Desde Santa Fe

La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, dijo que el gobierno de Antonio Bonfatti aún no firmó ninguno de los tres protocolos que ofreció su cartera en el Consejo Federal de Seguridad para coordinar con las provincias la lucha contra la trata de personas, la contención de manifestaciones sociales y sumarlas al Sistema Federal de Identificación Biométrica (SIBIOS), que centraliza los registros patronímicos y biológicos individuales. "Recién la semana pasada, Santa Fe nos pidió estos protocolos que no habían firmado. Esperamos que los firmen", dijo Garré. Los otros que tampoco adhirieron son los gobiernos de Mauricio Macri, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el de José Manuel de la Sota, en Córdoba.

"La mayoría de las provincias los han firmado, pero Santa Fe, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, no. Es increíble", expresó la ministra por la Radio Pública. "Los protocolos son sobre varios temas y fueron ofrecidos en las reuniones del Consejo Federal de Seguridad. Se han hecho varios en estos dos años desde que estoy a cargo del Ministerio de Seguridad, que se creó además hace dos años", recordó.

Uno de los más importantes es el "vinculado a normas de procedimientos unificadas de todas las policías provinciales para casos de trata de personas, es decir para la detección precoz de situaciones que es necesario intervenir, uniformar la intervención y la forma en que se desarrolla el procedimiento para que no quede afectado por nulidades y que luego la justicia rechace esos operativos por alguna imperfección", explicó Garré. "Los problemas más graves de trata de personas se dan en las fronteras, por eso es muy significativo que los firmen las provincias. Este es un delito terrible, una forma de esclavitud inaceptable en el siglo XXI. Es algo que hay que combatir. Y como son delitos complejos hay que combatirlos todos de común acuerdo, con procedimientos articulados, comunes, porque si no es muy difícil derrotar a estas organizaciones", agregó.

El otro protocolo es el que regula "el comportamiento de las Policías provinciales ante manifestaciones públicas, que trata de establecer normas para poner límites, indica una cantidad de procedimientos y plantea agotar las instancias de negociación, es decir de no se utilice la fuerza sino en situaciones extremas. Realmente, es un protocolo que fue consultado con distintos sectores". "Es muy importante cambiarles las doctrinas a las policías para que el uso de la fuerza sea el mínimo posible. En este tema de la regulación del uso de la fuerza hay que hacer un gran esfuerzo, incluso en la capacitación de los efectivos porque hay estructuras muy obsoletas que hay que cambiar".

"La seguridad es un tema que las provincias se han preservado a través de sus propias policías. Esto está en la Constitución nacional y en las constituciones provinciales. Pero las policías provinciales no han sufrido, lamentablemente, un proceso de transformación que era imprescindible hacer, han tenido mucha autonomía del poder político. El poder político no se ha fijado como objetivo la conducción de esas fuerzas, fenómeno que ocurrió también a nivel nacional, pero está más marcado en las provincias. Entonces, estos protocolos que establecemos en el Consejo de Seguridad, donde están todas las provincias, es a los efectos aggionar los procedimientos de todas esas policías, primero para que sean uniformes ante determinados temas en el país y segundo, para ir produciendo este proceso de modificación de valores, costumbres, doctrina y práctica de las policías provinciales, donde sigue habiendo mucho autoritarismo y no se respetan los derechos humanos. Todo eso trata de corregirse a través de protocolos que se discuten y se acuerdan y se firman".

El tercer protocolo que Santa Fe no firmó es "la adhesión al Sistema Federal de Identificación Biométrica, para que nuestras huellas digitales vayan a un archivo", precisó Garré. "Si las provincias toman huellas digitales en diversos trámites y no se vuelcan en un registro común, perdemos información, dejamos la base de datos incompleta. Nuestro objetivo es que a fin de años tengamos las huellas dactilares de los 40 millones de habitantes en la base de datos. Más, la de extranjeros que hacen algún trámite en el país. Esto permitirá cruzamiento e identificación de huellas que pueden estar en una escena del crimen, tiene una enorme importancia que todas las provincias colaboren con el enriquecimiento de esta base".

"Tenemos un compromiso con la seguridad, creemos que es un derecho, queremos garantizarlo, pero se necesita de la participación de la gente y de la cooperación de todos los Estados provinciales", concluyó la ministra.