Nación tiene líneas de créditos para facilitar ese objetivo", apuntó Farieri.

La ley 13.317, promulgada por decreto 3.755, declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" el uso temporal y los inmuebles de la empresa, ubicados en avenida Blas Parera 9309, en la capital de la provincia y "las maquinarias, instalaciones y los bienes intangibles: marcas, patentes y habilitaciones necesarias para el desarrollo de actividades normales y habituales del establecimiento", dice la norma.

Los bienes expropiados "serán adjudicados en uso temporal y a título oneroso a la Cooperativa de Trabajo Naranpol Limitada -en formación-, con domicilio en la ciudad de Santa Fe, e inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), siempre que sean destinados a la consecución de sus fines cooperativos". La cooperativa estará eximida por "única vez, del pago de todo impuesto, tasas, sellado o timbrado, que tenga origen en la tramitación de habilitaciones".

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