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La Municipalidad de Granadero Baigorria presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia provincial un pedido de medida cautelar autónoma para conseguir la suspensión del decreto del gobernador Antonio Bonfatti que impone este año la celebración de elecciones para intendente y con ello, el fin de las sucesivas licencias otorgadas a Alejandro Ramos por su función actual como secretario de Transporte de la Nación.

La contraofensiva de la gestión kirchnerista apunta a derribar el decreto nº 601, del 5 de abril, por el cual el Ejecutivo provincial dispuso que en Baigorria se normalice la situación institucional con elecciones primarias el 11 de agosto, y generales el 27 de octubre, para elegir intendente definitivo y terminar con el interinato de la concejala Romina Luciani.

La presentación promovida por Ramos señala que el decreto "sólo se conoció por los medios de comunicación, ya que no fue publicado aún en el Boletín Oficial". Interpreta que esa medida "invade la esfera de las atribuciones del Concejo y vulnera los derechos que las constituciones nacional y provincial le reconocen a los municipios".

En un comunicado difundido ayer desde el municipio baigorrense, se calificó la ofensiva de Bonfatti como una acción "promovida con fines políticos y discriminatorios". Le sugieren a la Corte que en este caso "se antepuso la persecución política a lo institucional, de lo contrario deberían poder explicar porqué demoraron un año en querer intervenir".

En simultáneo con la apelación al máximo tribunal judicial santafesino, la mayoría oficialista del concejo baigorrense ratificó una vez más la licencia concedida a Ramos "mientras duren las razones que motivaron el otorgamiento de la misma" y rechazó el decreto del gobernador por considerarlo "un grave avasallamiento de la autonomía municipal".

"Otorgamos una licencia en función de nuestra autonomía y facultades, y más allá del recambio de nombres, primero con Mario Rosales y ahora con Romina Luciani, nunca estuvo en juego la institucionalidad", defendió el presidente del Concejo, Adrián Playa. El edil recordó que junto a sus pares fueron "votados por nuestro pueblo para hacerlo".

Playa señaló que el rechazo a lo resuelto por el gobernador con el decreto también requiere al Ejecutivo municipal "que ordene al servicio jurídico interponer las acciones administrativas y judiciales que se consideren procedentes".

Bonfatti firmó el decreto de la polémica a partir de un dictamen de Fiscalía de Estado que consideró la irregularidad de la situación política en Baigorria. Ramos, en uso de licencia desde marzo del año pasado, lo interpretó como un acto de "venganza política" y reclamó al socialista que proceda igual con situaciones similares de presidentes comunales de La Rubia y La Criolla, del Frente Progresista.