Una marcha encabezada por unos cuarenta intendentes y presidentes comunales del Partido Justicialista se plantará esta mañana frente a la Casa Gris y pedirá al gobernador Antonio Bonfatti que los atienda para plantearle su descontento por la situación de la seguridad pública. Aunque no lo consigan, ellos igual le dejarán un petitorio que comienza con un exhorto nada gentil: "Es hora de que se ponga a gobernar nuestra provincia", reclaman. El planteo añadirá, además, asuntos ligados al reparto de recursos como la redistribución del fondo sojero y la ejecución del fondo de obras menores.

La movida se armó dentro del Foro de Intendentes Justicialistas y la coordinó la diputada provincial kirchnerista Erika Gonnet. El petitorio lleva la firma de los jefes municipales de Ceres, Puerto General San Martín, Gálvez, Tostado, Esperanza, San Genaro, Rafaela, Cañada de Gómez, Roldán, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria y Venado Tuerto, entre varios. Exigen al Ejecutivo provincial que "reconozca la grave situación de inseguridad y actúe en consecuencia, creando políticas públicas para dar fin a la angustia de los santafesinos". El texto habla de "crisis institucional" y pretende "profundas investigaciones por enriquecimiento ilícito, modernización y tecnificación de la fuerza".

A Bonfatti le exigirán "coraje y transparencia, y no ataques mezquinos al echarle la culpa a otros". Y le plantearán "que genere igualdad, que implemente políticas que apunten al desarrollo de os sectores vulnerables para contribuir a la lucha contra la inseguridad". Desde su lugar, los intendentes le prometerán acompañamiento con los consejos de seguridad comunales, los buzones de la vida, "permanente diálogo institucional y el concreto apoyo económico de nuestras austeras economías".

El intendente de Gálvez, Mario Fissore, justificó la movilización ante la falta de respuesta de parte del ministro de Seguridad, su coterráneo Raúl Lamberto, para que los reciba. "En el interior de la provincia la policía está escasa de recursos humanos y de movilidad. Gálvez tiene 22.000 habitantes y es centro de región, y hubo robos importantes, con familias retenidas por delincuentes, menores que participan de delitos, y lo peor es el ingreso de drogas", describió el titular de esta ciudad del departamento San Jerónimo. Desde el norte, Enrique Fedele traerá reclamos de sobra en nombre de Tostado. Obras de infraestructura, además de seguridad. "Acá vienen los policías cuando ya están por retirarse, pareciera que tienen orden de no meterse, su actitud parece la de la desidia, y el malestar por los delitos nos va a llevar puestos a todos, primero a los intendentes, que somos los que damos la cara todos los días", dijo. Fedele opinó que "no hay que culpar a la Nación porque la policía ve lo que pasa", pero también denunció que "hay un montón de pistas clandestinas donde las avionetas aterrizan para bajar droga: cada ruta, cada campo con 600 metros lisos es una pista". Y contó que esas pequeñas aeronaves se ven obligadas a bajar en esa zona cuando el viento les juega en contra, para no quedarse sin combustible antes de destino. "El viento las agarra, pero no la policía", resumió el intendente tostadense.

La diputada Gonnet dijo a la prensa que el objetivo de movilización, además de generar un hecho político más contra el gobierno del Frente Progresista, es "encontrar respuestas a la demanda acuciante de seguridad que se vive en toda la provincia". La legisladora de Granadero Baigorria, que milita en la senda del secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, transmitió que en las localidades santafesinas existe "una situación de inseguridad territorial marcada por el desánimo de este gobierno para implementar políticas tanto sociales como de seguridad, que ve pasivamente la preocupante connivencia entre el narcotráfico y las fuerzas policiales".

La marcha sumó ayer la adhesión de dos sindicatos: el de docentes privados, Sadop, y el de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Todos los bloques del mosaico peronista en la Legislatura darán el presente en la cita de las 10 frente a Casa de Gobierno, en Santa Fe. Uno de ellos, Héctor Acuña, como titular de la comisión de Seguridad de Diputados, golpeó: "Estamos ante el fracaso de una política de seguridad o ante la inexistencia de la misma. A este gobierno le votamos en tiempo y forma el presupuesto 2012, la emisión de Letras para financiamiento, la reforma tributaria con 1000 millones de pesos más de lo que le autorizaba el Senado y 400 millones más de lo que el Ejecutivo esperaba, además una moratoria por la que recaudaron otros 150 millones que no esperaban. Aprobamos la ley de emergencia en seguridad para cambiar la matriz de la policía y Bonfatti la vetó. Le dimos herramientas, pero les falta gobernabilidad sobre la fuerza policial", fustigó. Además, Acuña redobló el desafío de citar al ministro de Gobierno, Rubén Galassi, a contestar preguntas sobre seguridad en el recinto legislativo. "No quiere ir porque no tiene nada que decir, esa es la verdad", cerró el diputado peronista.