La intendenta Mónica Fein vetó ayer el resarcimiento para vecinos de Fisherton y de otros barrios damnificados por la inundación de diciembre pasado, al considerar que la forma en la que la oposición lo aprobó en el Concejo fue ilegal. Para el Ejecutivo, el trámite estuvo "viciado de irregularidades" y fue el pírrico resultado de "la búsqueda de efectos mediáticos" por los trece concejales que sesionaron solos aquel 17 de abril y votaron dos ordenanzas, tres decretos y dos resoluciones. La Dirección de Asuntos Jurídicos municipal determinó que aquello violó el reglamento del órgano deliberante. Los ediles opositores criticaron duro a Fein por la decisión de usar el poder de veto.

El dictamen jurídico que sustenta la decisión de Fein señala que dos funcionarios clave del Concejo -el secretario parlamentario, Marcelo Marchinatti, y la secretaria administrativa, Sonia Colacelli- se retiraron del recinto aquella vez para no convalidar el tratamiento de expedientes sin despacho de comisión. La ausencia de sus firmas en lo votado le quita validez.

El análisis desestima la forma en la que se convocó aquella sesión: porque no hubo llamado previo a una extraordinaria, sino que se lo hizo el mismo día de la sesión y a pedido de "una serie de concejales". "Queda claro que se ha errado el procedimiento, estando viciada la sesión desde su inicio", indicó Fein en su argumento.

La falta de despacho previo de comisión también invalidó los temas tratados en aquella polémica sesión a la que el oficialismo y sus aliados le quitaron presencia. Podían discutir y pronunciarse, pero no emitir una "sanción legislativa", interpretó Asuntos Jurídicos. Para hacerlo, deberían haber fijado antes el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ordenanzas y decretos, lo que requería de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros del Concejo. Y no fue así, sino que estuvieron la mitad más dos, 13 sobre 22.

Fein señaló que si dejara pasar por alto lo ocurrido, se bastardearían las reglas del gobierno local. "Podría llegarse a la situación de que esa mayoría de la mitad más uno mediatice la función de las comisiones por vía de constituir siempre al Concejo en comisión y emitir directamente todo tipo de actos legislativos, lo que carece de razonabilidad", fustigó.

El veto aplicado ayer anula el subsidio único y la eximición por seis meses de la TGI y del DREI a vecinos inundados en diciembre pasado, en su mayoría de Fisherton, y otros como Nuevo Alberdi, Empalme Graneros y Stella Maris, entre varios, más la creación de un fondo de emergencia para esas situaciones.

Una de las impulsoras de la movida resarcitoria, María Eugenia Schmuck, repudió la decisión de la intendenta. La calificó de "caprichosa e irresponsable" y ratificó "la validez de las decisiones que tomó el Concejo". La radical, que también padeció el estrago del anegamiento, tildó de "vergonzosa la forma en la que han tratado el tema y a los vecinos, 55 días después. Todo es una excusa para justificar su indiferencia", cargó.

El peronista Diego Giuliano señaló que la de Asuntos Jurídicos "es sólo una opinión que no compete al Concejo ni lo obliga en ningún sentido, ni siquiera es vinculante para la propia intendenta". Y ratificó que aquella sesión "se inició con la presencia de los secretarios, contaba con el quórum legal y los proyectos fueron votados por unanimidad de los concejales presentes, Fein no quiere reparar los daños de la inundación y pretende provocar una crisis institucional".

María Fernanda Gigliani, del Partido del Progreso Social, reprochó la apelación de Fein al diálogo. "Ahora se olvidó que el sistema democrático también se basa en el respeto de las mayorías", criticó. Y avisó: "Imagino que la intendenta estará redactando un proyecto para ser aprobado por el Concejo donde se establezcan los mismos beneficios que otorgaban las normas que ella misma vetó".