Desde Santa Fe

La justicia federal abrió una causa para investigar las proclamas golpistas y antidemocráticas que cerraron la asamblea de la Mesa de Enlace en la Sociedad Rural de Santa Fe, el 9 de abril, en la que uno de los oradores dijo que "hay muchos métodos psicológicos y de acción directa para destituir y hacer desaparecer a toda esta gente del gobierno" de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y después anunció que las patotas de productores rurales que en 2008 cortaron rutas durante cien días y provocaron el desabastecimiento de las ciudades, ahora "están dispuestas a sacar a esta porquería que está gobernando, que se vaya a patadas". Ninguno de los líderes de la Mesa de Enlace retrucó las amenazas, al contrario, convalidaron con el silencio los llamados destituyentes.

Rosario/12 fue el primero en publicar los discursos violentos. Un catálogo de la intolerancia que provocó una ola de conmoción y repudios en todo el país. Recién después de la resonancia mediática, algunos de los líderes de la Mesa de Enlace intentaron despegarse de "cualquier tipo de declaración fascista y antidemocrática", aunque en el plenario mantuvieran un silencio cómplice.

La investigación se inició el 15 de abril por una denuncia presentada ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, en Capital Federal, que llegó a Santa Fe el 30 de abril. El juez federal N° 1, Reinaldo Rodriguez, delegó la instrucción de la causa en el fiscal N° 2, Walter Rodriguez, quien ya dispuso una serie de "medidas preliminares", según confirmaron fuentes confiables.

El jueves está citado a declarar el periodista de la ciudad de Rafaela, Miguel González, quien cubrió la asamblea en la Sociedad Rural de Santa Fe y grabó los audios que luego publicaron este diario y otros medios de la Argentina. González entregará al fiscal esas grabaciones. No era el único reportero en el acto, pero sí el único que publicó en su página de Facebook: "Ninguno de los integrantes de la Mesa de Enlace, que durante la presentación se refirieron a la calidad de las instituciones y el peligro de avasallamiento de la justicia, intervino para frenar la lengua de estos sujetos", escribió el colega.

Después de evaluar las pruebas, el fiscal Rodríguez tendrá que decidir si está en condiciones imputar cargos y pedir indagatorias. "Hay que hablar de delitos contra el orden público", comentó la fuente al aludir al capítulo del Código Penal que sanciona la intimidación y la apología.

Los discursos más exaltados en la asamblea fueron los del líder de los productores autoconvocados de Malabrigo, Raúl Zorzón, y su colega de Avellaneda, Daniel Stechina. Zorzón fue el jefe de la patota que le tendió una emboscada al presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, en Reconquista, en mayo de 2009, cuando lo atacaron a huevazos y le rompieron el auto en el que viajaba. Y Stechina el que dijo "hay muchos métodos psicológicos y de acción directa para destituir y hacer desaparecer a toda esta gente del gobierno". También habló un militar retirado, Enrique Oscar Dietrich, quien se identificó como teniente coronel del arma de Caballería: dijo que había que pensar en "el día después", definir "el rumbo", le dejó a la Mesa de Enlace un plan para que "lo analicen" y se ofreció a discutirlo en privado.

"¡Vamos a frenar a este gobierno, señores! ¡Ese es el problema que tenemos en el país!", dijo Zorzón. "Hagamos un frente común para frenar esto porque éstos son peor que Chávez. Por lo menos, Chávez está muerto, pero esta gente está viva". "Ese es el problema del país". Y después, Stecchina, planteó: "En nuestra zona, los productores están dispuestos a que este gobierno, o esta porquería que está gobernando, se vaya a patadas. ¿Nos vamos a ir nosotros del país? No. Se van a tener que ir ellos. Ahora, la modalidad, si es por las buenas o por las malas, no sé. Eso van tener que programarlo las entidades. Pero esto se tiene que terminar", agitó.